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Política

Anguiano niega contar con orden de aprehensión (aunque sí solicitó un amparo)

El exgobernador Mario Anguiano negó contar con una orden de aprehensión por la investigación de un crédito por 638 millones de pesos solicitado durante su administración (2009-2015), aunque confirmó que tramitó un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR), la cual lleva al menos dos procesos por supuestos actos de corrupción en dicho sexenio.

El exmandatario solicitó dicha medida de protección judicial y obtuvo una suspensión provisional, acto que de acuerdo con su versión busca manifestar su disposición de ponerse a las órdenes de las autoridades.

«Como ya notificaron a varios de los compañeros (de su gobierno), estaba esperando que me notificaran a mí. A mí no me han notificado. La recomendación, a sugerencia de los abogados, es poner un amparo con dos propósitos: dejar constancia de la disposición para decir ‘cuando tengamos que presentar lo que consideren que tengamos que hacerlo, estamos con toda la disposición'», dijo este martes a la radiodifusora local La Mejor.

«El segundo factor es que no vaya a ser que por alguna circunstancia involuntaria de las instituciones informen que no te encontraron y puedan proceder a una orden de presentación. En realidad lo del amparo era más bien a nivel de prevención para decir ‘aquí estamos, no nos hemos ido, cuando debamos presentarnos, estamos con la disposición’ y evitar que por algún error digan que no nos presentamos», añadió.

Anguiano refirió que varios de sus excolaboradores han sido citados para declarar en torno al crédito por 638 millones de pesos, sobre el cual remarcó que el contrato y ejercicio ocurrió en la administración interina de Ramón Pérez Díaz (2015-2016).

«Nosotros hicimos la solicitud al Congreso del Estado, pero quien firmó el contrato y recibió el dinero fue la administración donde estaba Ramón Pérez Díaz como gobernador interino y quienes están como secretario general de Gobierno y de Finanzas, Arnoldo Ochoa y Carlos Noriega», apuntó.

«Ese tema en particular del crédito fue muy analizado en el Congreso del Estado, hubo incluso un dictamen de la Comisión de Responsabilidades que fue aprobado por el Pleno del Congreso, y en ese dictamen se deja claro que el dinero lo había recibido la administración de Ramón Pérez Díaz y no hay elementos para poder demostrar que de parte nuestra hubo esa malversación de fondos», abundó.

La revisión realizada a este caso por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) generó una sanción contra Anguiano de inhabilitación por 14 años para ejercer cargos públicos municipales y estatales, así como una multa por 515 millones de pesos, pues se detectaron irregularidades como presentación de información falsa, simulación de pagos, uso indebido de los recursos y egresos sin comprobar.

Además de este caso de supuesto indebido de un crédito por 638 millones de pesos con el banco Interacciones, la FGR investiga la compra de un software de contabilidad con un costo de 66 millones de pesos, también en el sexenio de Anguiano.

 ¿Qué sigue? 

La admisión a trámite de la demanda de amparo consta en el expediente 896/2019, con fecha de emisión de acuerdo del pasado viernes, según la síntesis disponible en el sistema de consultas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La notificación señala que la audiencia constitucional se fijó a las 9:45 horas del 18 de octubre de 2019, en tanto que a la misma hora del próximo viernes deberá realizarse una audiencia incidental (de presentación de pruebas y alegatos previo a la resolución).

«Notifíquese el trámite de este asunto al Ministerio Público de la Federación adscrito en los términos que establezca la ley», indica la resolución.

Para mantener la suspensión provisional, Anguiano debe exhibir una garantía por 10 mil pesos y comparecer cuando la autoridad judicial lo solicite.

«Una vez que se confirme la existencia del acto reclamado y de la autoridad responsable que lo emitió, se impone la obligación a la parte quejosa para que dentro del término de tres días comparezca ante esa autoridad y cuantas veces le sea exigido y acredite esta situación a este juzgado. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a las anteriores medidas de aseguramiento o a las obligaciones derivadas del procedimiento penal, de conformidad con el artículo 167 de la ley, la suspensión será revocada», advierte.

 Nacho y el linchamiento político 

Mario Anguiano afirmó que los señalamientos en su contra forman parte de un linchamiento político, en el que no descarta la participación del actual gobernador, Ignacio Peralta.

«No tengo elementos para decir que estaba al frente y tampoco para decir que no. Pero si puedo decir que hay muchos comentarios que yo escuchaba hasta del propio gobernador que daban a entender que él mismo estaba impulsando esto. Pero es una percepción», aseveró.

El exmandatario criticó que la administración de Peralta lo culpara a él por las dificultades económicas a las que se enfrentaron, al considerar que se trata de una situación que en su momento a él también le tocó librar y que se viene arrastrando de administraciones estatales pasadas.

«Cuando nosotros entramos había una dificultad financiera igual que como la encontró Nacho Peralta, pero nuestra posición en lugar de responsabilizar al gobernador anterior, que yo sabía que el problema no era con Silverio (Cavazos, exgobernador), sino que venía de mucho antes, nuestra postura fue ver que podíamos hacer para cumplirle a la población», refirió.

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