Transportistas hacen leña del árbol caído: se lanzan contra Gisela

Algunos líderes transportistas, junto con gestores y concesionarios de taxis y camiones del servicio público de Colima, hicieron señalamientos en contra de la extitular de la Secretaría de Movilidad (Semov) Gisela Méndez, al considerar que fue incompetente en el cargo y que realizó acciones para perjudicarlos.

A una semana de su salida de la dependencia estatal, concesionarios encabezados por Hugo Chávez Ríos y Zenén Campos acusaron en rueda de prensa que la ahora exfuncionaria cometió lo que valoran como irregularidades, y presentaron documentos para intentar convencer sobre sus argumentos.

Entre las acciones que este grupo de inconformes señaló durante la gestión de Méndez al frente de la Semov están las relacionadas con la falta de acción ante el supuesto robo de cuatro juegos de placas, la falta de denuncia por el ataque físico que la exfuncionaria acusó haber sufrido por parte de un taxista, presuntos beneficios para las aplicaciones móviles de taxis, la entrada de nuevas unidades de transporte colectivo, entre otras.

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A continuación te presentamos algunos de estos señalamientos:

 ‘Robo’ de placas 

“Su incompetencia como funcionaria la llevó a hacer caso omiso del robo de placas del cual fuimos víctimas. Maricruz Fuentes Montes, Teresa Fuentes Montes, Guillermina Santana, y Susana Santana. Seguimos circulando con permisos emergentes que Gisela negó y tuvieron que recurrir al gobernador”, dijo Susana Salazar, concesionaria del municipio de Comala.

La inconforme agregó que “días antes del robo, Gisela Méndez se reunió con las personas supuestamente responsables del robo de placas”. Con una foto poco clara tomada a la distancia, Salazar señaló que la exfuncionaria se “confabuló” con quienes identificó como los autores del presunto ilícito.

 Maltrato 

La misma Susana Salazar denunció que desde la llegada de Gisela Méndez hubo tratos distintos en contra de ella y otros concesionarios de la Cooperativa de Comala.

“Hemos visto nuestro patrimonio en riesgo debido a la forma de trabajo de la extitular, vimos omisiones a la ley, vimos trámites detenidos, como el alta y baja de unidades. Aún para mejorarlas, nos detenía el trámite”, puntualizó.

“Todos los trámites que nosotros íbamos a realizar a la Semov era con un trato déspota de la secretaria, con una tramitología nula, ya que nos negaron el pago del revalidación de concesiones. Tuve que llevar un notario que diera fe pública de que se me estaba negando el derecho del pago”, aseveró.

Como sustento, la inconforme presentó un acta notarial con la que buscó sustentar la acusación sobre dicha irregularidad.

 Casos de corrupción 

“Yo le pregunto, ¿dónde están los corruptos, esos que ella mencionó?, ¿dónde están los procedimientos legales iniciados, las demandas, la documentación que prueba lo dicho, dónde está la gente en la cárcel por haber delinquido? Todo fue una fábula. Es muy fácil hablar, mentir, cuando se tiene la posibilidad de hacerlo. Ella no pudo comprobar absolutamente nada de lo que manifestó cuando llegó a tomar posesión como secretaria de Movilidad”, cuestionó Carla Guadalupe Salazar, gestora ante la Semov.

Durante su gestión, Méndez realizó un proceso administrativo para revocar 44 concesiones de taxi entregadas de manera irregular al final del sexenio anterior, algunas de las cuales se entregaron a empresas de familiares de funcionarios de esa administración, así como a Héctor Rubén Cisneros Larios, quien fue director de Gestión en la extinta Dirección General de Transportes del estado.

 ¿Fue agredida? 

“Es extraño y (un) insulto a la inteligencia de los colimenses que haya manifestado que fue atacada por un taxista que nunca vio su cara ni el taxi que manejaba, dado que nunca recibió sin previa cita a ningún ciudadano, nunca atendió a nadie al ser abordada, nunca se bajó del auto hasta que su escolta le abriera la puerta, nunca hubo posibilidad de que fuese atacada. ¿Dónde están los videos donde ella está siendo atacada?”, dijo la concesionaria Susana Salazar.

“Creo yo que a lo mejor inventó esta parte de que fue atacada por una persona, que un taxista había intentado ahorcarla. Si ella tenía el acceso directo a todos los expedientes, a todas las fotografías de los compañeros que manejan una unidad de taxi, no pudo ella darlo a conocer y denunciarlo. Le exigimos que presente la denuncia en contra de la persona que la atacó.”, indicó Hugo Chávez Ríos.

 Nuevas unidades, ¿negocio? 

Teresa Fuentes, otra de las concesionarias de la Cooperativa de Comala, quien también afirmó ser víctima del supuesto robo de placas en el que estarían involucrados funcionarios de la Semov, percibe que en la renovación de camiones del servicio público había interés de Méndez para beneficiarse.

“Ella quería hacer negocio con unidades que ella iba a mandar a hacer, cuando no tiene ninguna garantía de seguridad. Nosotros siempre hemos comprado unidades Dina, International y Mercedes Benz. Las unidades que iba a traer eran patito, no estamos en el DF”, acotó.

Iván Rojas, otro de los transportistas presentes, aseguró que las disposiciones que la Semov estableció para la renovación de unidades favorecían la adquisición de unidades a una empresa en particular. Añadió que los vehículos costaban más de 3 millones de pesos, lo que juzgó excesivo para dar el servicio en Colima.

“Hay ‘n’ cantidad de marcas que tienen ciertas características de vehículos, pero curiosamente se quejó, por ejemplo, la gente de Toyota, que nos decía ‘con esos 5 centímetros, yo ya estoy fuera”. Todo va tendenciado (sic) a comprar con quien ella quería y como ella quería (…) La empresa que quería que le compraran fue Volkswagen”, acusó.

Juan Salazar, de la empresa Sistema Integral de Transporte de Colima (Sintra), dijo haber conducido una de las unidades de prueba que Méndez impulsó para renovar el parque del servicio, y consideró que no eran adecuadas por su consumo de combustible, además de insistir en que la extitular presionaba para trabajar con ciertas empresas.

“Se nos presentó un documento que quería que firmáramos donde pedía que contratáramos a una empresa que ella iba a escoger, y que esa empresa se iba a encargar de administrar nuestro patrimonio. De no firmar el documento, se negaba el derecho al aumento de la tarifa”, planteó.

“Después se nos comenta que de los dos pesos de aumento, 60 centavos los teníamos que entregar a un fideicomiso que nunca se explicó cómo iba a funcionar, mucho menos a dónde iba a ir a parar el dinero”, añadió.

 Chofer Pro 

Zenén Campos planteó que con Gisela Méndez entró en funciones el servicio de Chofer Pro, que consideró una competencia desleal, al resaltar que los conductores que prestan este servicio no reciben concesiones, ni pagan refrendos o tienen placas especiales, además de insinuar —sin pruebas— que algunos servidores públicos tienen participación en la empresa.

“No la renunció él (gobernador), renunció ella por su erróneo proceder administrativo, por sus violaciones a la ley, porque entre las corrupciones que trajo fue entrar con una empresa de Chofer Pro donde no dudamos que haya incluso diputados o diputadas, o exdiputados o exdiputadas, que están metidas en esa empresa, y que eso es corrupción, porque esa empresa no paga concesiones, no paga revalidados”, aseveró.