Derechos Humanos pide a SSP que todos los policías patrullen identificados
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) pidió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) que todos los policías y los vehículos oficiales designados para patrullar por las calles de la entidad estén plenamente identificados, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Pública local.
El órgano de defensa de los Derechos Humanos manifestó su preocupación en torno a ese tema luego de que el 18 de diciembre un grupo de adolescentes, al ser abordados por policías estatales vestidos de civiles y que viajaban en una unidad sin identificaciones, se asustaron y huyeron, situación que culminó en un tiroteo, donde un menor de edad resultó herido de gravedad.
“Esta Comisión Estatal considera la imperiosa necesidad de solicitar dicha medida cautelar, debido a que esta práctica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pone en riesgo los derechos humanos de la sociedad, tales como la vida, la dignidad, la integridad personal y el patrimonio”, manifestó la Comisión en un comunicado.
“La CDHEC sostiene que el hecho que los agentes policiacos no se encuentren plenamente identificados causa desconfianza, temor y duda. Además, debe tomarse en cuenta la situación de inseguridad en que se encuentra el Estado”, añadió.
La Comisión de Derechos Humanos local consideró que todos los servidores públicos encargados de la seguridad deben llevar uniformes con la placa o emblema de la institución policiaca a la que pertenecen, una credencial que acredite su identidad como elemento de seguridad adscrito y, en el caso de los vehículos, deberán llevar los logotipos o características que los vuelvan identificables.
El 20 de diciembre la CDHEC informó sobre el inicio de una investigación para atender el caso del menor herido por un elemento de la Policía Estatal.
De acreditarse el agravio a los derechos humanos del joven, o de encontrarse que el policía violó los protocolos para el uso de armas por parte de agentes de Seguridad Pública, la indagatoria puede derivar en una recomendación, a través de la cual se podría solicitar la reparación integral del daño a la víctima o bien, el inicio de los procedimientos administrativos o penales correspondientes.
