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Seguridad

Colima, entre los estados sin ley de protección a los defensores de #ddhh

Colima es una de las 22 entidades que no cuenta con una ley de protección a la integridad de las personas defensoras de los derechos humanos, de acuerdo con un informe difundido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El quinto visitador general del organismo defensor, Édgar Corzo, indicó que cinco estados expidieron una ley con este propósito tras la emisión de la recomendación general 25/2016, emitida al respecto por el ombudsperson nacional. Colima no fue una de ellas.

Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas fueron las entidades que publicaron las referidas normas locales, sumándose así a la Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo y Veracruz, que ya contaban con ellas.

La CNDH indicó en el referido documento (Estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos), que realizó en coordinación con la UNAM, que las leyes de las primeras cinco entidades mencionadas, en su mayoría se tratan de legislaciones reactivas, es decir, que se enfocan en hacer frente a situaciones de riesgo, lo cual genera dos omisiones en la protección de las personas.

“Las leyes estatales meramente reactivas generan dos grandes omisiones en la protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. La primera, la falta de reconocimiento explícito sobre el derecho a defender, y la segunda, el derecho a la verdad y acceso a la justicia de esta población cuando sufren agresiones”, indica el estudio.

Pese a la laguna legal, el referido estudio ubicó a Colima como una de las 17 entidades con un resultado “satisfactorio” respecto al Índice General de Cumplimiento de la recomendación general 25/2016, con un puntaje de 0.67. Con este indicador, la CNDH midió el nivel de respuesta de las autoridades, mas no las acciones concretas que realizan, para atender la problemática de las personas defensoras de derechos humanos.

La CNDH señaló que no recibió respuesta por parte de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, ni de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Quienes sí respondieron fueron el gobernador y la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de propuestas, el estudio considera que los gobiernos pueden dar mayor difusión sobre las labores que realizan las defensoras de los derechos humanos, ya sea a través de redes sociales o mediante carteles.

Aunado a lo anterior, recomienda la realización de reportes semestrales o anuales del Mecanismo de Protección para las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en los que cada estado presente una base de datos actualizada con las personas defensoras dentro de su territorio.

La CNDH también informó que impulsará que los Ombudsperson del mundo suscriban la Declaración de Marrakech sobre la promoción y la protección a las personas defensoras de los derechos humanos, además de presentar diversas propuestas sobre la importancia de prevenir y atender las agresiones y crímenes.

Este organismo también presentará la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos” ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés), según informó en un comunicado.

Además, este lunes la CNDH informó que solicitó a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizar la protección de 727 personas amparadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de que este se quedó sin recursos. El organismo defensor urgió a la implementación de medidas cautelares a favor de los activistas e informadores.

“La Segob y la SHCP hasta ahora han incumplido, al no tenerse elementos que acrediten lo contrario, su compromiso de asignar 75 millones de pesos al Mecanismo para mantener medidas de protección por el resto de este año, la CNDH considera que se actualizan los elementos de gravedad, urgencia e inminente daño irreparable, al posibilitar que se vulneren los derechos fundamentales de las personas beneficiarias y en algunos casos también de sus familiares”, indicó este lunes en un boletín.

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