Estudio alerta sobre presiones del crimen organizado en las contiendas electorales
Un estudio realizado por Integralia –un centro de análisis político– alerta sobre posibles presiones del crimen organizado en las contiendas electorales que se desarrollan en México, pues refleja que en lo que va del proceso electoral 2020-2021 se han presentado diferentes hechos delictivos que han derivado en asesinatos de personas relacionadas con la política.
El gerente de Riesgo Político de Integralia, Carlos Rubio, señaló que en el proceso electoral en curso, dicho centro de análisis tiene registro de 108 víctimas de violencia política, de las cuales 75 han perdido la vida por atentados. Apuntó que esa situación se genera más en las entidades del centro y sur del país, particularmente en las comunidades de municipios que tienen menos de 100 mil habitantes y no cuentan con gran presencia de seguridad federal.
“Integralia publicó hace unos días un reporte, la actualización semanal de nuestro reporte de violencia política en México. Y lo que tenemos es que entre septiembre de 2020, cuando empezó formalmente el proceso electoral y febrero de 2021, hemos registrado 90 incidentes de violencia política que han dejado 108 víctimas, de las cuales 75 fueron mortales. De entrada, eso nos habla de una alta tasa de mortalidad, es decir, quienes llevaron a cabo estos ataques, atentados a políticos, funcionarios, candidatos, activistas, tenían por objeto premeditado acabar con su vida”, dijo vía telefónica a Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en Súper 98. FM.
“Y en segundo lugar, otra cosa que hemos identificado en nuestro conteo es que la mayoría de estos eventos se han concentrado en los estados del centro y sur sureste de la República, con focos de violencia particularmente en los estados de Veracruz, Guerrero, Guanajuato y Oaxaca, y también hemos identificado que la mayoría de estos eventos ocurren en comunidades pequeñas, municipios de menos de 100 mil habitantes que se encuentran relativamente lejos de los centros urbanos y que tienen poca presencia de las fuerzas federales”, abundó.
Rubio indicó que una parte de los atentados son realizados por integrantes del crimen organizado que buscan controlar las administraciones municipales, pues son ese nivel de gobierno el que está más vulnerable a los ataques. Resaltó que para lo que resta del proceso electoral se espera que los actos de violencia política sigan incrementando hasta superar la cifra del 2018.
“Hemos identificado que una buena parte de esos ataques, no todos, claramente, pero una buena parte, son llevados a cabo por grupos criminales que están buscando hacerse con el control de los gobiernos municipales, sobre todo, que son los que están más expuestos, que son más vulnerables a este tipo de incidentes, y creemos que a lo largo de lo que resta del proceso electoral 2021 seguirá aumentando en números de estos incidentes, que es muy probable que incluso se supere la cifra registrada en 2018 que ya de por sí era una cifra récord”, refirió
—¿Esto ocurre en comunidades donde el crimen organizado se encuentra en control?, se le cuestionó.
“Sí, exactamente. De hecho creemos que hay varias razones por las cuales un grupo criminal querría hacerse con el control de un gobierno municipal. En primer lugar porque les permite acceder a información privilegiada de las estrategias y seguridad que se están implementando en la región, incluso en su contra. En segundo lugar, en los grupos económicos que operan en este territorio y a partir de eso generar o formular esquemas de extorsión”, respondió.
“En tercer lugar porque les permite acceder a la protección y al resguardo de las policías municipales, en ese sentido, ampliar su margen de maniobras para seguir ejerciendo dominio sobre los mercados ilícitos que operen en esos territorios, ya sea extorsión, huachicoleo, robo a transportistas, tráfico de drogas. Y en último lugar, porque les permite acceder a los recursos mismos del municipio, ya sea a través de una malversación de fondos o de por ejemplo la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura”, explicó.
El especialista detalló que la forma de operar del crimen organizado era influir en la política para que se les permitiera controlar los mercados ilícitos en los estados y municipios, sin embargo, remarcó que esa situación se ha modificado porque existen algunas organizaciones que buscan ejercer más control y así acceder a los recursos públicos de las administraciones gubernamentales.
“Exactamente, lo que hemos identificado hace algunos años, el interés único del crimen organizado era que se les dejara operar, que siguieran controlando los mercados ilícitos y que las autoridades públicas de estos municipios o estos estados no interfirieran. En los últimos años, sin embargo, eso ha cambiado, hay algunas organizaciones más violentas que tienen un perfil distinto, por ejemplo, el Cartel Jalisco Nueva Generación han empezado a buscar ejercer un mayor control sobre sus territorios a partir de estos esquemas que les permitan también acceder a los presupuestos públicos”, dijo.
¿En qué afecta la violencia política del crimen organizado?
Carlos Rubio calificó la presión del crimen organizado en los procesos electorales como un riesgo para la estabilidad del sistema democrático en México, ya que la intervención de esos grupos vulnera la capacidad para que la población pueda elegir a los representantes populares.
“Creemos que es un problema grave, es un riesgo sobre todo para la estabilidad del sistema democrático porque creemos que este tipo de incidentes impiden o vulneran la capacidad de la ciudadanía de escoger a los candidatos que quieren, que podrían resultar los mejores para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas, entonces es un riesgo para la democracia mexicana”, comentó.
—¿Algún caso en específico?
“Estamos destacando en nuestro reporte varios casos, está por ejemplo el muy sonado caso del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que como saben fue baleado en un restaurante bar en Puerto Vallarta, justamente por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación; estamos destacando también el caso de una madre e hija en un municipio de Veracruz, las dos fueron asesinadas igual en un restaurante, y en este caso, la madre era expresidenta municipal de ese municipio y su hija estaba contendiendo para obtener la candidatura de Morena a la alcaldía del municipio, es un caso destacado también”, mencionó.
El gerente de Riesgo Político de Integralia señaló que en Colima se tiene reporte de un caso registrado por violencia política, el cual corresponde a la activista Regina Zoé, quien fue agredida en Tecomán el pasado septiembre de 2020.
“Tenemos un caso registrado en septiembre de 2020, en el municipio de Tecomán, de una activista de nombre Regina Zoé y que tuvo un incidente atacada a machetazos en el municipio”, precisó.
