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El Congreso de Colima aprueba la Ley de Austeridad; así busca generar ahorros

El Congreso de Colima aprobó la nueva Ley de Austeridad, que busca generar ahorros a través de la prohibición de gastos considerados como “onerosos”, y destinar los recursos a programas sociales.

“Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley serán destinados a programas sociales”, indica la redacción, según le dio lectura en Tribuna el diputado de Morena Vladimir Parra.

La legislación, que entrará en vigor luego de que sea publicada por el Ejecutivo estatal, prohíbe destinar recursos públicos a una serie de rubros, principalmente prestaciones laborales, facilidades para los funcionarios e inversión en comunicación social.

  1. Prohíbe establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación, individuales o colectivos, para beneficio de cualquier servidor público.
  2. La creación de plazas adicionales a las autorizadas en los presupuestos, así como el incremento de sus percepciones, quedarán sujetos a lo dispuesto en las leyes federales y estatales en materia de disciplina financiera.
  3. Solamente los titulares de los Poderes del Estado, así como los altos funcionarios en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta o blindaje automotriz.
  4. Los vehículos oficiales solo podrán destinarse a actividades propias de la institución, como prioridad los servicios a la población. Quedas prohibidos usos distintos. Los vehículos oficiales que se adquieran serán económicos, procurando que generen menores daños ambientales. Queda prohibida tajantemente la adquisición de vehículos de lujo o gama alta.
  5. La contratación de servicios personales por honorarios solo procederá en casos excepcionales y justificados, y sus contraprestaciones no podrán ser diversas a las establecidas para los servidores públicos con responsabilidades similares. Los contratos garantizarán los derechos de seguridad social y las obligaciones fiscales.
  6. El gasto neto total ejercido anualmente en difusión de propaganda oficial por las dependencias del Ejecutivo se limitará a un máximo del 0.2% de su presupuesto; mientras que para los Poderes Judicial y Legislativo, municipios y órganos autónomos será de hasta el 4%.
  7. Prohíbe la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte, y sólo se autorizarán los viajes oficiales estrictamente necesarios.
  8. Los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder los montos erogados en el presupuesto anterior.
  9. Los fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados se apeguen estrictamente a las reglas de disciplina financiera, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización del gasto, además de que no podrán ser reservados de forma secreta.

“Dicha Ley va en el sentido de los ejes programáticos del Gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los cuales buscan la reducción de gastos onerosos por parte del gobierno y con ello priorizar la inversión social de la Hacienda Pública”, indicó el Congreso del Estado en un comunicado.

El dictamen fue aprobado por 21 votos a favor y una abstención, de la diputada de Morena Lizeth Anaya Mejía.

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