Debe participar la sociedad en la designación de fiscales en Colima: miembro del CPC nacional
La sociedad civil debe contar con mecanismos de participación en las designaciones de los fiscales pendientes en Colima, consideró Alfonso Hernández Valdez, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El académico —investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)— destacó que la labor del Congreso es primordial para completar al Sistema Estatal Anticorrupción, y añadió que el CPC local puede acompañar y monitorear estos procesos de nombramientos, lo cual ya sucede en otros estados.
“El CPC podría tener una labor importante. Hay algunos estados que ya incursionaron desde su propia legislación en temas donde el CPC interviene en los procesos de nombramiento del fiscal anticorrupción, de los auditores, de los magistrados… Obviamente no nombrando, no tienen la decisión final, pero sí sirviendo como un filtro donde se estudian perfiles y se realizan propuestas. Sería interesante ver si estas prácticas que ya se están dando en varios estados, pueden darse también en Colima”, comentó a EstaciónPacífico.
“Del fiscal general no conozco cómo está la legislación específica del estado, pero también la participación y vigilancia social sería fundamental”, agregó Hernández Valdez, entrevistado este miércoles al término de la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Tips anticorrupción
El integrante del CPC nacional se pronunció por que los miembros del Comité estatal trabajen de manera coordinada con las demás autoridades involucradas en el Sistema Estatal Anticorrupción, para lograr mayores avances en el combate a esta problemática.
“Que cualquier tema que se decida dentro del Comité Coordinador sea dialogado, incluso consensuado de manera previa a una votación”, indicó.
El Comité Coordinador está encabezado por el presidente del CPC —integrado por cinco ciudadanos—, y en él también participan los titulares del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, la Contraloría General del Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos (Infocol) y el fiscal anticorrupción (pendiente).
Hernández Valdez señaló que además será necesario elaborar un diagnóstico de las condiciones que permiten en el estado la corrupción y la impunidad, así como un plan de trabajo que incorpore los asuntos que interesan a la sociedad civil, al empresariado y a la academia.
“Una de las responsabilidades del CPC tanto nacional como los locales es establecer vínculos de trabajo con todos los actores sociales”, recordó.
