La violencia contra funcionarios en Colima, ¿cárteles o grupos políticos?
Cuando se habla de asesinatos de figuras de poder, la ‘tentación’ es vincularlos con la delincuencia organizada, ante la ola de violencia que los cárteles han desatado en Colima y el país en general, pero… ¿existen elementos para dar por hecho una relación entre este tipo de crímenes y el narcotráfico?
El director de Etellekt —una consultora dedicada al análisis de riesgos y manejo de crisis—, Rubén Salazar, planteó que los atentados contra funcionarios o aspirantes a algún cargo de representación popular no necesariamente tienen un nexo directo con los grupos del crimen organizado, y agregó que desde su perspectiva una de las líneas de investigación que no deben perderse de vista es la probable responsabilidad de la misma clase política.
El experto sustentó su hipótesis en el cruce de datos entre la alta tasa de violencia homicida que presenta la entidad y el registro de políticos asesinados de manera intencional en territorio colimense. Refirió que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, tres políticos fueron asesinados en Colima, cifra que coloca al estado por abajo de la media nacional en homicidios dolosos en contra de representantes populares, de acuerdo con el Informe de Violencia Política en México 2018, elaborado por la consultora.
“Habla de una correlación, no necesariamente cuando tienes una alta tasa de violencia homicida, tus políticos están siendo atacados, aunque el móvil tiene que ser determinado por las fiscalías estatales, eso demuestra lo que estamos diciendo: la violencia homicida no explica la violencia política”, dijo vía telefónica a EstaciónPacífico.com.
“Uno de los temas que suelen perderse de vista es que aún siendo asesinados por comandos armados, esos comandos armados se dedican a prestar servicios de sicariato pero no sólo al narcotráfico, también a grupos políticos”, añadió.
En febrero de 2018, el regidor tecomense de extracción panista Martín Cázarez fue abatido a tiros en las inmediaciones del rancho de su familia; en agosto, el regidor electo de la coalición Morena-PT-PES en Armería, Rosalío González, fue asesinado mientras se encontraba en una tienda de abarrotes de su propiedad. El tercer caso incluido en el estudio es el homicidio de Arnoldo Curiel, exalcalde michoacano que fue ejecutado en octubre de 2018 en un domicilio en la colonia Lomas de Circunvalación, en la capital colimense.
En noviembre de ese año fue asesinada la directora de Seguridad Pública de Armería, Mayra Gálvez, cuando salía de un restaurante en la cabecera municipal. El análisis no contempla este caso entre su estadística, pues está acotado a los ataques contra servidores públicos que fueron electos a través del voto.
Salazar consideró que los gobiernos municipales, estatales y el federal suelen atribuir los atentados contra actores políticos a los grupos de la delincuencia organizada porque de este modo se vuelve sencillo dar por concluido un tema, sin realizar las investigaciones pertinentes y dejando ese tipo de casos en la impunidad.
“El narcotráfico es el culpable más rentable porque se sabe que la gente lo va a creer, pero esto oculta las verdaderas razones de esta ola de violencia política. Si no entiendes el problema, vas a emprender políticas públicas fuera de lugar, si consideras que es delincuencia organizada vas a buscar atenderlo a través de Seguridad Pública cuando es un problema de cultura política, de civilidad, de entendimiento entre partidos, entre opositores”, destacó.
Una vista general de los atentados contra políticos
Ruben Salazar precisó que en 2018 se registraron 159 homicidios dolosos de políticos a nivel nacional, 57 casos más que en el año anterior. Los estados que concentraron una mayor incidencia fueron Guerrero, con 26 atentados; Oaxaca, con 24, y Puebla, con 15.
El partido que presentó una mayor cantidad de víctimas fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 52 asesinatos, y le sigue Morena, con 29.
Para el experto, la incidencia de asesinatos de políticos es un problema que parte de lo local, al señalar que el 82% de los homicidios de este perfil registrados a nivel nacional fueron contra alcaldes, exalcaldes, regidores, síndicos y dirigentes de los comités directivos municipales de algún partido.
“Morena fue el partido que más alcaldías ganó, estamos viendo un reemplazo de viejos cacicazgos, intentos de deshacerse de políticos que estén fuera de estos cacicazgos. La cultura política no ha logrado evolucionar, hay una gran deuda por parte de los gobiernos, los partidos políticos y las autoridades electorales”, abundó.
“Entre ellos se acusan y dicen que no es su asunto, que es un tema de seguridad, pero vemos que no, es un tema de gobernabilidad, de cultura política, donde poco se invierte, los programas de cultura política siguen quedándose entre las élites y tienen que distribuirse entre las comunidades”, afirmó.
