Así se revisa la cuenta pública con el nuevo Sistema Anticorrupción

El nuevo Sistema Estatal Anticorrupción contempla un cambio en el procedimiento para sancionar a los funcionarios a quienes se realicen observaciones por posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Esta semana, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), dedicada a revisar y evaluar el uso de los recursos públicos, presentó los informes finales de los exámenes correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 de los 10 ayuntamientos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial locales, los cuales serán analizados empleando el nuevo método.

Actualmente, la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado está encargada de revisar los informes de las cuentas públicas emitidos por el Osafig. Posteriormente, esa comisión turna los documentos al Pleno de los diputados, quienes dan cuenta de que se terminó la revisión de cada una de estos reportes de gasto público, para posteriormente regresarlos al órgano de fiscalización estatal, el cual en ese momento tiene la tarea de clasificar las conductas entre graves y no graves.

 ¿Y después? 

Si el Osafig considera que una conducta no es grave, el mismo órgano se hace cargo de asignar una sanción; sin embargo, si el análisis arroja un comportamiento grave, turnan el caso al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), órgano creado a partir del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual determina qué castigo aplicar.

En el Artículo 77 de la Constitución Política local se expresa que el TJA:

Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

 Menos política, más legalidad 

Para el diputado local panista Riult Rivera, presidente de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado, a la cual le corresponde analizar y emitir un dictamen sobre las revisiones emitidas por el Osafig, es positivo que el Legislativo local no sea el organismo que deba aplicar las sanciones a los imputados, como antes se hacía. El legislador señaló que esto permite despolitizar el tema y por lo tanto, aplicar “castigos” más justos.

“El hecho de que llegue a un poder político (las revisiones) pues desde luego que van a terminar impregnadas de política, pareciera como un filtro, pero bueno, ya con el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción será algo diferente, menos político el tema (…) Recordemos que hasta hubo bloqueos de carreteras al momento de actuar nosotros, siempre van a ser polémicas las decisiones porque va a estar impregnada de política”, dijo este miércoles a Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en RadioLevy.