Gobierno de Colima despide a 229 basificados en sexenio anterior; argumenta irregularidades

El Gobierno de Colima dio a conocer que este viernes (10 de diciembre) se dieron de baja 229 trabajadores basificados durante el sexenio anterior —encabezado por el priista Ignacio Peralta— al argumentar que se detectaron irregularidades en dicho proceso.

El subsecretario de Administración del Gobierno estatal, Víctor Torrero, precisó que de acuerdo con la revisión que hicieron, las personas que fueron incluidas en ese esquema de basificación, no cumplían con los requisitos necesarios para hacerse de una plaza.

“Desde la subsecretaría de administración se operaron el día de hoy 229 terminaciones de relaciones laborales de personal que había sido basificado por el gobierno anterior, (…) el proceso a partir del cual otorgaron estas basificaciones estuvo plagado de vicios, de irregularidades a partir de las cuales se otorgaron plazas de base a personas que no reunían los requisitos”, dijo el funcionario estatal este viernes (10 de diciembre) en una rueda de prensa.

“Hemos identificado que en su gran mayoría eran personas allegadas al gobierno anterior, situaciones incluso hasta de complicidades, situaciones de actos contrarios a lo que es el ejercicio del servicio público y en ese sentido no podíamos nosotros dejar pasar por alto esta situación”, mencionó.

Aseguró que había personas que no contaban con la antigüedad requerida para ser candidatos a basificarse. De estas, cinco personas contaban con menos de un año; nueve personas con un año; 13 personas con dos años; 18 con tres años; 20 con cuatro años y 28 con cinco años de trabajo.

“En cambio había un gran espectro de trabajadoras y trabajadores que pudieron haber tenido más merecimientos, que pudieron haber tenido una antigüedad mucho mayor y que simplemente no se les tomó en cuenta y no se les tomó en cuenta en buena medida porque no formaban parte de ese grupo allegado a ese espectro del poder”, precisó.

El consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Roberto Rubio, aseguró que este mismo viernes (10 de diciembre) se presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de extitulares de secretarías y organismos públicos descentralizados, así como del extitular del Ejecutivo.

“Por presuntos actos que pueden ser considerados como delito relacionados con hechos de corrupción en el tema de ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que más resulten derivados de la investigación de dicha fiscalía”, aseveró.

Sumado a esto, mencionó que también se presentó ante la Contraloría General del Estado, una denuncia a bien de que se investiguen los hechos señalados relacionados con presuntas actuaciones ilícitas.

“También se está presentando el día de hoy una demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, (…) en la cual se está demandando la nulidad de un supuesto convenio de basificación pactado entre únicamente ciertos titulares de organismos públicos descentralizados y exfuncionarios de algunas secretarías de Estado y el propio extitular del Poder Ejecutivo”, señaló.

“Porque consideramos que dicho documento es completamente ilegal y no se llevó a cabo conforme a la ley”, agregó.

La contralora del Gobierno del Estado, Isela Uribe, mencionó que se tiene un plazo de tres días hábiles para la recepción y aceptación de la demanda, y para comenzar el procedimiento de investigación.

“Se hará con ética, con profesionalismo, apegado a derecho, alejado de todo tipo de filias o fobias políticas, (…) y en su caso, fincar las responsabilidades administrativas y en su caso si se encontrase en estos expedientes y en estas investigaciones que estaremos generando, delitos graves, estaremos turnando también a la fiscalía anticorrupción los delitos correspondientes”, concluyó.