Congreso aprueba que Gobierno de Colima maneje los residuos de 6 municipios

Con 18 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa con proyecto de decreto enviada por el gobernador Ignacio Peralta con la que se autorizan convenios de coordinación para el manejo de los residuos sólidos entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez.

Con la aprobación de los referidos convenios se autoriza que la administración estatal se haga cargo de forma temporal de la prestación de los servicios públicos de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en las referidas demarcaciones “ante la imposibilidad material de los municipios de continuar la operatividad del relleno sanitario”.

Se establece también que en caso de que los municipios incumplan con el pago correspondiente al manejo de sus residuos sólidos, el gobierno estatal podrá descontar dichos recursos de las participaciones del Fondo General de Participaciones.

Derivado de que los referidos convenios datan de 2018 y 2019, previendo que pudieran existir adeudos en aquellos ejercicios fiscales y no sólo en el presente, se autoriza al Ejecutivo estatal para que realice las compensaciones pactadas derivadas de la falta de pago con motivo del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.

 La discusión 

La sesión donde se discutió la iniciativa enviada por el Ejecutivo no transcurrió de manera tersa. Al finalizar la lectura del dictamen —a cargo del coordinador de la bancada del PT, Carlos César Farías— la diputada de Morena Claudia Aguirre subió a tribuna para adelantar que votaría en contra del referido proyecto por considerar que “se trata de un negocio más que hará el gobernador con particulares” y porque, a su parecer, se comprometerán los recursos de los municipios que participan de dicho convenio.

“El sentido de mi voto será en contra, lo dejo de manifiesto desde estos momentos, por los siguientes motivos: porque es un negocio más que hará el gobernador con particulares y lo quiere hacer con el aval del Tumor (Todos Unidos contra Morena). No se cuenta con impacto presupuestal respecto al gasto que ejecutará el Gobierno del Estado respecto al tema. Desde 2018 y 2019 los ayuntamientos de los seis municipios declararon la imposibilidad de prestar el servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Ese pago es desproporcionado. Se incrementará cada año y hasta el momento se paga con cargo a la Hacienda Pública municipal respectiva”, apuntó.

Aseveró que en los convenios se acordó que una vez cedida la prestación del servicio público al Gobierno del Estado, este a su vez podría cederlo a particulares.

“Ahí es donde está el negocio. Como se puede advertir lo que buscaba primero el gobernador era tener el servicio público y ya lo tiene, porque los municipios deben de pagar cantidades exorbitantes por el tratamiento y la disposición final de la basura, posteriormente, si no es que ya lo hizo, celebrará un convenio con empresas para dejarle a él ese negocio”, agregó.

A lo dicho por la legisladora local, se sumó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Vladimir Parra. Apuntó que el decreto no era más que “otro intento de saqueo del gobernador Ignacio Peralta”. Criticó que el contenido de los convenios celebrados entre el gobierno estatal y los municipios no había sido presentado a los diputados.

Dijo tener en su poder un acta de cabildo del municipio de Colima, donde la entonces regidora de Movimiento Ciudadano, María Elena Abaroa, denunciaba que el convenio de dicha demarcación con el gobierno estatal no había sido analizado con la anticipación y el cuidado requeridos.

“Queremos denunciar otro intento de saqueo más por parte del gobernador Ignacio Peralta. Otro intento de hacer negocios al amparo del poder público con su primo Pedro Peralta, y otra prueba más de que el Tumor sí existe (…) y ahora quieren comprometer los recursos municipales. Este dictamen prevé la posibilidad de que autorice el Gobierno del Estado cobrarse adeudos con municipios, convenios incluso de ejercicios anteriores. Esto es lo verdaderamente grave e ilegal porque no hay un análisis previo a este dictamen”, apuntó.

“Tengo aquí un acta de cabildo del municipio de Colima, donde la regidora de Movimiento Ciudadano, María Elena Abaroa, está haciendo denuncias muy parecidas a la de nosotros, que no se mandó en tiempo y forma, donde ella misma denuncia que cómo algo tan importante como un convenio donde se está tratando algo público, el presidente municipal en charlas en lo oscurito con los del Imades en siete días analiza él y manda a cabildo”, agregó.

El diputado Francisco Rodríguez, del PAN y exsíndico del ayuntamiento capitalino, afirmó que el municipio de Colima estaba viviendo una situación crítica previo a la firma del convenio, pues se encargaba de administrar el relleno sanitario, donde no sólo había desechos de ese municipio, sino de los cinco restantes, los cuales no tenían la liquidez para efectuar el pago correspondiente para depositar su basura, lo que generaba un costo mayor para dicho ayuntamiento.

“¿Cuál es el problema central? El tema central es el siguiente: no hay municipio que sea suficientemente solvente para tratar el tema de la basura como debe hacerse, como mandan las normas ambientales a nivel local y nacional. Son bastantes millones de pesos”, apuntó.

“Lo que se tenía en el caso del Ayuntamiento de Colima era que estaba subsidiando el costo de tratar la basura del resto de los municipios que están aquí, y que además es un costo que no lo estaba haciendo el Ayuntamiento de Colima en esos niveles y bajo esas normas ambientales. ¿Por qué? Porque Comala no podía pagar para depositar, ‘La Villa’ tampoco, Minatitlán tampoco. Entonces el Ayuntamiento de Colima estaba asumiendo un costo doble, triple, cuádruple, ese era el tema central”, refirió.

La coordinadora de la fracción parlamentaria priista, Lizet Rodríguez, puntualizó que jurídicamente es posible que la administración estatal y los municipios realicen ese tipo de convenios, por lo que “no se detecta la supuesta irregularidad”. Aunado a esa situación, indicó que los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez han manifestado la necesidad de garantizar el manejo de sus residuos sólidos.

Parra hizo uso de la voz nuevamente. Criticó que los referidos convenios se hubieran firmado en 2018 y 2019 y hubieran sido enviados al Congreso local hasta este año, pues a su parecer, era evidencia de que “ahora que van de salida” surgió la urgencia de que se cumpliera con los pagos.

Reiteró que “el temor más grande” era que posteriormente el gobierno estatal buscara concesionar el manejo de los residuos sólidos a un privado.

“A los compañeros de Morena que validen esto, yo les voy a decir, con todo respeto, que nosotros no vamos a simular, no son bienvenidos en Morena. Vamos a pedir la expulsión y la separación inmediata. Es cuanto”. sentenció.

 La versión del Gobierno de Colima 

El Gobierno del Estado negó que la iniciativa enviada al Congreso local y que se discutió este lunes (14 de diciembre) buscara privatizar el manejo de la basura en la entidad.

“El relleno sanitario metropolitano se ubica en Villa de Álvarez y era operado por el Ayuntamiento de Colima, brindando servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos a 6 municipios: Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Minatitlán. Tras incumplimientos a la normatividad existente que ocasionaban daños ambientales severos, el 24 de septiembre de 2018 se firmó un convenio entre la administración estatal y el municipio de Colima, para que ahora fuera el Gobierno del Estado el encargado de administrarlo”, detalló la administración estatal a través de un boletín informativo.

De acuerdo con el comunicado, el convenio plantea exclusivamente que el gobierno estatal opere el relleno sanitario conforme a las normas correspondientes, con el compromiso de los municipios de pagar por dicho servicio “de acuerdo a tarifas previamente estipuladas”.

“Debe contarse con la autorización de las y los diputados porque en caso de algún ayuntamiento no pueda cumplir con el pago correspondiente, el Gobierno del Estado podrá acceder en compensación a las participaciones del municipio en cuestión. Lo anterior para evitar posibles afectaciones al patrimonio del Estado, ya que la obligación del tratamiento y disposición final de la basura no es del Gobierno del Estado, sino de los ayuntamientos”, añadió el documento.