La corrupción en Colima en 4 datos (y 3 complicaciones para combatirla)
Pese a tener niveles inferiores a los de otras entidades, Colima no está exento de actos de corrupción, según mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para conocer la prevalencia de actos relacionados con este comportamiento entre la población.
Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, este 9 de diciembre, te presentamos cuatro datos referentes a este problema social en el estado, y algunas situaciones a mejorar para la óptima operación del Sistema Anticorrupción del Estado, según integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
1. Porcentaje de personas víctima de corrupción
El 10.6% de los colimenses mayores de edad que tuvieron contacto con servidores públicos fue víctima de la corrupción, según las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2017, la edición más reciente.
Este porcentaje posiciona a la entidad en el número 29 del ranking, empatado con Veracruz, y por debajo del promedio nacional, de 13.6%. La Ciudad de México lidera esta lista, con un porcentaje de 20.1%, mientras que Guanajuato está al fondo, con 9%.
2. Porcentaje de unidades económicas víctimas de corrupción
Colima tuvo el menor porcentaje de unidades económicas que fueron víctimas de corrupción, el 1.6%, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018.
La Ciudad de México también aparece en el primer lugar, con 11.2%, mientras que el promedio nacional es del 4.5%.
3. Menos denuncias por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos
Colima, junto con otros cuatro estados, tiene la menor tasa de quejas y denuncias por el incumplimiento por cada 100 servidores públicos estatales, con del 0.1, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2018.
Las otras entidades con la misma tasa fueron Nuevo León, Tabasco, Zacatecas y Yucatán. La entidad con el más alto índice es la Ciudad de México, con 9.5 quejas por cada 100 funcionarios de la administración pública estatal, mientras que el promedio nacional es de 2.6.
4. Los delitos más denunciados
A nivel nacional, el uso ilícito de atribuciones y facultades fue la práctica relacionada con la corrupción más denunciada en 2017, con el 40.7% del total.
El peculado y el cohecho completan el top 3 de delitos denunciados, con el 19.6% y el 8.6%, respectivamente.
En el año referido, 408 funcionarios estatales en todo el país fueron denunciados por actos de corrupción, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018.
¿Qué le falta al SAE ?
Los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) rindieron protesta en febrero, pero la percepción de la ciudadanía en general es que no parecen estar realizando sus funciones, según comentó Carlos Maldonado, quien forma parte de este organismo.
“Me queda claro que es difícil entender por qué el sistema anticorrupción no tiene dientes, por qué no va a echar a alguien a la cárcel, por qué no va a hacer cosas que ellos esperaban. Porque en cambio sí va a hacer que no haya corrupción en el largo plazo. En el corto no vamos a ver grandes resultados, porque es un sistema que genera estructuras nuevas”, opinó este viernes en entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en RadioLevy.
Entre los problemas que detecta quien será el presidente del CPC en su segundo año, están el tema presupuestal, el rechazo por parte de algunos funcionarios y el entendimiento entre los integrantes.
Maldonado dijo que en los últimos días han trabajado para conseguir los recursos necesarios para poder contar con el personal administrativo que requieren, pues hasta el momento han contratado a la secretaria técnica, quien es apoyada por una persona para el tema financiero, además de que los propios integrantes del CPC no han recibido de forma completa su remuneración en este año.
Sobre el tema político, comentó que las dificultades que han tenido con algunos funcionarios se puede deber a que no conocen de qué se trata este sistema, aunque no descarta que sea porque puedan lastimar sus intereses personales.
“Hemos tenido problemas porque hay cerrazón con los actores de gobierno, e incluso no sólo escepticismo, sino intención de frenar el proceso, porque muchas veces no lo entienden. Por otro lado, también, probablemente, estemos lastimando intereses, y eso es lógico”, dijo.
Por otra parte, comentó que por las diferentes áreas a las que pertenecen los cinco integrantes del CPC han tenido dificultades para una adecuada comunicación, pero poco a poco han mejorado en ese aspecto.
“Ha sido difícil establecer un lenguaje común (…) Eso nos causaba problemas. Afortunadamente, ha prevalecido la inteligencia, la buena voluntad, el interés y hemos construido un lenguaje común donde estamos pretendiendo establecer la forma de llevar adelante eso”, dijo.
El CPC está integrado por Rodrigo Marmolejo, actual presidente, Carlos Maldonado, Isela Uribe, Juan Carlos Alcántar y Carlos Garibay, y es el organismo representante de la sociedad civil dentro del Sistema. Son los responsables de “coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias”, según la Ley del SEA.
El presidente del CPC es también el presidente del Comité Coordinador del SAE, el cual está conformado por la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización (Osafig), Indira García; el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Francisco Álvarez de la Paz; la contralora general del Estado, Águeda Solano; el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Bernardo Salazar; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TAE), Andrés García Noriega; y la comisionada presidenta delInstituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol), Rocío Campos.
