Embargan a Mario Anguiano para cobrarle la multa impuesta por desvío millonario en su gobierno
Para iniciar el cobro de la multa por 515 millones de pesos que el congreso impuso por corrupción y desvío de recursos al exgobernador Mario Anguiano Moreno, el gobierno de Indira Vizcaíno embargó al exmandatario el único inmueble que estaba a su nombre, del cúmulo de bienes que posee y que según investigaciones periodísticas, adquirió mientras estuvo en el cargo y posterior a ello.
La multa es por ser responsable del desvío de un crédito de 638 millones de pesos obtenido por su administración; la simulación de compras de inmuebles y la violación sistemática de la ley en el uso de recursos públicos. Un caso en el que el gobierno de Ignacio Peralta no hizo nada para exigir el cumplimiento de la penalización.
La sanción económica y la inhabilitación de Anguiano Moreno para ocupar cargos públicos por 14 años quedaron firmes desde el año 2020, cuando al ser notificado encabezó una marcha a la Fiscalía para entregarse, argumentando que no contaba ni contaría con recursos para saldar la deuda; sin embargo, ahí le dijeron que tenía que pasar a pagar a la Secretaría de Finanzas.
En una entrevista con EstaciónPacífico.com el exmandatario dijo estar de acuerdo con que se hiciera público su patrimonio: “en la Contraloría del Estado está la declaración patrimonial, ahí están todos los bienes”. Pero al preguntarle por qué no abonaba a la deuda con lo que tenía de patrimonio, pidió que las autoridades “siguieran el procedimiento” para el cobro.
La propiedad embargada es un predio de 39 hectáreas en la comunidad de Tinajas, con el que se logra cobrar un valor de la multa o crédito fiscal que asciende a 3 millones 393 mil pesos, y que representa el 60% del avalúo ordenado por la autoridad.
Es importante decir que en el contexto de los hechos, son conocidas varias denuncias contra el exgobernador, quien en el periodo de su mandato fue señalado por actos de corrupción. Además de multas e inhabilitaciones de parte del Congreso, Osafig reportó desvíos por más de 2 mil119 millones de pesos y lo denunció por peculado, uso indebido de funciones y falsedad.
En 2019 la FGR emitió una orden de aprehensión en su contra, pero con un amparo evitó ser detenido. También se le atribuyen gastos excesivos en nómina ficticia, adquisición de software sobrevalorado, compra de terrenos inexistentes y deuda estatal sin beneficios reales.
