Viri Ríos y Oxfam explican 18 años de corrupción en donde menos debería de haber
Los datos de auditoría de los últimos tres sexenios muestran que las irregularidades (que son indicios de corrupción) son más frecuentes donde menos tendría que haber: en los programas sociales.
La investigadora Viridiana Ríos y la organización Oxfam México recientemente presentaron el estudio ‘La (otra) mafia del poder. Corrupción y desigualdad en México’, en el que se sumergieron en un mar de datos e información generada por los informes de fiscalización de los recursos públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre el año 2000 y 2018, buscando responder una pregunta sencilla: ¿dónde están sucediendo mayores irregularidades en el uso del gasto público?
“La respuesta fue bien triste”, asegura Ríos en entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en Súper 98.9.
La analista explica que la respuesta les sorprendió, pues encontraron más irregularidades en las políticas públicas diseñadas para reducir las desigualdades y para atender a la población que vive en condición de pobreza y marginación.
A continuación te presentamos los fragmentos más relevantes de esta conversación con la doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard.
– Cuéntanos ¿cómo surgió la idea del proyecto?
“La idea de este proyecto surgió porque tenemos una cantidad enorme de datos, esto no lo saben muchos pero México tiene una cantidad enorme de datos en materia de auditoría, auditorías que se hacen a nivel federal, local y en todas las instituciones de fideicomisos. Tenemos cerca de mil resultados de auditorías que van del año 2000 al 2018, estamos esperando los de 2019, entonces el proyecto surge al decir que tenemos esta enorme cantidad de datos que nos dicen dónde está habiendo irregularidades en el gasto público, probadas y encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es una institución independiente, ¿y qué nos dicen estos datos? ¿por qué no nos echamos un clavado y los verificamos? Tal cual eso hicimos, fue un trabajo de análisis de datos que requirió mucho código”.
“La primera pregunta de investigación es decir en dónde están sucediendo mayores irregularidades en el uso del gasto público, dónde está la Auditoría Superior de la Federación diciéndonos que auditó a una institución y esa institución no pudo comprobar el uso del recurso que le fue asignado, y la respuesta fue bien triste, nos sorprendió muchísimo, porque nos dimos cuenta que la corrupción sucede con mayor frecuencia donde menos debería suceder, es decir, en los programas sociales que atienden las necesidades de las personas que viven en condición de pobreza y en las partidas presupuestarias que tienen mayor capacidad de reducir la desigualdad en México”.
–¿Irregularidad es igual a corrupción o ese es el acercamiento metodológico que le dan en este estudio?
“Irregularidad no necesariamente implica corrupción, porque la corrupción ya es una cuestión de delito. Irregularidad es una cuestión todavía administrativa, quiere decir que la auditoría auditó a una institución y esa institución no pudo comprobar cómo se utilizó el dinero, si se utilizó o si no se utilizó para lo que debía. Entonces sí existe una relación o correlación entre irregularidades y que haya corrupción. Un ejemplo es Veracruz con Javier Duarte y él durante su mandato una de las razones por las cuales la prensa empezó a darse cuenta de que había algo ahí que estaba mal, es porque tenía una cantidad enorme de irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación”.
–Esto les lleva a concluir que se dan con más frecuencia estas irregularidades, y probablemente los actos de corrupción, en donde menos debería pasar porque es donde más se puede tener incidencia en la desigualdad… ¿por qué entienden qué pasa esto?
“Hay varias razones. Uno de mis datos favoritos del estudio es cuando comparamos cómo suceden las irregularidades en los municipios más pobres versus los municipios más ricos de México, y ahí te das cuenta de que el dinero público de los municipios más pobres se pierde 2.4 más veces que el dinero de los municipios más ricos de México; 2.4 veces es muchísimo, es una enorme diferencia”.
“Una es que la profesionalización de los servidores públicos es menor en los municipios que no tienen tantos recursos, son municipios en donde a lo mejor las personas que llevan el municipio no tienen acceso siquiera a una cuenta de banco, en donde se pagan nóminas muchas veces en efectivo, no se tiene un sistema de contabilidad profesional sobre qué está haciendo el municipio con los recursos, no se tiene capacidad de hacer una licitación en caso de que se tenga que hacer un gasto público. Entonces estos municipios adolecen de un servicio público que necesita más recursos, más nivel y por ser municipios de menores ingresos pues no tienen acceso a esto”.
“Un segundo punto que también encontramos es que hay menos transparencia y menos rendición de cuentas por parte del público en los municipios de nivel medio y alto pues ahí es donde habita un tipo de sociedad civil que tiene mayor capacidad de análisis de datos y de presionar, y de decir en dónde está el dinero, lo que no sucede en municipios rurales alejados del estado de Guerrero, Veracruz o Oaxaca”.
–Estamos hablando de todo el universo de informes de auditoría entre 2000 y 2018 ¿entonces al gobierno federal actual ese estudio no lo toca?
“No, y esa es parte de nuestra queja, que los datos del gobierno actual ya deberían ser públicos y se deberían poder analizar, pero no se han dado a conocer los datos todavía. Por ley se deben a conocer tres veces por año, ya se debieron de haber dado a conocer los de 2019 y los seguimos esperando”.
–¿Qué diferentes tipos de irregularidades encontraron en este estudio?
“Uno de los análisis que a mí más me gustaron fue que tratamos de identificar en qué tipo de gasto público había más irregularidades, porque el gobierno hace muchas cosas: infraestructura, salud, desarrollo social; entonces tratamos de identificar en qué se perdía más, y nos dimos cuenta que las tres grandes áreas en donde existen más irregularidades, le llamamos dinero perdido para no tener un término tan técnico, en donde hay más dinero perdido es primero, en educación; segundo, en salud; y tercero, en desarrollo social”.
“La totalidad de dinero perdido que encuentra el estudio, son 500 mil millones de pesos perdidos. La mitad, el 53% se concentra en estas tres partidas: educación, salud y desarrollo social, entonces justo ahí nos empezamos a dar cuenta de que el hecho de que México no tenga recursos para manejar adecuadamente una pandemia, enfermedades crónicas, para pagarle bien a sus médicos, para tener suficientes hospitales de alta especialidad no es una cuestión de hoy, es un constante desabasto, una constante de recursos que no han llegado al sector salud por al menos un par de décadas”.
–Resulta indignante ¿no?
“Lo peor es que no sólo encontramos que hay más irregularidades en el gasto de educación, salud y desarrollo social, que son los ámbitos de gobierno que más ayudan a la reducción de las desigualdades, sino que dentro del mismo gasto en educación, siempre es el gasto que beneficia los estados más pobres en donde se presentan más irregularidades”.
“Entonces digamos que es la doble victimización porque pensando en gasto educativo nosotros nos dimos cuenta que la gran mayoría, el 40% de las irregularidades están sucediendo en tres estados: Michoacán, Veracruz y el Estado de México, y justo esos son los tres estados con mayor rezago educativo en México, entonces eso nos está hablando de que las irregularidades no están sucediendo en todos lados, están sucediendo en los gastos que más benefician a las personas de menores ingresos, y dos, en los estados en donde hay mayor rezago, entonces es una corrupción muy desigual, la corrupción le pasa más a las personas más pobres”.
Escucha la entrevista completa (a partir del 01:13:41) en #PrimeraEstación, el podcast de EstaciónPacífico.com.



