Lo bueno, lo malo y lo feo de la Policía de Colima

Algunas evaluaciones realizadas recientemente a la Policía Estatal de Colima permiten detectar factores positivos y negativos de esta corporación.

La Policía Estatal presenta contrastes en el estudio “Modelo Óptimo de la Función Policial” de la Secretaría de Gobernación (Segob) o el Indepol, elaborado de manera independiente por la organización civil Causa en Común, pues aunque en algunos apartados se ubica por encima de los estándares nacionales, en otras está por debajo.

 Lo bueno 

Causa en Común ubica a la Policía Estatal de Colima como la quinta corporación mejor evaluada en el Indepol 2017, es decir, la quinta que más se acerca a cumplir con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En una escala de -100 a 0, donde 0 corresponde a cumplir con lo establecido en dicha legislación, Colima aparece con -31 puntos, por detrás de Baja California (-22), Morelos (-23), Puebla (-25) y la Policía Federal (-26), explicó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, en entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en RadioLevy.

“Es el quinto menos malo. La calificación en 0 sería una corporación que cumple con la ley del SNSP en cuanto al desarrollo de las policías”, detalló Morera en torno al estudio —con datos de 2015 y 2016.

El salario promedio de los agentes colimenses es superior a los 12 mil pesos, cuando a nivel nacional es de 9 mil 933 pesos.

La corporación cumple con los requerimientos para la operación del Servicio Profesional de Carrera, la Comisión de Honor y Justicia, y cuenta con las tres unidades policiales exigidas: Procesal, Cibernética y de Operaciones Especiales.

 Lo malo 

Aparte del sueldo, los policías estatales de Colima perciben cuatro de las seis prestaciones que exige la Ley del SNSP. Pese a que cuentan con seguro de vida, crédito para vivienda, becas para sus hijos y “apoyos para policías caídos en cumplimiento del deber”, no cuentan con seguro de gastos médicos mayores, ni un fondo de ahorro.

Morera destacó que en la entidad no está reglamentada aún la obligación del estado a cumplir con algunas de las disposiciones de ley en cuento a las prestaciones de los elementos de seguridad pública.

“En seguridad social, Colima no cumple con lo que marca la ley, que dice que deben tener los policías régimen de seguridad social complementario, es decir, que además de lo que le dan a los servidores públicos, tienen que tener un seguro de gastos funerarios, el seguro de gastos médicos mayores, bonos, y todo esto no lo están cumpliendo, ni siquiera lo tienen reglamentados”, enfatizó.

Esta corporación tampoco ha logrado completar su actualización en el nuevo Sistema de Justicia Penal. De acuerdo con los datos de la Segob en el referido estudio —actualizado a abril pasado—, sólo el 27% de los elementos han tomado los tres talleres necesarios para ello, siendo que el estándar requerido es que el 100% de los elementos cuentes con esa capacitación.

En el Modelo de Gobernación, Colima tiene una mayor tasa de policías por cada mil habitantes que el promedio nacional, 1.3 contra 1.1. Sin embargo, es inferior al número óptimo establecido, que es de 1.8.

En cuanto a los elementos con pruebas de evaluación y depuración, el 4% de la Policía Estatal colimense reprobó y 7% no han sido evaluados o no han recibido sus resultados. El estándar es de 100% de los elementos aprobados, por lo que Colima está 11 puntos por debajo.

 Lo feo 

Colima no cuenta con una academia que cumpla con el estándar para el entrenamiento de policías, por lo que la formación de los nuevos elementos no es la adecuada.

“Tenemos muchas academias en el país y algunas de estas no tienen ni siquiera stand de tiro. Cómo preparan a los policías si no tienen stand de tiro”, comentó María Elena Morera al cuestionarle sobre los desafíos que tendrá la futura Presidencia de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública.

A lo largo de este año, cuatro elementos de seguridad han sido asesinados en el estado, según el monitoreo de medios locales que realiza Causa en Común. Dos de ellos eran parte de la Gendarmería, uno más de la Policía Municipal de Manzanillo y otro laboraba en la Procuraduría estatal.

Aunque ninguno de estos casos corresponde a policías estatales, estos hechos cobran relevancia al considerar el reto de las corporaciones frente a los grupos violentos que operan en Colima.

“El problema de Colima es de delincuencia organizada, entre los pleitos del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y me parece que ahí la estrategia debe de ser del gobierno estatal y el gobierno federal, mucho más contundente en estos temas, además de preparar a las policía”, destacó la especialista.