La iniciativa ciudadana de publicidad del gobierno favorece a los medios locales

NOTA DEL EDITOR: EstaciónPacífico.com es un medio de comunicación que ha firmado contratos de publicidad tanto con clientes del sector privado como con instancias públicas como el Gobierno del Estado de Colima, ayuntamientos y el Congreso local, siempre desligados de su línea editorial y de sus contenidos.

Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil presentó una iniciativa ciudadana para poner controles a la publicidad de los organismos gubernamentales y públicos, entre cuyos puntos está el favorecer y fortalecer a los medios de comunicación locales.

El proyecto, impulsado por think tanks, medios de comunicación, periodistas y académicos agrupados en #MediosLibres, urge al Congreso de la Unión a aprobar una nueva Ley General de Publicidad Oficial que abata “el uso proselitista” de los recursos públicos destinados a comunicación social, “impulsar la democratización de los medios, fomentar el pluralismo y garantizar la libertad de expresión e información”.

Entre las medidas planteadas para evitar la concentración y la asignación discrecional de contratos de propaganda, el documento puesto a consideración del Legislativo federal plantea anunciar dichas campañas en medios estatales cuando estos vayan dirigidos a la población a la que se busca impactar, en lugar de invertir esos recursos en medios nacionales.

“Se tiene que favorecer a los medios estatales si ellos cubren la misma población, para que la publicidad no vaya siempre a los mismos medios de comunicación”, dijo este lunes Justine Dupuy, coordinadora de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar —integrante del colectivo mencionado—, en entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en RadioLevy.

La iniciativa puntualiza que los medios, locales o nacionales, y cualquiera que sea la plataforma en la que se desempeñen, deben cumplir una serie de requisitos para formar parte del reparto de contratos, tales como la idoneidad del medio para llegar a la población objetivo, la equidad en la asignación de pauta entre los medios y algunos ‘candados’ de transparencia —tales como los conflictos de intereses entre directivos vinculados con funcionarios—, y no solo el alcance que pueda tener cada proveedor.

“La publicidad oficial, a repartirse solamente con base en criterios como rating o audiencia, aumenta la concentración mediática en el país, y es importante preservar una pluralidad de voces”, agregó.

El texto sugiere establecer que los organismos públicos elaboren un Programa Anual de Comunicación Social que adelante elementos como las campañas a difundir, la población objetivo y la zona geográfica de difusión, mismos a los que deberá dar peso para definir a los medios idóneos para transmitir sus mensajes institucionales, y repartir equitativamente el presupuesto entre ellos.

“Cuando la publicidad a contratarse deba dirigirse a un público objetivo que sea susceptible de ser alcanzado por medios locales deberá ponderarse, sin perjuicio de la aplicación del presente criterio en su ámbito de cobertura, a aquellos medios de comunicación u otras formas de difusión y promoción de exclusiva realización y producción en dichas localidades”, señala la redacción.

Los medios interesados en participar en la difusión de propaganda oficial deberán cumplir con pasos como su inscripción en un Padrón Nacional y someterse a controles por parte de autoridades como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dupuy añadió que otra propuesta incluida es crear un fondo para el pluralismo, investigación y profesionalización de los medios y periodistas, de tal forma que la publicidad gubernamental no sería la única fuente de recursos públicos invertidos en fortalecer iniciativas locales y alternativas de comunicación.

Los miembros del colectivo insisten en que es necesario echar abajo la Ley General de Comunicación Social, aprobada en abril por la anterior Legislatura federal —bautizada por activistas como #LeyChayote—, “legaliza malas prácticas”, en particular un millonario gasto creciente y abusivo por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que tan solo en 2017 ascendió a 11,240 millones de pesos mdp. Para ello, plantean su propia propuesta de Ley, y pretenden que en esencia se replique en las legislaciones locales.