OPINIÓN: La ruta de la ‘mala educación’

El maestro también enseña con su ejemplo. En Colima, los maestros dejaron de negociar con el secretario de Educación estatal —Óscar Javier Hernández Rosas—, lo “ningunearon”, hicieron un plantón, aumentaron la presión y, al final, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez terminó por “aceptarle la renuncia”. Los transportistas de Colima quieren seguir el ejemplo de los maestros y lograr que el mandatario estatal “entregue la cabeza” de Gisela Méndez, titular de la Secretaría de Movilidad (Semov).

El viernes 23 se llevó a cabo el “Foro del Transporte Público Multimodal del Estado de Colima”. Ahí, este grupo de concesionarios discutió sobre la situación del transporte, de financiamiento, de tecnología, de capacitación para choferes, de la Ley de Movilidad, de mejora regulatoria y de metropolización… ¿Quiénes participaron? Participó Hugo Chávez Ríos, quien preside el llamado Frente Colimense del Transporte y de los taxistas de la CNOP priista; estuvo Aureliano Hernández, del Sistema Único de Transporte de Manzanillo y concesionarios como Rubén Cisneros Larios, por mencionar a algunos.

Hubo también actores políticos: candidatos al Senado, hubo líderes de sectores del PRI, hubo aspirantes a alcaldías, hubo legisladores locales, hubo gente de diversos partidos políticos. Pero bueno, más allá de los interesantes planteamientos hubo una conclusión de los ponentes, que quieren no convencer, sino obligar, presionar, chantajear o el verbo que gusten, al gobernador para que despida a la titular de la Semov.

Como muestra el siguiente video, el concesionario Rubén Cisneros Larios cuando tomó el micrófono fue muy claro que lo que quieren es un cambio de cabeza en la referida dependencia y que están dispuestos a aprovechar el proceso electoral para conseguirlo.

¿Con qué nos quedamos de este mensaje? Con que quieren que el mandatario estatal despida a Gisela Méndez (“Vamos contra Gisela”); con que creen saber cuál es la ruta para presionar u obligar al gobernador, el plantón, el golpeteo (“Va a dar resultado, les aseguro que va a dar resultado, los maestros fueron 15 días y les funcionó”); con que esta amenaza incluye no participar políticamente en el proceso electoral en curso (“No participemos, porque nos ocupan”).

Y también que están convencidos de que es a ellos, a los concesionarios, perdón, corrijo, que a un grupo no mayoritario de concesionarios les debería tocar tener el control, la rectoría del transporte público en la entidad. Dijo Rubén Cisneros con todas sus letras: “Que la principal petición de los transportistas en el estado es que la señora no sea quien dirija los destinos del transporte, que seamos nosotros”.

Esto amerita algunas reflexiones de forma y algunas de fondo:

Cuestiones de forma: ¿Todos los que ahí acudieron están de acuerdo con este chantaje de no participar políticamente para que corran a la secretaria?; ¿el líder de la CNOP en la entidad, Enrique Rojas, está de acuerdo con que los taxistas de la CNOP avalen este chantaje?; ¿cómo participan los transportistas en la elección?; ¿a poco no les pagan por mover a gente o por anunciar a los partidos?; ¿sólo trabajan con un partido?; ¿no trabajaron con Jorge Luis Preciado en la pasada elección por la gubernatura?; ¿no incluso han reclamado que hasta no cubrió todos los compromi$o$ de campaña?… Son preguntas.

Y de fondo un par de cuestiones: ¿Se va a dejar presionar el gobernador? Porque el mandatario en más de una ocasión ha aceptado que las decisiones las toma cuando él las quiera tomar, no cuando un grupo lo quiera obligar a que las tome… Pero al final, estos actores creen ya saber el caminito, que así cayó el exsecretario de Educación y que así caerá Gisela Méndez.

Y merece una reflexión de muchísimo fondo ese planteamiento que hacen los transportistas de que sean “ellos” los que dirijan los destinos del transporte en la entidad. ¿Deben los concesionarios tener la rectoría del transporte público? ¿O tiene que ser una autoridad la que regule a los concesionarios? Lo primero sería equivalente a poner al director de Odebrecht, de ExxonMobil, de Sempra o de la empresa de energía que quieran, al frente de la Comisión Reguladora de Energía o de la Secretaría de Energía de nuestro país. Un verdadero sinsentido, que refleja una cosa: que ese sinsentido era la manera en que hasta hace muy poco se administraba el transporte público en Colima.

Me quedan también algunas preguntas: ¿Quién integra este grupo que quiere tumbar a la secretaria?; ¿quién es Rubén Cisneros Larios? Yo recuerdo dos cosas sobre él: uno, que fue durante todo el sexenio pasado, y hasta los primeros días de este, director de lo que se llamaba Dirección de Gestión, en la Dirección General de Transporte (hoy Semov). Y también, que de acuerdo a una investigación de este equipo de noticias, es accionista y posee el 10% de los títulos de la empresa “Servicios Especializados de Transporte en General, S.A. de C.V.”, a la que en junio de 2017 el Gobierno del Estado le revocó cuatro concesiones de taxi, porque fueron entregadas de manera irregular, por no decir que de manera corrupta, al final del sexenio de Mario Anguiano Moreno. Sí, de esas 44 concesiones revocadas en las que también estaban el hermano del entonces procurador Marcos Santana Montes y también el hermano del entonces coordinador y vocero de seguridad pública Félix Humberto Vuelvas Aguilar.

Este equipo de noticias también dio a conocer que “Servicios Especializados de Transporte en General, S.A. de C.V.” tiene al menos otras 23 concesiones de taxi, además de las cuatro revocadas. Y eso que la Ley habla de que una persona moral sólo puede o podía tener 10 concesiones. De esas 23 que todavía tienen, 19 son de la CNOP, dos de la CTM, una de la CNC y otra independiente.

Bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión recaía la emisión de licencias de conducir, las placas, las altas y bajas y toda la regulación del servicio de transporte público.

Habrá que estar atentos para atestiguar si aumentan la presión para tumbar a la secretaria, para saber si el gobernador cederá en este movimiento, pero más aún, si comparte esta visión de que son los transportistas los que deben tener la rectoría del transporte, aunque sean los transportistas que la propia autoridad ha señalado por cometer una serie de irregularidades para favorecerse a sí mismos.

Quien debe tener la rectoría del transporte es la autoridad, y que quien siendo autoridad ha efectuado actos de autoridad para favorecerse personalmente, para favorecer su bolsillo, no debería tener capacidad para seguir siendo un interlocutor válido, ni mucho menos para ejercer presiones o abiertos chantajes; es más, lo que debería recibir de la autoridad son inhabilitaciones para ejercer el servicio público, no sólo desde un puesto público, sino incluso también desde la operación de una concesión pública.

El riesgo es que la “mala educación” de los maestros con el caso Hernández Rosas haya sido bien aprendida por los transportistas.