Se recordará que al cierre de su administración, en medio de múltiples complicaciones financieras —no se pagaban pensiones a adultos mayores, se retrasaban las quincenas de los trabajadores estatales, se despidieron a muchos, etc, etc— el priista solicitó que el Congreso del Estado le autorizará un crédito de largo plazo, y así sucedió. Con el aval legislativo, el préstamo se firmó, los recursos se recibieron y se ejercieron ya durante el interinato, que llevó Ramón Pérez Díaz.
Tras una auditoría extraordinaria, el Congreso denunció penalmente al exmandatario y sus colaboradores. El asunto no está muerto, y el exgobernador relató que la FGR ha buscado a algunos de quienes fueron sus colaboradores para que aporten algunos elementos de prueba.
La defensa de Anguiano, según ha dejado entrever, argumenta que él no ejerció estos recursos; sus detractores se centran en que los ‘hoyos’ financieros él los dejó. Sea como sea, con los elementos que el exmandatario ha compartido —las notificaciones o citatorios de la FGR a su gabinete— es claro que la autoridad investigadora federal no sólo está viendo el ejercicio del gasto, sino que está revisando el pasado financiero que llevó a la solicitud del crédito.
El tema seguirá sacando ‘chispas’, pero la gran duda que tienen muchos es: ¿quién es el autor o responsable político de que esta investigación no haya pasado al cajón del olvido en el ámbito federal?, ¿o quién es el autor de que haya revivido?… ¿Y cuál es el objetivo político?
De hecho, el tema del Fonden y del huracán ni siquiera se trató. Si se quieren recursos federales para atender los daños del fenómeno hidrometeorológico, tendrá que buscarse otra vía… por ejemplo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde despacha Alfonso Durazo, y de donde a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuelga la Coordinación Nacional de Protección Civil.