¿Por qué la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exgobernador de Colima Mario Anguiano?, ¿cuándo se pidió la autorización para solicitar el crédito por 638 millones de pesos?, ¿con qué motivos?, ¿quién firmó esa solicitud?, ¿quién la aprobó?, ¿por qué monto?, ¿y para qué fue solicitada?
El exmandatario estatal aseguró en una entrevista radiofónica esta semana —con el comunicador Max Cortés— que, por recomendación de sus abogados, tramitó un amparo en el único caso legal que queda en su contra, derivado de las auditorías ordinarias y extraordinarias a las que fue sometido su ejercicio gubernamental (2009-2015). Además, detalló que esta investigación tiene que ver con el crédito por 638 millones de pesos.
A continuación te presentamos los antecedentes clave sobre el referido crédito que, según divulgó el propio Anguiano, es la causa de la investigación que él mismo reveló que sigue abierta en su contra.
1. La solicitud de autorización
El lunes 14 de septiembre de 2015, la 57 Legislatura del Congreso del Estado —en la que el presidente de la Comisión de Gobierno Interno y coordinador de la bancada mayoritaria era el entonces diputado del PRI y hoy líder sindical Martín Flores— recibió la solicitud formal del Ejecutivo estatal que encabezaba el gobernador Mario Anguiano Moreno, para que le autorizaran deuda de largo plazo por hasta mil 598 millones de pesos.
De la cifra para la que se solicitó autorización, 960 millones de pesos representaba lo necesario para refinanciar diversos créditos a corto plazo contratados con diversas instituciones bancarias que, a su vez, habían sido supuestamente utilizados para financiar y refinanciar diversas inversiones productivas; adicionalmente, 638 millones de pesos eran para refinanciar un crédito a corto plazo contratado en agosto de ese año (2015) con el Banco Interacciones que vencía a finales de ese año.
Esta solicitud llegó a través del oficio número “SGG 403/2015”, el cual fue signado por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos.
2. La aprobación de la autorización
El lunes 21 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó un dictamen en el que autorizó al Ejecutivo estatal contratar deuda de largo plazo por hasta mil 728 millones de pesos, de los cuales 638 millones eran para refinanciar el referido crédito con Interacciones, y el restante monto por mil 090 millones para un nuevo crédito que, a su vez, refinanciaba diversas obligaciones bancarias de corto plazo.
En el dictamen se decidió agregar 130 millones de pesos a la capacidad de nuevo endeudamiento que había solicitado el Ejecutivo estatal, pues tres días antes de su aprobación, el entonces gobernador Mario Anguiano, según refiere el decreto 565 —en el que quedó plasmada la aprobación— envió una solicitud en ese sentido “a efecto de incrementar el monto a inversiones públicas productivas y amortización de financiamiento que en su momento fueron contratados”.
El dictamen fue avalado por 17 votos a favor y cuatro en contra. Dos diputadas del PAN (Yulenny Cortés y Gina Rocha) y uno del PRD (Joel Esparza) llegaron tarde y no pudieron votar; votaron a favor del dictamen los diputados del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, del PT y dos diputados del PAN, quienes acaban de rendir protesta como suplentes de Gabriela Benavides y Orlando Lino.
3. La contratación del crédito
De los mil 728 millones de pesos autorizados por la Legislatura local para nuevos créditos, el Gobierno del Estado, ya bajo el mando del gobernador interino Ramón Pérez Díaz, y tras un análisis jurídico al respecto, decidió aprovechar esta autorización del Congreso para solicitar solamente un nuevo crédito de largo plazo por 638 millones de pesos, cuya firma se concretó el 16 de diciembre de 2015 y la transferencia el 22 de diciembre.
4. Destino del nuevo crédito
El crédito en cuestión, según informó la administración interina, se utilizó enteramente para pagar un crédito por el mismo monto de 638 millones de pesos con el Banco Interacciones, que tenía vencimiento el 28 de diciembre de 2015.
Aunque el Gobierno estatal salió al mercado financiero a buscar las mejores condiciones financieras para dicho crédito, el hecho de que meses antes hubieran rebajado la calificación crediticia del estado por un par de incumplimientos de pago ese año hizo que el único oferente fuera el propio Banco Interacciones.
5. La auditoría al crédito
Desde el decreto 565 con el que se autorizó al Ejecutivo para solicitar el crédito, también se definió la creación de una comisión legislativa que diera seguimiento al destino del mismo, la cual fue conformada al arranque de la 58 Legislatura.
El 11 de enero de 2016 el Congreso local avaló un acuerdo con el que se le instruyó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) para que realizara “una revisión de situación excepción a la deuda pública por 638 mdp, contratada por el Ejecutivo del Estado, para refinanciar los pasivos contraídos con la banca privada, reconocida y aprobada por la LVII (Quincuagésima Séptima) Legislatura Local, mediante decreto 565”.
Esta auditoría, cuyos resultados fueron aprobados por la 58 Legislatura el 17 de junio de 2016, no encontró irregularidades en el crédito contratado en diciembre de 2015 ya en la administración interina. Sin embargo sí encontró diversas irregularidades en los créditos previos, los contratados durante la administración anguianista.
Entre otras cosas, el informe acreditó que el préstamo de 638 millones de pesos que había contratado el gobierno de Mario Anguiano en agosto de 2015 no había sido utilizado para el financiar o refinanciar inversión pública productiva, sino para cubrir gasto corriente o para refinanciar créditos que habían sido utilizados para cumplir diversos rubros de gasto corriente e incluso para la compra de un bien inmueble que la propia auditoría determinó inexistente o simulada.
Las irregularidades detectadas fueron consideradas violaciones a la Constitución federal y al marco normativo federal y local en materia de deuda pública, por lo cual el Congreso decretó inhabilitaciones administrativas para diversos exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Mario Anguiano (por 14 años); sanciones económicas millonarias (de 638 millones y otra de 69 millones para el exmandatario), así como la orden para denunciarlo penalmente al detectar conductas que posiblemente constituían delitos.
6. La denuncia penal
El 21 de junio de 2016, el presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado, el entonces diputado Nicolás Contreras, acudió acompañado de otros legisladores a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado a interponer una denuncia penal a los exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Mario Anguiano.
En entrevistas por separado en RadioLevy, el auditor Armando Zamora González y el procurador estatal Felipe Muñoz Vázquez explicaron el destino de estas denuncias.
El auditor detalló que los delitos que se podía constituir de acuerdo al informe presentado al Congreso eran peculado, ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos y falsedad de declaraciones ante autoridades no judiciales; por su parte, el procurador explicó inicialmente que había solicitado peritajes técnicos a autoridades fiscales y bancarias, y posteriormente aceptó que el expediente de la denuncia había sido remitido a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).