OPINIÓN: La seguridad mejora en Colima, pero el desafío va más allá de 2027
Un gobierno puede mejorar los salarios, reducir la pobreza, ampliar los programas sociales, ampliar las carreteras, construir puentes, rescatar los parques abandonados y obtener buenos resultados en distintas áreas; sin embargo, si las personas tienen miedo de salir a la calle, de abrir un negocio o de que sus hijos no regresen a casa, difícilmente esos avances bastarán para garantizarle el respaldo de las y los ciudadanos.
La inseguridad tiene una particularidad política: puede convertirse en un problema tan importante para la población que termine desplazando a todos los demás. Y cuando el miedo se transforma en enojo, ese descontento puede expresarse en las urnas: ya sea votando por la oposición o simplemente no yendo a votar.
Por eso, aunque todavía faltan varios meses para las elecciones de 2027, vale la pena preguntarnos qué papel jugará la seguridad en la decisión de las y los electores de Colima, especialmente ahora que las cifras de homicidios muestran una clara tendencia a la baja después de algunos de los años más violentos de nuestra historia.
La seguridad impacta en política como el trabajo de un árbitro o un portero de futbol influye en el sentir de un aficionado: sus errores suelen ser mucho más recordados que sus aciertos. Una buena actuación puede pasar inadvertida, pero una equivocación grave puede definir el resultado de un partido.
Con la seguridad ocurre algo parecido: los avances no siempre se traducen en reconocimiento político, mientras que los malos resultados pueden generar un rechazo profundo hacia quienes gobiernan.
LOS EJEMPLOS
Y no faltan ejemplos.
En Guerrero, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 desencadenó una crisis política que contribuyó al desgaste del PRD, partido que perdió la gubernatura frente al PRI en las elecciones del año siguiente.
En Veracruz, en 2016, el PRI perdió la gubernatura después de décadas en el poder, en medio de una crisis marcada por la violencia, las desapariciones, los asesinatos de periodistas y los escándalos de corrupción del gobierno de Javier Duarte.
Fuera de México también encontramos antecedentes. En El Salvador, Nayib Bukele rompió en 2019 con tres décadas de gobiernos de ARENA y el FMLN, en un país profundamente afectado por la violencia de las pandillas y el hartazgo hacia los partidos tradicionales.
Claro que ninguno de estos resultados puede explicarse exclusivamente por la inseguridad. En todos intervinieron otros factores, desde problemas económicos y escándalos de corrupción hasta el desgaste de los partidos gobernantes.
Pero muestran que la violencia puede convertirse en un elemento determinante del descontento social y modificar las prioridades de una elección.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE SEGURIDAD EN COLIMA?
¿Y qué está ocurriendo en Colima?
Es difícil poner en duda que la inseguridad ha sido uno de los problemas más graves que ha enfrentado nuestro estado en los últimos años.
Pocos meses después del inicio de la actual administración estatal, el rompimiento al interior de un grupo de la delincuencia organizada con presencia en la región desencadenó una escalada de violencia que tuvo entre sus episodios más visibles los hechos ocurridos en el Cereso de Colima, en febrero de 2022.
Los homicidios dolosos aumentaron hasta alcanzar en 2023 su punto más alto de la serie que estamos analizando: 915 víctimas, de acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, después de ese año comenzó una disminución que merece atención.
En 2024 se registraron 844 víctimas, una reducción de aproximadamente 8% respecto de 2023. En 2025 la cifra bajó a 625, lo que representó una disminución adicional de 26%.
Y los datos disponibles de 2026 muestran que la tendencia descendente continúa.
Entre enero y septiembre de este año, la FGE registró 399 víctimas de homicidio doloso. Particularmente llamativos son los datos de julio, con 20 víctimas, y de septiembre, con apenas 11.
Para encontrar un registro mensual inferior al de septiembre de 2026 hay que remontarse a agosto de 2015, cuando se contabilizaron 10 víctimas.
Septiembre de este año es el mes con menos homicidios en 11 años, once.
Son cifras que contrastan fuertemente con los meses más violentos de los últimos años, cuando Colima llegó a registrar hasta más de 100 homicidios en un sólo mes, como ocurrió en abril de 2024 (101).
Hay, por lo tanto, elementos objetivos para reconocer una mejoría en este indicador.
Y eso es una buena noticia para Colima, independientemente de las simpatías políticas de cada persona.
Por supuesto, sería un error concluir que la disminución de los homicidios significa que todos los problemas de seguridad están resueltos. Persisten otras expresiones de violencia y criminalidad que también afectan la vida cotidiana de las personas.
Además, una cosa son las estadísticas y otra la percepción ciudadana. La reducción de los delitos puede comenzar a reflejarse en los registros oficiales mucho antes de que las familias abandonen el miedo y recuperen la tranquilidad.
El miedo acumulado durante años no desaparece con tres meses de buenos resultados..
Y ahí aparece uno de los grandes desafíos políticos rumbo a 2027.
EL IMPACTO EN LA ELECCIÓN DE 2027
La evolución de la seguridad puede influir en el debate electoral. Los partidos de oposición tienen razones políticas para cuestionar los resultados del gobierno y exigir que se mantenga la atención sobre los problemas pendientes. El oficialismo, por su parte, puede presentar la disminución de los homicidios como parte de su balance de gestión.
Ambas posiciones forman parte de la discusión democrática. Lo importante es que ninguna sustituya la evaluación de los hechos.
Porque una reducción sostenida de la violencia no debería ser una buena noticia solamente para quienes gobiernan, del mismo modo que la persistencia de la inseguridad no debería convertirse simplemente en una oportunidad de confrontación electoral.
La seguridad es demasiado importante para reducirla a una disputa entre partidos.
Y hay otro aspecto que suele quedar fuera de la discusión pública en Colima: la seguridad no es responsabilidad exclusiva de un orden de gobierno, tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de México y los gobiernos municipales comparten atribuciones y responsabilidades en la materia.
Las policías municipales suelen ser (y deben ser) el primer punto de contacto de la población con las instituciones de seguridad y desempeñan un papel importante en la prevención del delito y la vigilancia de nuestras calles; por más que parezca que en Colima le asignamos toda la responsabilidad a la administración estatal no podemos ignorar el impacto que puede tener en este tema el desempeño de las corporaciones municipales.
Y en el mismo sentido, vale la pena ser conscientes de que las y los ciudadanos también tenemos capacidad de incidir en la seguridad de nuestras comunidades, principalmente mediante la denuncia ciudadana y la organización vecinal, que puede ser de gran utilidad para prevenir delitos, identificar riesgos y fortalecer la comunicación con las autoridades. La seguridad requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pero también una sociedad participativa que contribuya, desde su propio ámbito, a recuperar la tranquilidad.
MÁS ALLÁ DE COLORES PARTIDISTAS
Durante las últimas décadas, México ha tenido gobiernos federales del PRI, del PAN y de Morena. Hemos vivido alternancias, cambios de estrategia y de enfoque, nuevas instituciones y distintas promesas de pacificación.
Sin embargo, la violencia sigue siendo uno de nuestros grandes problemas nacionales.
Eso debería enseñarnos algo: cambiar de partido en el gobierno puede modificar las prioridades y las estrategias, pero no garantiza por sí mismo que cambien las condiciones de seguridad.
Necesitamos policías profesionales, bien capacitadas y remuneradas; instituciones de investigación eficaces; fiscalías capaces de combatir la impunidad y una política de seguridad que tenga continuidad más allá de los calendarios electorales.
También necesitamos evaluar los resultados con seriedad: reconocer los avances cuando existan, señalar los problemas que persistan y exigir explicaciones cuando las estrategias no funcionen.
La seguridad debe ser materia de debate público y de exigencia a nuestros gobernantes, pero no puede quedar atrapada permanentemente en la confrontación partidista.
Porque, al final, para las y los ciudadanos la pregunta más importante no es qué partido puede ganar o perder una elección por la violencia, sino qué tenemos que hacer para que nuestras familias puedan vivir con tranquilidad.
Y esa responsabilidad no comienza ni termina cada tres o seis años.
