¿Qué ha pasado con los implicados en los ‘tráileres de la muerte’ de Jalisco?

En septiembre de 2018 un par de tráileres que circulaban por la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en Jalisco, fueron descubiertos mientras llevaban cientos de cuerpos que no pudieron ser almacenados en la morgue. A tres años de ese suceso que puso en evidencia la crisis forense por la que atraviesa México, ¿qué ha pasado con los funcionarios implicados?

El periodista y coordinador de ZonaDocs, Darwin Franco, precisó que tras investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de dicha entidad, fueron vinculados a proceso el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero, y el exdirector del Servicio Médico Forense (Semefo), Eduardo Mota Fonseca, por el delito de abuso de autoridad con agravio a las víctimas.

“Ambos estaban siendo investigados después de que la Fiscalía Anticorrupción del Estado atrajera el caso y realizara una investigación, la cual inició un año después de los hechos. Durante estos dos últimos años se han dedicado a recabar pruebas para tratar de generar los indicios posibles que lleven a la determinación de quiénes son las personas responsables”, dijo en entrevista telefónica con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en Súper 98.9.

“Ambos funcionarios fueron señalados por el delito de abuso de autoridad en agravio de las víctimas, es decir, estos cuerpos que estaban en ambos contenedores, pero también de la sociedad”, abundó.

El periodista destacó que dicha determinación legal ha sido cuestionada por la opinión pública, pues si bien ambos funcionarios estuvieron directamente relacionados con los “tráileres de la muerte”, la instancia responsable de resguardar los cuerpos y en su caso, de definir cuál será el destino final de los mismos, es la Fiscalía General del Estado (FGE).

“La instancia responsable del resguardo de los cuerpos, tanto en ese momento como ahora, sigue siendo la Fiscalía, es decir, la Fiscalía del Estado de Jalisco es la única instancia que determina por ejemplo, qué se debe hacer con los cuerpos, dónde se deben resguardar, de qué manera deben ser resguardados y cuál es el destino final de estos cuerpos. En tanto, el Instituto tiene la obligación de generar todas aquellas pruebas forenses que les sean solicitadas por la Fiscalía. Ese fue el punto central de la defensa de estos funcionarios, que la responsabilidad de los cuerpos en sí era de la Fiscalía y que hasta el momento ninguno de los funcionarios de esta dependencia ha sido señalado o está siendo investigado”, precisó.

“Hay que recordar que para el uso de estos tráileres se sumó un convenio específico de colaboración para la conservación de cadáveres; en su momento firmaron el exfiscal general Eduardo Almaguer Ramírez, quien hoy es regidor independiente en el municipio de Guadalajara; también lo firmó la exfiscal central Marisela Gómez Cobos, así como Luis Octavio Cotero, que ya está siendo vinculado a proceso. En esta decisión también estuvo o tuvieron conocimiento el exfiscal general Raúl Sánchez y el secretario de gobierno Roberto López Lara, pues la Secretaría de Gobierno es la instancia de la que depende el Instituto Forense”, abundó.

A continuación te presentamos los elementos más relevantes de esa conversación.

 —¿A estas dos personas se les está procesando por abuso de autoridad?  

“Sí, únicamente por ese delito. Aunque pudiese señalárseles por algunos otros delitos, únicamente la Fiscalía de Anticorrupción generó el caso por estos delitos que incluyen o que podrían de aquí a que se acaben las investigaciones, acreditarles. En caso de que se acredite totalmente el delito, ambos funcionarios podrán pasar de un año a cinco años de prisión por lo menos. En tanto se desahogan todas las investigaciones, ambos funcionarios están obligados a firmar cada 15 días frente a una autoridad judicial y están impedidos de salir del estado por lo menos durante un año”.

 —En la visión de quienes han participado en la búsqueda de que se procese a los involucrados, ¿se debieron incluir otros delitos?  

“Sí, en primer lugar lo que han señalado las familias. Es como un descontento por las vinculaciones a proceso de ambos funcionarios; no es porque los eximen de responsabilidad, sino porque han señalado que no son los únicos. Diversos funcionarios de la Fiscalía, tienen por lo menos una gran responsabilidad en el hecho y les parece un tanto extraño que quieran únicamente utilizar a los funcionarios del forense como un chivo expiatorio”.

 —¿El delito se considera adecuado?  

“Por lo menos como marca la Ley general de víctimas, pero como también está claro en la Ley general de desaparición forzada y desaparición entre particulares, señalan ambos que es un delito aquella acción que generen los funcionarios públicos que impiden la identificación de una persona, es decir, quien genere alteraciones al proceso de preservación de un cuerpo de una persona fallecida sin identificar también debería de ser acreedores a una sanción, que es específicamente lo que pasó con estos 322 cuerpos y al ser apilados de forma totalmente sin control”.

 —¿Hay un delito así de específico y se optó por una vía más genérica?  

“Se optó por una vía más genérica. Las familias señalan que este delito de abuso de autoridad, si bien está contemplado en la Constitución Política de Jalisco, no termina por reflejar de manera muy específica justamente lo que ocurrió. Se señala que es acreedor a este delito, en el caso de Jalisco, aquellos funcionarios públicos que incumplan en una falta, que puede ser hasta administrativa, o en este caso de carácter penal, cuando ejecuten, aterricen o permitan cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución”.

 —Estas dos personas vinculadas, ¿qué participación tuvieron?  

“En el caso de exdirector, él firmó el convenio, es decir, él era totalmente consciente del uso de estos contenedores, aunque él ha alegado en múltiples ocasiones que lo hizo porque ya no había otra cosa que hacer, porque él pedía que se ampliaran los recursos, que se ampliara el personal”.

 ¿Argumentó que se vio obligado porque no atendían sus peticiones?  

“Exacto y también sigue alegando que finalmente la determinación de llevar los tráileres fue una idea o fue algo que se originó en Fiscalía. Y en el caso del exdirector del Semefo, él también ha señalado que prácticamente seguía las órdenes, y las órdenes de su superior director eran del propio Luis Octavio Cotero, y que ambos siguieron órdenes. Es lo que ha señalado, pero ciertamente finalmente autoridades tuvieron una responsabilidad porque supongo que en algún momento cuando vieron que esta no era la mejor idea, o cuando vieron lo que estaba generando el hacinamiento de cuerpos, lo pudieron haber denunciado y pudieron haber renunciado a sus cargos justo para no formar parte de lo que ocurrió. Aunque insisto, lo que mandata la ley es que la Fiscalía es la principal responsable de la tenencia, resguardo y preservación de los cuerpos”.

 —En términos de proceso judicial, ¿por qué ellos sí y otros funcionarios no?  

“La respuesta es así como la decía de un principio, simplemente la Fiscalía Anticorrupción, que es la instancia encargada de las investigaciones hasta el momento no ha presentado ningún cargo en contra de otros funcionarios, solamente ha presentado estos dos. Tiene otras dos carpetas de investigación que tiene a su cargo, aunque por respeto a la investigación se ha negado a señalar quiénes están siendo investigados en estas carpetas, pero lo que hemos nosotros logrado investigar es que el único que está integrado en estas carpetas es el exfiscal Raúl Sánchez Jiménez, pero el resto, digamos de por lo menos más de 10 funcionarios involucrados, o al menos los tres directos que firmaron el convenio, no existe a la fecha un proceso en su contra”.

 —¿Entonces estos dos funcionarios podrán pasar penas en prisión o es posible que se conmute por otro tipo de pena?  

“Lo que señalan ambos vinculados a proceso es que podrían interponer un amparo. Luis Octavio Cotero, él cree que todo esto es una cacería política en su contra y al menos vislumbran que posiblemente sí podría ser llevado a prisión, aunque insisto, ellos van a acotar todas las instancias federales para evitar que esto suceda, o como en su momento Luis Octavio Cotero ha señalado, quieren ellos que si el proceso de justicia se da, se dé de manera justa y que no sólo ellos, sino todos los funcionarios involucrados sean también responsabilizados sobre este hecho”.

 —En términos políticos, ¿hay otros que participaron en esto y tenían mucho más poder político o cuál es la lectura política?  

“La lectura política es que mucho antes de que ocurriera esto, la crisis forense era una realidad. Hoy en día la crisis forense en Jalisco es mucho más grave. Había ocurrido una ruptura entre Luis Octavio Cotero con el primer círculo de poder del entonces gobierno que encabezaba el ahora también difunto Aristóteles Sandoval. Esta ruptura se da porque en el proceso la hija de Luis Octavio Cotero fue desaparecida, sigue estando desaparecida y el propio Cotero ha señalado que él recibió muy poco apoyo de las autoridades en turno”.

“Eso generó unas fricciones entre ellos y empezó a presionar a las autoridades, sobre todo a la Fiscalía, que se hiciera cargo de los cuerpos y a partir de ahí vino una ruptura. En su momento, cuando se dio el escándalo, él fue de los primeros funcionarios cesados y que se alegó que él tenía una gran responsabilidad y desde entonces él considera que esto es un asunto de carácter personal. También digamos en el proceso que tenemos ahora hay una abierta disputa entre el Gobierno del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG). Algunos funcionarios públicos que tienen esa vinculación con el grupo de la universidad últimamente han sido señalados, juzgados, destituidos de sus cargos, justo por esa vinculación y también digamos ese es el trasfondo, pero en realidad lo que particularmente en mi opinión creo, es que la Fiscalía no va a aceptar su responsabilidad de los hechos porque no quisiera o no va a buscar que ninguno de esos altos mandos sea castigado”.

 —¿Ha cambiado la cabeza de la fiscalía de aquel momento a ahora?  

“Cambiaron las autoridades porque justo hubo un cambio de gobierno, incluso un cambio que implicó un cambio del partido en el Poder. En el caso de Jalisco, es el Ejecutivo directamente quien elige, hoy el fiscal general es Octavio Gerardo Ortiz. Él trajo a su gente nueva, el Instituto también cambió la mayor parte de sus funcionarios de alto rango y entonces uno de los compromisos de la actual administración es justamente aclarar y detener la crisis forense, pero lo cierto es que en aquel momento, cuando estaban los trailer, habían 600 cuerpos de personas fallecidas no identificadas que generaban esta saturación y hoy en día tenemos más de 5 mil. Las autoridades actuales no han logrado solucionar ni la violencia que genera la crisis forense”.

 —¿Entonces la situación en el manejo de los cuerpos no ha cambiado?  

“No, en realidad se ha agudizado ahora con la constante localización de fosas clandestinas, tenemos incluso problemáticas muy terribles sobre la segmentación corpórea (…) La Fiscalía justo con las autoridades sanitarias compraron contenedores frigoríficos pensando en esta crisis por el Covid, aunque no hay ninguna confirmación oficial, al menos dentro algunos peritos señalan que en su momento estos mismos contenedores han sido utilizados para resguardar los segmentos corpóreos porque nuevamente en el Semefo no hay espacio”.