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Seguridad

Colima, con ‘alto’ riesgo de violencia del crimen organizado contra niños: CNDH

Colima fue evaluado como un estado con riesgo “alto” en violencia contra menores de edad, ya que se ubicó en sexto lugar a nivel nacional, de acuerdo con el Índice Estatal de Riesgo de violencia asociada con el crimen organizado con impacto en niñas, niños y adolescentes, presentado este miércoles por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La entidad obtuvo un puntaje de 0.858, con lo cual se ubicó en una mejor posición que cinco estados catalogados con riesgo “muy alto” en esta problemática: Guerrero, con índice de 1.127; Baja California, con 1.032; Guanajuato, con 0.969, y Chihuahua, con 0.936. Los estados con un índice de riesgo “muy bajo” son: Campeche (-0.288), Chiapas (-0.063 ), Tlaxcala (0.013), Yucatán (0.131 ), y Coahuila (0.141).

El estudio, realizado por el organismo defensor, toma en cuenta siete indicadores: paz, desigualdad de ingresos, rezago social, personas menores de edad víctimas del crimen organizado, población adolescente en el Sistema de Justicia Penal, percepción de seguridad de personas menores de edad y factores de riesgo en personas menores de edad.

El análisis mostró que Colima fue la entidad con la mayor tasa de niñas, niños y adolescentes extraviados o desaparecidos, con 55 menores en esta situación por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con los últimos datos disponibles, de 2010 a 2018.

En cuanto a los homicidios dolosos, Colima es el cuarto estado con nivel más alto de menores asesinados durante 2018, con una tasa de 6.3 por cada 100 mil habitantes.

 Recomendaciones de la CNDH 

El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, señaló que la violencia que afecta a los menores de edad es ocasionada por problemas que no son atendidos por el Estado, y dio a conocer propuestas para prevenir dicha situación.

“Las violencias que afectan la vida de una persona menor de edad a raíz del incremento de la actividad criminal no son sólo hechos aislados sino resultado de problemas estructurales que no son debidamente atendidos por el Estado”, dijo este miércoles en la presentación del estudio.

Recomendaciones
  • Primera: Impulsar el debate sobre modelos de crianza y el impacto de elementos estructurales como tiempo de trabajo de familiares y el abandono a personas menores de edad.
  • Segunda: Impulsar acciones preventivas focalizadas, más que reactivas para contener el fenómeno a futuro.
  • Tercera: Elaborar diagnósticos para la detección y atención de necesidades específicas de víctimas directas e indirectas por las violencias generadas por el crimen organizado y por el abandono institucional y familiar, y se subraya la necesidad de un enfoque integral que aborde el tema en su complejidad.
  • Cuarta: Colocar como prioridad en la agenda pública, el tema de desplazamiento forzado y comprender las nuevas estrategias de control territorial que van de lo legal a lo ilegal con organizaciones delictivas que controlan los intercambios de bienes y servicios.
  • Quinta: Analizar en su complejidad la articulación del crimen organizado, y comprender que en sus actividades pueden estar involucrados una diversidad de actores privados, comunitarios, sociales, e incluso servidores públicos.
  • Sexta: Implementar políticas públicas destinadas a la reducción de la pobreza y las brechas de desigualdad, pues son fundamentales para erradicar la violencia generalizada a través de la creación de oportunidades de desarrollo para niñas, niños adolescentes y sus familias.
  • Séptima: Generar oportunidades de estudio y de inserción en el mercado laboral con salarios competitivos para jóvenes.
  • Octava: Canalizar mayor presupuesto para la atención de menores, y desarrollar una estrategia de mediano y largo aliento transexenal con personas expertas ante el reto de la violencia.
  • Novena: Reforzar ejemplos positivos relacionados con las artes, la ciencia y el deporte a nivel local y nacional.
  • Décima: Impulsar una reforma y depuración profunda de las instituciones de procuración y administración de justicia de fondo, la cual permita acabar con la impunidad y corrupción.
  • Décima primera: Consolidar sistemas de monitoreo, indicadores y evaluación de políticas enfocadas a niños y niñas.
  • Décima segunda: Realizar diagnósticos diferenciados cualitativos y cuantitativos en trayectorias de vida y grupos edad para focalizar la atención.
  • Décima tercera: Articular puentes y agilizar medios entre instancias de gobierno para compartir información.
  • Décima cuarta: Fortalecer el sistema educativo en su conjunto. Combatir la deserción escolar y mapear las carencias escolares.
  • Décima quinta: Impulsar que las universidades e instituciones educativas renueven sus planes de estudio.
  • Décima sexta: Actualizar modelos de atención que rebasen la perspectiva asistencialista y que se enfoquen a la restitución de los derechos de la infancia.
  • Décima séptima: Analizar la atención que reciben los menores de 18 años en los Centros de Asistencia Social.
  • Décima octava: Impulsar que los Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNAS) a nivel municipal terminen de instalarse.
  • Décima novena: Plantear a nivel local estrategias que involucren la participación de las familias para restituir el tejido social.
  • Vigésima: Articular estrategias que atiendan a familias en situación de vulnerabilidad. 

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