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#ElFaro: Martín Flores sube la apuesta / Lo que no ha hecho la Semov

 MARTÍN FLORES SUBE LA APUESTA  El líder de la burocracia estatal, Martín Flores, tuvo el viernes pasado su informe-reelección-pachanga sindical. Ahí mostró su músculo político, al ser capaz de reunir a dos priistas que quizás nadie más podía haber reunido: Fernando Moreno Peña y Mario Anguiano.

En su informe, Flores “agradeció” en varias ocasiones el apoyo del gobernador Ignacio Peralta a los trabajadores sindicalizados, pero en el momento clímax de su discurso, le reclamó fuerte diversos adeudos y adelantó que no permitirá el cambio de modalidad como están incorporados al IMSS, cuestión donde el gobierno pretende pasarlos de la 10 a la 38. No dijo cómo frenará esta intención, pero él y los suyos aseguraron que “sí se puede”.

Como representante del gobernador, el secretario de Administración, Kristian Meiners, asistió y «aguantó vara» de manera estoica. En su discurso, aclaró que usará todas las herramientas legales a su alcance para que todos los que no han aportado al Instituto de Pensiones lo hagan, pues la falta de esas aportaciones imposibilitan que éste cumpla con todas sus funciones. Reconoció la disposición al diálogo del líder sindical y le dijo que buscarán una modalidad que dé “certeza jurídica” y que sea “justa” para la incorporación al IMSS.

El problema es que lo que da certeza jurídica y que es justo para el gobierno es la modalidad 38, y eso es lo que Flores asegura que no permitirá. El asunto va a echar chispas.

 LO QUE NO HA HECHO LA SEMOV  La reunión de trabajo con diputados del titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) estatal, Rafael Martínez Brun, dejó preocupados a algunos cuadros de la propia administración estatal y del partido en el gobierno porque, por un lado quedó en evidencia que no hay condiciones políticas para que pueda transitar un aumento a la tarifa del transporte público colectivo, como pretenden los concesionarios, pero por otra parte también generó preocupaciones que el coordinador del PRI en el Congreso, Rogelio Rueda, fuera uno de los manifestara cuestionamientos más severos.

Pero lo que de verdad debería generar preocupación a la administración estatal no es quién los cuestiona, sino aquellas cuestiones a las que están obligados por la ley, y que quedaron en evidencia que no han hecho.

Entre ellas, destacan tres puntos. Primero: que no se ha creado el fideicomiso al que deben ir diversas fracciones cobradas a cada usuario y que la autoridad no tiene ningún, no digamos ya control, sino al menos información sobre el recaudo de los concesionarios; ligado con lo anterior, tampoco se tiene guardado lo que debió generarse desde 2017 por el excedente entre la tarifa al público y la tarifa técnica. Segundo: no se han realizado los estudios técnicos que la ley obliga a realizar año con año, que es un insumo para tomar decisiones sobre la tarifa. Y tercero: que los avances han sido muy menores en cuanto a los compromisos firmados por los concesionarios en 2017 cuando se les aumentó la tarifa, sobre todo en los compromisos que podían hacerle reducir costos: no se ha logrado tener los encierros que reducirían los recorridos en «vacío»; no se ha alcanzado  el 30% de la renovación de las unidades, ni mucho menos se ha adquirido tecnología moderna que permita ahorros en combustible.

¿Alguien en su sano juicio propondrá aumento en tarifa cuando los concesionarios no han dado muestras de querer hacer ningún esfuerzo para incrementar sus ganancias y cuando la autoridad no ha hecho lo necesario para que se cumpla la ley vigente?

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