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Política

Nacho y 8 alcaldes desairan iniciativa anticorrupción de ¿Cómo vamos? Colima

El lanzamiento de la “Plataforma de alerta de desvío de recursos públicos” por parte de la asociación civil ¿Cómo vamos? Colima brilló por la ausencia del gobernador Ignacio Peralta y la mayoría de los alcaldes, quienes habían confirmado su asistencia al evento.

Los integrantes de esta organización civil presentaron el acuerdo de colaboración para participar en el desarrollo de dicha iniciativa, que tiene como objetivo la detección de posibles actos de corrupción en las administraciones municipales o en el gobierno estatal.

En el inicio del evento, realizado en el Archivo de la Universidad de Colima, ningún alcalde estuvo presente, sólo representantes enviados de los ayuntamientos de Colima, Cuauhtémoc y Coquimatlán.

Más tarde, justo a tiempo para firmar el convenio, llegó Felipe Cruz, presidente municipal de Villa de Álvarez, y poco antes de terminar, arribó Griselda Martínez, de Manzanillo.

En representación del mandatario estatal estuvo el consejero jurídico, Luis Alberto Vuelvas, quien afirmó que el Gobierno de Colima asume que con la participación de la sociedad civil se fortalece el combate a la corrupción y se fortalecen las instituciones públicas. Pese a ello, no firmó el documento, pues este tenía el nombre de Peralta.

Sobre estas inasistencias, el director de ¿Cómo vamos? Colima, Carlos Anguiano, indicó que aunque todos confirmaron su asistencia, de última hora algunos avisaron que enviarían representantes por complicaciones de agenda. Al final de cuentas, nadie fue de parte de los ayuntamientos de de Armería, Tecomán, Ixtlahuacán, Cuauhtémoc y Minatitlán.

“Queremos pensar que es un tema por el cambio de administración, que acaban de tomar la presidencia el lunes de esta semana, entonces están acomodándose. Los estaremos buscando para dar seguimiento, invitarlos, presentarles el proyecto e invitarlos a sumarse”, comentó a EstaciónPacífico.com.

 ¿A qué se comprometen? 

El acuerdo de colaboración que ¿Cómo vamos? Colima planteó al gobernador y a los 10 presidentes municipales establece cinco actividades a desarrollar para que garantizar el mejor funcionamiento de la “Plataforma de alerta de desvío de recursos públicos”:

    • Facilitar el acceso a la información de las cuentas públicas en formato de datos abiertos que se requiera para desarrollar el análisis respectivo.
    • Colaborar en el desarrollo de la metodología desde la competencia de cada una de las
      instituciones con la finalidad de generar indicadores sólidos, reales y apegados al marco normativo.
    • Participación en foros y eventos públicos con el fin de recabar información que permita una mejora en la implementación de la plataforma.
    • Establecer un diálogo entre el comité ciudadano y cada administración en el que ambas se fortalezcan y contribuyan con la emisión de recomendaciones dentro del proyecto.
    • Intercambiar experiencias, conocimientos y criterios en materia anticorrupción.

De acuerdo con el comité ciudadano, la plataforma contribuirá a cumplir con el trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción. Para realizarla, ¿Cómo vamos? Colima cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

A través de la PNUD, recibirán apoyo técnico y financiero para concretar el proyecto, el cual estaría listo entre mayo y junio, comentó Anguiano.

 Otros invitados 

Por parte del Poder Judicial acudió el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Bernardo Salazar, quien se retiró momentos antes de firmar el convenio.

Del Legislativo, estuvieron las diputadas Blanca Livier Rodríguez, Jazmín García, Araceli García, Rosalva Farías, Claudia Aguirre y Vladimir Parra, todos de Morena. Aunque no acudió su compañero de partido Guillermo Toscano, quien como presidente de la Mesa Directiva ostenta la representación legal del Congreso.

En el evento también estuvieron presentes la contralora general del Estado, Águeda Catalina Solano, y el fiscal anticorrupción de la Fiscalía General, Francisco Álvarez de la Paz, quienes tampoco signaron el acuerdo por carecer de facultades legales para ello, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y Vania Pérez y Maite García de Alba, representantes de la PNUD.

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