El Gobierno de México invertirá en la construcción de 1 millón de viviendas sociales en México. ¿Cómo? A través del Infonavit que ahora tendrá funciones de construcción (así como Sedatu tuvo atribuciones de construcción de equipamientos y espacios públicos).
La iniciativa privada dice que es un retroceso, pero… ¿qué hizo la iniciativa privada cuando tuvo la oportunidad de hacer 6 millones de viviendas en México con dinero público?
La que denominamos Ciudades en 3D: Distantes, Dispersas y Desconectadas. Viviendas sin acceso a servicios, distantes de equipamientos básicos, sin transporte, desvinculadas de oportunidades de trabajo, ciudades dormitorio. El costo de vivir en esas viviendas 3D llevaron a que el 25% de ellas fueran abandonadas y hoy sea barrios inseguros.
En Colima, durante ese periodo de abundancia para las empresas que desarrollan vivienda lograron que Villa de Álvarez creciera 5 veces más que su población. Para el estado se abrieron reservas urbanas con la capacidad de albergar a una población de más de 4 millones de personas. Hoy, entre el 15 y el 20% de las viviendas construidas están abandonadas, barrios desconectados e inseguros, y una crisis de acceso a vivienda con precios 3 veces mayores.
En Colima, el 20% de la población no tiene posibilidades económicas de acceder a NINGÚN esquema de crédito público para adquirir una vivienda. Las viviendas se hacen cada vez más chicas (40 metros cuadrados) y cuestan 3 veces más (hasta 800 mil pesos) para los sectores populares. Aumentaron los asentamientos irregulares y los fraudes en las ventas de predios con “servicios”.
¿Cómo se ha resuelto este problema en otros países? Construyendo vivienda pública, es decir, haciendo vivienda desde el estado. Tal y cómo se propone hoy con el INFONAVIT.
¿Que el estado se encargue del 20% de la población que no puede acceder al mercado de vivienda actual será perjudicial para la iniciativa privada? No. Ya que esta aún tiene la posibilidad de brindar opciones de vivienda para el 80% de la población que si puede acceder a un crédito por otras financieras que no sean públicas.
¿Porqué la iniciativa privada estará en contra? Por que no podrán hacer uso del recurso público para obtener utilidades excesivas de la construcción de vivienda social. El derecho a la vivienda básica para las personas que más lo necesitan será responsabilidad del estado y esto tendrá un impacto en los costos totales de la vivienda general.
¿Qué necesita Colima para poder ser beneficiario del programa de vivienda social del Gobierno de México? Muy sencillo. Debe tener las herramientas de planeación y reglamentarias para poder adquirir suelo (reservas territoriales) o asociarse con privados para el desarrollo de proyectos sociales en predios privados (reservas urbanas).
Algo es claro: Las reglas para participar en este sector privilegiarán el derecho humano a la vivienda, iniciando con las personas que más lo necesitan: jóvenes, mujeres titulares únicas de familia, personas que puedan pagar mensualidades de menos de $5,000 pesos (50% de la población), etc.
Y tú ¿serías una personas beneficiada con una vivienda en este programa?
Gisela Méndez es fundadora de Ensamble Urbano y consultora en movilidad y desarrollo urbano con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado en México. Fue Secretaria de Movilidad de Colima, colaboró con WRI México y el Banco Mundial en formación internacional sobre movilidad urbana, y coordinó la Ley de Movilidad Sustentable de Colima. Autora de “Anatomía de la Movilidad en México” y docente, es arquitecta con maestría en Evaluación de Políticas Públicas.