LOADING

Type to search

Seguridad

¿Cómo impactará en lo local y regional el #PlanDePazySeguridad de López Obrador?

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado este miércoles por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y sus colaboradores también transformará la manera en que el problema de la violencia es abordado a nivel estatal y regional.

La estrategia de ocho puntos que aplicará el futuro gobierno a partir del 1 de diciembre contiene implicaciones en la coordinación con las autoridades estatales, en la manera en que las fuerzas federales de seguridad actúan en las distintas regiones, otorga mayores poderes a las comisiones públicas de derechos humanos e incluye estrategias localizadas de prevención en las zonas más violentas —como es Colima, de acuerdo con las cifras oficiales.

López Obrador enfatizó que el proyecto, que requiere reformas, estará enfocado en recuperar la paz y en la protección ciudadana, mientras que quienes han sido designado como funcionarios y legisladores en activo detallaron cómo se creará la Guardia Nacional a partir de los actuales elementos militares y de la Policía Federal, así como la formas en que se establecerá la colaboración con los gobiernos, las fiscalías y otros organismos estatales.

“Tenemos que atender lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y ordenar lo relacionado con la protección a los ciudadanos, el que podamos disminuir los delitos, que podamos de manera organizada, de manera unida, con perseverancia, en forma profesional, bajar la incidencia delictiva. No es posible que tengamos 80 homicidios diarios en el país”, dijo el presidente electo durante el evento.

 Guardia Nacional 

Alfonso Durazo, designado como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que la nueva figura de la Guardia Nacional buscará que las fuerzas armadas continúen participando en estas acciones de construcción de paz, con un papel protagónico en la estructura.

“Dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, resultaría desastroso relevar a las fuerzas armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública, pues constituyen las instituciones más confiables para mantenerla, a pesar de que no fueron concebidas para ello (…) Estas circunstancias llevan a proponer que, sin abandonar sus funciones constitucionales, nuestras fuerzas armadas participen en la construcción de la paz, principalmente por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración, capacitación y operación de la Guardia Nacional”, abundó.

Durazo explicó que el plan es implementar este proyecto por etapas en un plazo de tres años. En tanto esto ocurre, se dividirá el país en diferentes regiones de manera gradual: 150 en 2019, 200 en 2020 y 266 en 2021.

En cuanto a los elementos, López Obrador indicó que en cada una de estas regiones se desplegará a alrededor de 500 efectivos, por lo que serán necesario tener en la etapa final entre 120 mil y 150 mil integrantes en la corporación.

El general Luis Sandoval, próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), explicó que el proceso está planificado para iniciar el 1 de diciembre, en tanto se realizan las adecuaciones legales correspondientes.

“Su conformación se llevará a cabo en tres etapas. En la primera, se integrarán las unidades de Policía Militar, Policía Naval, así como elementos de la Policía Federal. Durante la segunda etapa, se incorporarán miembros activos de las fuerzas armadas que deseen pertenecer a esta fuerza. En una tercera etapa se convocará a la juventud en general para incorporarse hasta alcanzar 50 mil efectivos. La ejecución de esta última etapa se llevará a cabo por medio de la estructura militar de las fuerzas armadas”, detalló Sandoval.

El diputado federal Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, ofreció el apoyo de los legisladores de los tres partidos de la coalición “Juntos haremos historia” para aprobar las modificaciones legales necesarias bajo la cual pueda operar la nueva Guardia Nacional.

“Es necesario emprender la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de readecuar el término ‘Guardia Nacional’ a los requerimientos actuales y, en una modificación posterior, los requerimientos secundarios a nivel reglamentario y de la normatividad interna, con el objeto de alinear la operación de la corporación mencionada al marco constitucional que por este decreto se reformará”, planteó.

 Coordinación 

El próximo secretario de Seguridad también señaló que dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad se proyectan reuniones federal diarias y reuniones estatales —de las que no mencionó periodicidad— para coordinar a todas las dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.

“El presidente de la República coordinará directamente la estrategia y esfuerzos de seguridad a partir de este gabinete que sesionará diariamente en Palacio Nacional y en el cual participarán los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana”, dijo Durazo.

“En las reuniones estatales promoveremos la asistencia de la y los gobernadores, de un representante de la Fiscalía General de la República, del secretario de Seguridad Pública y del fiscal estatal, así como un representante de la comisión estatal de derechos humanos correspondiente. El mando general recaerá en la autoridad civil de más alta jerarquía, el mando operativo estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano y de la Armada, en el caso de las zonas costeras”, agregó.

Durazo también anunció que la Secretaría a su cargo tendrá como tareas coordinar al gabinete de seguridad, planificar las políticas públicas de seguridad y paz, elaborar la normatividad respectiva y verificar su cumplimiento, además de vincular y articular a las autoridades federales con las estatales y municipales, principalmente.

En tanto que la Sedena asumirá el mando operativo de la Guardia Nacional, del reclutamiento, adiestramiento y organización de sus efectivos, su equipamiento, despliegue y operatividad con base en los requerimientos señalados por las coordinaciones de seguridad y apegado a los lineamientos de acción elaborados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 Prevención 

Durazo adelantó que otra faceta de la estrategia serán acciones de prevención focalizadas en las características donde el problema es mayor, como actualmente sucede en Colima, donde el futuro funcionario ya había adelantado que aplicarían los refuerzos.

“Se impulsará y consolidará una amplia política de prevención y participación ciudadana para mejorar la seguridad. Se partirá de estrategias localizadas, comenzando con los territorios más violentos”, expuso.

El futuro titular de Seguridad y Protección consideró que la prohibición de las drogas ya no es sostenible, y que el combate frontal al narcotráfico vigente desde hace más de 10 años se convirtió en un problema de violencia.

“La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya insostenible desde cualquier punto de vista. La guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que representan sin duda las substancias prohibidas, hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública (…) La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las substancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control clínico a quienes ya las padecen”, abundó.

 Derechos Humanos 

Durazo mencionó que en el Plan se proponen modificaciones para tipificar como delito que no se cumplan las recomendaciones que realicen las comisiones de derechos humanos en los estados y la nacional.

“Impulsaremos las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos con sanción definida los incumplimientos de recomendaciones de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, así como para garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales”, señaló el secretario designado.

 Los 8 puntos 

El Plan del próximo gobierno se basa en ocho puntos generales, que se vinculan con otras políticas anunciadas por el presidente electo y su equipo, como es el dejar atrás el enfoque prohibicionista hacia algunas drogas, los programas sociales y el combate a la corrupción.

  1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia
  2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar
  3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos
  4. Regeneración ética de la sociedad
  5. Reformular el combate a las drogas
  6. Emprender la construcción de la paz
  7. Recuperación y dignificación de las cárceles
  8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *