El proceso de juicio político mediante el cual se propone la remoción e inhabilitación durante siete años del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, está llegando a su conclusión, tras más de 31 meses de proceso.
El PRI denunció al panista en enero de 2016, por la presunta comisión de delitos electorales durante la campaña extraordinaria de Jorge Luis Preciado a la gubernatura, y en los próximos días podría quedar resuelto el expediente contra Mendoza.
El caso ha pasado por los escritorios del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual falló la semana pasada contra ‘Rafa’ al declarar infundados sus planteamientos en el expediente 68/2017.
Al respecto, Mendoza comentó que no ha sido notificado sobre lo aprobado por la SCJN, por lo que hasta que esto suceda realizará comentarios y determinará cómo seguir el caso.
“Vamos a esperar la notificación de la Suprema Corte con mucho gusto, y ya nosotros determinaremos cuál es la decisión que vamos a tomar, por lo pronto tengo recomendaciones de comentar lo mínimo, de no dar detalles, porque nosotros vamos a determinar el camino que vamos a seguir”, dijo a EstaciónPacífico.com.
A continuación te presentamos el recuento de lo sucedido en este caso.
1. Los hechos
El 31 de diciembre de 2015, Rafael Mendoza pidió licencia temporal a su encargo como alcalde de Cuauhtémoc para sumarse a la campaña de su compañero panista Jorge Luis Preciado en la contienda extraordinaria por la gubernatura de Colima.
Los días 9 y 11 de enero de 2016, participó en dos eventos proselitistas en dicho municipio, en el que, según fue denunciado días más tarde, utilizó su investidura de presidente municipal para solicitar el apoyo a favor del candidato de Acción Nacional.
2. La denuncia
El 14 de enero de 2016, el PRI denunció a Mendoza y al PAN ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) por la supuesta realización de actos proselitistas a favor de Preciado en los referidos eventos.
La parte denunciante señaló que, a pesar de que Mendoza solicitó licencia para separase del cargo, vulneró el principio de imparcialidad por su asistencia y participación activa durante un día hábil, y añadió el supuesto condicionamiento de la entrega de programas sociales a la emisión del voto.
La queja quedó registrada en el expediente JL/PE/PRI/JD01/COL/PEF/03/2016.
3. Resolución de los magistrados
El 26 de enero siguiente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE remitió a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el expediente.
La misma Sala regresó el expediente al INE para su debida integración, y el 29 de enero nuevamente quedó en poder del Tribunal Electoral, que el 4 de febrero determinó que el alcalde de Cuauhtémoc sí había cometido una infracción por participar en actos proselitistas, pero no por condicionar los programas sociales. Esta resolución determinó que hubo una falla de parte de ‘Rafa’, pero no se pronunció en torno a si ameritaba una sanción ni a cuál sería.
En la resolución, se ordenó dar vista al Congreso del Estado para que procediera conforme a derecho.
4. El Congreso inicia juicio político contra Mendoza
El 15 de febrero, la Mesa Directiva del Congreso local turnó a la Comisión de Responsabilidades el oficio SRE-SGA-OA-745/2015, que contenía la referida resolución de la Sala Regional Especializada.
La entonces presidenta de dicha Comisión, la panista Julia Jiménez, presentó el 10 de marzo de 2016 el dictamen en el que se dio trámite a iniciar el procedimiento de juicio político en contra del presidente municipal.
5. La sentencia del Congreso
El 25 de febrero de 2017, el Congreso del Estado aprobó las conclusiones del expediente del juicio político en contra de Rafael Mendoza, tras meses de recepción de pruebas y alegatos por parte del alcalde y del Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
El dictamen plantaba que la responsabilidad en la que incurrió el edil estaba plenamente probada, por lo que proponía las sanciones señaladas en el Artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir, inhabilitarlo de ocupar y ejercer cargos, empleos o comisiones en el sector público estatal y municipal por siete años.
El dictamen aprobado fue enviado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) para imponer las sanciones que correspondan.
6. Mendoza sale a defenderse
El 23 de febrero, el alcalde de Cuauhtémoc interpuso una solicitud de amparo ante cualquier resolución del Congreso del Estado, tribunales electorales, el cabildo y el STJE con relación al juicio político que se interpuso en su contra.
Además, el Ayuntamiento de Cuauhtémoc promovió una controversia constitucional. Con ambas acciones jurídicas, Mendoza pudo frenar temporalmente el proceso.
7. Desecho del amparo
El pasado 31 de enero, el Juzgado Segundo de Distrito negó a Mendoza el amparo que promovió, aunque esta misma instancia le había concedido una suspensión en marzo del año previo.
Dos semanas después, el 14 de febrero, interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del 32º Circuito, el cual determinó improcedente el amparo por tratarse de un asunto político.
8. El revés en la Suprema Corte
La Segunda Sala de la SCJN declaró el pasado miércoles infundada la controversia constitucional 68/2017, con la cual el Ayuntamiento buscó defender al alcalde Mendoza.
Debido a que la votación estuvo dividida —tres votos a favor y dos en contra—, la Segunda Sala de la SCJN debe hacer un ajuste de la sentencia presentada por el ministro Fernando Franco. Cuando esto suceda y se notifique a las partes involucradas, se podrán conocer las consecuencias de esta determinación. Así lo explicó el presidente estatal del PRI, Rogelio Rueda —como tercer interesado al ser el partido que en primera instancia presentó la denuncia.
“No conocemos qué se dijo, no conocemos cómo es que llegaron a esta conclusión en la discusión que se tuvo ahí en la Segunda Sala de la Corte. Eso necesitamos saberlo una vez que tengamos la resolución, la sentencia. Pero como hubo esta discusión, se tiene que hacer un engrose”, dijo este lunes a Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en RadioLevy.
“Se va a modificar el proyecto presentado por el ministro ponente, Fernando Franco, y una vez que este engrose de la sentencia esté terminado, en todos sus considerandos (…) ese ajuste se va a tardar unos días”, añadió.
¿Qué sigue?
Rogelio Rueda comentó que a Mendoza no le queda otra instancia a la que pueda recurrir para defenderse, dado que la SCJN ya resolvió la controversia constitucional.
“Todas las instancias del Poder Judicial, las dos vías que utilizó para prolongar esto, para detener esta sanción, le resultaron infructuosas”, señaló el dirigente estatal del PRI.
Mendoza comentó que por recomendación de sus abogados, no hará comentarios acerca de la resolución aprobada por la SCJN hasta ser notificado al respecto, para seguir el camino jurídico adecuado.
“Vamos a esperar la notificación de la Suprema Corte con mucho gusto, y ya nosotros determinaremos cuál es la decisión que vamos a tomar (…) Estoy convencido de que esta lucha la vamos a ganar y vamos a seguir trabajando a favor de Cuauhtémoc”, resaltó en entrevista telefónica.
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