La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió el procedimiento para designar a quien ocupará su lugar al frente del organismo, en la antesala de las elecciones de 2027.
La responsabilidad de elegir a la nueva presidenta recae en la Cámara de Diputados, y mientras se desarrolla el proceso el Consejo General del INE deberá nombrar una presidencia provisional entre las consejerías que permanecen en funciones, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades del Instituto.
El procedimiento comenzará formalmente una vez que se concrete la separación de Guadalupe Taddei. La Cámara de Diputados deberá aprobar un acuerdo para iniciar la sustitución y establecer las condiciones de la selección, tal como lo establece el Artículo 41 de la Constitución.
Después de ello se emitirá una convocatoria pública para que las personas interesadas que cumplan los requisitos puedan registrarse, y se integrará un Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar los perfiles y valorar la idoneidad de quienes aspiren al cargo.
Tras la revisión de las candidaturas se seleccionará a las personas que pasarán a la etapa final, donde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados buscará construir acuerdos para presentar una propuesta ante el pleno.
Cabe mencionar que la designación definitiva requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de diputadas y los diputados presentes. Si no se alcanzara esa mayoría, la legislación contempla un mecanismo de insaculación, es decir, un sorteo conforme al procedimiento constitucional para resolver la designación.
Aunque ya las autoridades legislativas han estimado que el procedimiento podría durar entre cuatro y cinco semanas, el plazo dependerá del desarrollo de las distintas etapas.
La persona designada no iniciará un periodo nuevo de nueve años, sino que concluirá el encargo que correspondía a Taddei, previsto hasta abril de 2032. Mientras tanto el INE deberá continuar sus responsabilidades y los preparativos de la próxima elección, garantizando que el cambio no interrumpa la organización electoral.