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Política

Los diputados del PRI en Colima buscan cerrar el paso a Chofer Pro y taxis pirata

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Colima presentó una iniciativa para castigar hasta con un año de cárcel a quienes presenten el servicio de taxi sin la concesión correspondiente, como son los casos de ChoferPro y CityDrive.

La diputada Graciela Larios explicó que la propuesta que presentó la semana pasada a nombre de su bancada pretende adicionar el artículo 393 Bis a la Ley de Movilidad, para tipificar como un delito la prestación del servicio sin autorización de las autoridades. Esto implica fincarles sanción de tres meses a un año de cárcel y multa económica de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —32 mil 240 pesos.

“Lo que tratemos de hacer es proteger al usuario. El usuario que se sube a un vehículo de estos, no cuenta con el seguro de viajeros (…) Si hubiera un accidente, ¿quién se va a hacer responsable?”, cuestionó Larios —también dirigente local de la CTM, central a la cual está afiliado un grupo de taxistas— en entrevista con EstaciónPacífico.com.

Actualmente, las sanciones se restringen a retirar el vehículo a los choferes que presten el servicio sin concesión, lo cual de acuerdo con Larios no garantiza el combate a esta actividad.

“En este caso, ¿qué es lo que hace la autoridad? Recoge nada más los vehículos. Al rato los sacan y siguen haciendo lo mismo. En esta reforma que estamos presentando es que se tipifique como un delito el que presten un servicio público de personas o de carga sin la autorización de la Secretaría competente para que se les prive de la libertad y se les aplique una sanción económica”, resaltó.

El artículo 393 de la Ley de Movilidad Sustentable para el estado de Colima establece medidas de aseguramiento cautelar de vehículos, placas, tarjetas de circulación y documentos de los servicios de transporte público y privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas. La propuesta es adicionar el artículo para endurecer las sanciones.

La empresa Chofer Pro ya solicitó la autorización de la Secretaría de Movilidad (Semov) para prestar el servicio de transporte individual. Larios comentó que esta iniciativa no es una reacción en específico en su contra, sino para todos los que no cumplen con lo establecido en la Ley. Agregó que los taxistas están dispuestos a competir con otros servicios.

—¿Esta iniciativa solamente es una reacción ante la operación de Chofer Pro, o la preocupación es por todos?

“Es por todos para que se regularice esta situación, y quien no cumpla con los requerimientos ya que se salga”.

—¿Los taxistas establecidos están dispuestos a coexistir con una empresa como Chofer Pro?

“Sí, ya lo asimilaron desde cuando se hizo lo de la ley, se platicó con todos ellos y quedaron convencidos que este porcentaje que habíamos acordado, ese 4%, era suficiente para dar ese servicio, pero tal como quedó en la ley: empresa constituida, con tarjeta de prepago, con cobro por medio de aplicación y los cargos de alta gama”.

La legisladora priista —vinculada con los taxistas afiliados a la CTM— calculó que hay aproximadamente 500 unidades que prestan el servicio de manera irregular en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, lo cual ha disminuido los ingresos de los choferes de taxi, sin especificar montos o porcentajes.

La bancada del PRI en el Congreso de Colima está conformada por ocho legisladores y a lo largo de esta legislatura ha hecho mayoría de la mano de los tres diputados independientes y los dos del Partido Verde, uno Nueva Alianza y otro PT. A partir del 1 de octubre, cuando comienza la 59 legislatura local, el tricolor contará con solo tres curules, y deberá buscar nuevos aliados.

En marzo de 2017, el Grupo Parlamentario del PAN presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del ‘candado’ de 4% en la Ley de Movilidad, con el fin de que se deje libre el número de unidades que puedan prestar el servicio.

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