La ironía en Guadalajara: protestan por agua sucia y el gobierno de Lemus los reprime con chorros de agua
El Gobierno de Jalisco que encabeza Pablo Lemus Navarro detuvo a 39 personas durante la manifestación que se llevó a cabo este domingo, como parte de la protesta por la mala calidad del agua potable que desde hace meses llega a las viviendas, y que afecta a diferentes sectores y colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, policías antimotines y personal de seguridad que resguardan Casa Jalisco, residencia oficial del gobierno, usaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los inconformes; en medio de enfrentamientos, empujones y golpes que denunciaron quienes participaban en la movilización.
El informe oficial más reciente señala que18 de los 39 detenidos ya fueron puestos en libertad, con base en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite continuar con la integración de las respectivas carpetas de investigación, sin la necesidad de que estén en prisión preventiva, según explicó la Fiscalía del Estado, quien cuenta con 48 horas para definir su situación legal.
Cabe mencionar que estas personas son imputadas por ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, en hechos donde según se ha dijo, hubo 28 policías lesionados como resultado de esta movilización que reunió a miles de ciudadanos en las calles para denunciar este problema que afecta a gran parte de la población.
Exigen agua limpia y respuestas de las autoridades
La marcha comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco con consignas para exigir una solución inmediata al problema del suministro de agua turbia, con olores desagradables y residuos, además de medidas que garanticen que el líquido sea seguro para el consumo humano.
Los participantes reclamaron al gobierno de Pablo Lemus y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) una respuesta a esta preocupación por posibles repercusiones sanitarias y económicas para las familias.
Al llegar a las inmediaciones de Casa Jalisco la situación se tornó violenta tras el derribo de las vallas metálicas que proteger el inmueble. El Gobierno de Jalisco sostuvo que más de 400 personas habría provocado los disturbios y alterado el desarrollo de una manifestación que inicialmente fue pacífica.
Los participantes y organizaciones civiles cuestionaron la actuación policial y denunciaron presuntos abusos de autoridad, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación, emitió medidas cautelares y recibió quejas por presuntas agresiones y abuso durante la intervención policial.
