¿Cómo están las capacidades estatales de Colima en justicia y seguridad pública?
Colima registró en 2017 dos de los más altos índices en un par de indicadores de procuración de justicia relacionados con su capacidad de investigación, según el censo presentado este viernes por el Inegi, mientras que en otro, relativo a la seguridad pública, lo evalúa por debajo de la media nacional.
El estado tiene la séptima mayor tasa de agentes o fiscales del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, con 12, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); esto es, poco menos de la mitad de los 26 que tiene Chihuahua, el líder nacional en este rubro.
La tasa nacional es de siete agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, mientras que el estado más rezagado es Puebla, con tres.
Este mismo estudio señaló que al cierre de 2017 se contabilizaron en Colima 278.7 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas por cada agente del Ministerio Público, la novena tasa más alta del país en este rubro de carga de trabajo.
El líder nacional es la Ciudad de México, con 668.6 expedientes, mientras que al fondo del ranking elaborado por el Inegi está Nayarit, con 24.2. La tasa nacional es de 208.9.
Este mismo viernes, el Inegi también presentó el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, en el que informó que al cierre de 2017 en Colima había 104 personas destinadas a funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, la décimoséptima tasa más alta del país, por debajo del promedio nacional de 137.
La Ciudad de México registró la tasa más alta, con 976 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que Baja California contabilizó una tasa de 20, la más baja de las 32 entidades.
Este mismo estudio lo ubicó en la segunda posición en el ranking de camas útiles por cada 100 personas privadas de la libertad, con una tasa de 194; sólo Yucatán lo supera, con una tasa de 218.3. Nayarit fue la entidad con el índice más bajo, con 47.9, mientras que el promedio nacional es de 113.9.
Este 22 de octubre se cumplieron dos meses desde que el Congreso local expidió la declaratoria para brindar a la Fiscalía General del Estado (FGE) la autonomía constitucional para operar y cumplir con las funciones que previamente tenía la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Esta ha sido también una de las instituciones que más cambios de titular ha tenido durante el actual gobierno estatal, encabezado por Ignacio Peralta, que inició en febrero de 2016. Previo a la designación de Gabriel Verduzco como el primer fiscal general en la entidad, al frente de la Procuraduría estuvieron dos procuradores y tres encargados de despecho, entre ellos el propio Verduzco.
En esta misma administración estatal, cuatro personas han ocupado el cargo de secretario de Seguridad Pública, además de un encargado de despacho. Desde el 3 de julio, Enrique Sanmiguel está al frente de esta dependencia.
Colima está inmerso desde febrero de 2016 en una crisis de inseguridad. Desde ese año acumula la mayor tasa de homicidios dolosos del país. Además, en este año suma más robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes que ningún otro estado del país, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
