Decreto de AMLO abre oportunidad para discutir qué delitos ameritan prisión: México Evalúa
Enrique Bouchot, investigador del programa de Justicia de México Evalúa, consideró que el decreto que busca firmar el presidente Andrés Manuel López Obrador –para liberar a las personas privadas de su libertad que se encuentran internas en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves– abre una oportunidad para discutir qué delitos ameritan prisión.
El especialista opinó que existe una noción de que en las prisiones se encuentra a “lo peor de lo peor” y a los “supervillanos”, sin embargo, no necesariamente es así, pues en los centros penitenciarios también hay personas que cometieron delitos no graves, como robos y lesiones simples.
“Se tiene la noción de que en la prisión está el supervillano, que lo peor de lo peor está en prisión, y no es cierto. En prisión, privados de la libertad hay personas que cometieron robo simple, hay personas que cometieron lesiones simples, no son los supervillanos, y no necesariamente la privación de la libertad debería ser el mejor castigo”, dijo en entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en Súper 98.9 FM.
Bouchot explicó que dicho tema de liberar a personas presas debería tener como centro de discusión cuáles delitos sí ameritan prisión, y no tanto enfocarse en discutir si se cumple o no la ley, pues por una parte existen secuestros, violaciones, feminicidios y homicidios que sin duda deben recibir una pena de privación de la libertad, pero hay otros que no deberían recibir ese tipo de castigo.
“Entonces yo creo que da una oportunidad extraordinaria para discutir cómo sí usamos o no la prisión: secuestros, violación, homicidios, que deben recibir una pena de privación de la libertad, pero hay ciertos tipos de robo simples, daños a propiedad ajena, lesiones, que tal vez no deberían estar ahí. Más que discutir si cumplimos o no la ley, creo que sería momento de discutir cómo usamos la prisión”, abundó.
Enrique Bouchot explicó que el decreto del presidente busca que se otorgue libertad a las personas detenidas que no han sido condenadas durante 10 años, a quienes tengan más de 75 años en penales del fuero federal, a personas que hayan sido torturadas y adultos mayores con enfermedades crónicas. Apuntó que dichos lineamientos ya se encuentran establecidos en la Ley Nacional de Ejecución, por lo que el decreto sería una instrucción a que se cumpla la normativa.
“Lo que planteó el presidente en su decreto es exactamente lo que viene en la Ley Nacional de Ejecución: personas que hayan estado en prisión preventiva, es decir, presos sin condena durante más de 10 años, que tengan más de 75 años, que hayan sido víctimas de tortura, todos los puntos que plantea el presidente, ya vienen la Ley Nacional de Ejecución desde hace muchos años, sólo no han sido efectivos. Ya estaba en la ley pero nunca se hizo caso a lo que decía la ley”, refirió.
Por otra parte, el investigador de Justicia en México Evalúa destacó que el decreto presidencial no tendría un logro significativo, pues sólo aplicaría para el fuero federal, por lo que se beneficiaría solamente a una pequeña proporción de personas. Por el contrario, los estados tienen la oportunidad de emitir mecanismos para apoyar el decreto del presidente y que se cumpla la ley.
“El decreto en sí mismo pues no va a lograr nada porque no está estableciendo los mecanismos, como no lo había hecho la ley porque no había establecido los mecanismos, esa es la primera ‘letra grandota’. Lo segundo es que el decreto del presidente sólo aplica al fuero federal, entonces en el fuero federal tienes a menos del 1% de las personas privadas de la libertad”, comentó.
