Colima con 96.6% de cumplimiento en el Barómetro de Información Presupuestal Estatal, ha bajado, dice investigadora del IMCO

Colima se posiciona como la entidad número 19 en la evaluación del Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2022 que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), documento en el que se señala que la calificación de la entidad con base en los criterios analizados es del 96.6% de 100, la cual, señaló la investigadora de la organización, Ana Lambarri, es un porcentaje inferior al registrado en años anteriores.

De acuerdo a Lambarri, en 2017 la calificación de Colima ya era del 100%,  en 2019 bajó a 98% y en la nueva edición el porcentaje mantuvo su tendencia a la baja. Sin embargo, la investigadora consideró que el actual porcentaje de la entidad es bueno, aunque no excelente, además de apuntar que en la primera edición de este documento, la cual se publicó en 2008, la calificación de Colima era del 55%.

Lambarri expresó que la importancia de hacer un diagnóstico de este tipo es que se fomentan las buenas prácticas de información presupuestal y se verifica el cumplimiento de leyes ya existentes como la Ley de Disciplina Financiera, además, de que al tener recursos de este tipo, los ciudadanos pueden tomar decisiones más informadas, por ejemplo, a la hora de elegir a sus gobernantes.

“Es un estudio que el IMCO publica desde el 2008 que mide la calidad de la información presupuestal  (…) fomenta buenas prácticas de información presupuestal y verifica el cumplimiento de leyes ya existentes como l ley general de contabilidad gubernamental, la ley de disciplina financiera”, comentó en entrevista con Estación Pacífico.

Para sacar el puntaje global de cada entidad, el IMCO asigna un porcentaje de cumplimiento a 10 criterios que evalúa, los cuales son: acceso inicial, ley de ingresos, clasificaciones, poderes/ dependencias, municipios, tabuladores/plazas, deuda pública, recursos federales, rubros específicos y criterios.

Colima tienen un 100% de calificación en siete de los 10 rubros, los que no llegan a este puntaje, son el relativo a acceso inicial que alcanza el 94% de calificación y que de acuerdo al IMCO se refiere a “criterios relativos a la disponibilidad de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos en las páginas electrónicas de los congresos locales y gobiernos estatales, el acceso a los documentos evaluados a través del medio de difusión oficial del estado, así como su legibilidad y disponibilidad en formato de datos abiertos”.

En este punto, Ana Lambarri, explicó que dentro de la página del Congreso local no se encontró el presupuesto de egresos ni el proyecto de este dentro de la página de Gobierno del Estado, por ello, no se llega al 100%.

“Es esta la parte de la sección de acceso inicial que es pues prácticamente el primer acceso que tiene la o el ciudadano con estos documentos de información presupuestal en los estados, que también vale la pena mencionar que estos documentos nosotros los buscamos los que están prácticamente en las páginas de internet, ósea, no metemos ninguna solicitud de información, ninguna solicitud especial, porque lo importante es que tanto el o la ciudadana puedan acceder desde su computadora, desde su móvil a estas páginas de internet y poder descargar la información, de eso se trata de que sea disponible en páginas de internet”, apuntó la investigadora.

El otro rubro en el que no alcanza el 100% de calificación es en el de rubros específicos, que de acuerdo al instituto “contempla información de gastos específicos como comunicación social, fideicomisos públicos, subsidios, organismos de la sociedad civil, instituciones de educación superior, recursos para niñas, niños y adolescentes, recursos orientados a la equidad de género, entre otros, que por su relevancia en cuanto monto o impacto social es importante conocer”.

Para este rubro, la investigadora especificó que no se desglosa a qué organismos de la sociedad civil se van los donativos del ejecutivo ni los montos que se asigna a cada uno, aunque sí se proyecta el monto global.

“La entidad no desglosó a qué organizaciones de la sociedad civil se iban los donativos que hace el poder ejecutivo, ese es otro criterio con el que no se cumplió”, dijo.

El último en el que la calificación no llega a su máximo es el de criterios, que de acuerdo al IMCO “se refiere a aquellas disposiciones que establecen los parámetros para realizar ajustes, reasignaciones y términos de contratación con recursos públicos. Es decir, se busca evaluar si existen reglas específicas para la administración de dichos recursos con el fin de reducir el grado de discrecionalidad en su ejercicio”.

Sobre esta categoría, ahondó, en que no se cumplió con el transparentar en qué se gastan los ahorros que resultan al final del ejercicio fiscal.

“Finalmente el último criterio con el que no cumplieron fue el que contiene el gasto de ahorros, en qué se gastan estos ahorros que resultan al fin del ejercicio fiscal”, aseveró.

Cabe resaltar que la evaluación de todos los rubros se hizo usando documento aplicables al 2021 pero que algunos fueron aprobados en 2020, por lo que el cambio de administración de 2021 con la gobernadora, Indira Vizcaíno y sus políticas respecto a transparencia presupuestaria todavía no se ven reflejadas en este análisis.

“Cuando hay un cambio de administración sí se ve muy reflejado, a veces, (…) pero sí es muy notorio cómo va cambiando la administración, cómo va cambiando el personal en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Hacienda, dependiendo el estado y se ve como no se da continuidad a este interés de transparentar la información, a veces en algunos cambios, al contrario, se ve cómo se ve favorecido este reporte de la información presupuestal”, respondió.

“Lo que pasa en el caso especifico de Colima es que nosotros para la evaluación de 2022 lo que hicimos fue evaluar documentos de 2021, entonces esos documentos ya se habían aprobado a finales de 2020, entonces creo que todavía no se reflejado el cambio de administración”, añadió.

Las entidades que alcanzan un 100% de calificación son 12: Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Lambarri también expresó que cuando no se cumplen con estos criterios, no se puede obtener un panorama de la salud de las finanzas públicas ni evaluar la capacidad de gasto de los estados y el sí cumplirlo, genera confianza entre la sociedad civil y el sector privado

“Lo más importante es que la información tiene que estar disponible porque si la información no está disponible, pues no podemos conocer la salud de las finanzas públicas, no podemos evaluar la capacidad de gasto de los estados, el desglose de información también genera cierta certeza, cierta confianza para la sociedad civil, para el sector privado, permite que la sociedad pueda tomar mejores decisiones, decisiones informadas a la hora de elegir a sus gobernantes, por eso es importante”, ahondó.

“La calidad de la información presupuestal tiene que ser adecuada, de adecuado acceso, tiene que ser oportuna, tiene que estar en datos abiertos, tiene que ser legible, tiene que ser desglosada, para conocer si los recursos están siendo realmente usados con eficiencia, si cumple con las metas y objetivos dentro del plan estatal de desarrollo, por eso es tan importante”, agregó.