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La explicación de Nacho sobre el pago del terreno de la Calzada Galván

El gobernador Ignacio Peralta expuso detalles sobre el proceso con el cual su administración adquirió el terreno de 15 hectáreas en la Calzada Galván donde se ubicaba la 20 Zona Militar, el cual estaba bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual despertó dudas en el Congreso, ante las cuales el mandatario reiteró que éste se realizó de manera «limpia».

El titular del Ejecutivo estatal explicó que la operación se concretó bajo la figura de la donación y no de la compra, para evitar abrir la oferta a posibles actores interesados y garantizar así que el estado se quedara con el inmueble, aunque sí se erogó una contraprestación a la dependencia federal, para la cual solicitó a la Legislatura pasada aprobar un crédito con la intención de emplear parte de esos recurso en esta transacción.

«No hay ninguna operación que esté fuera de lugar o que no esté debidamente convenida, por escrito, firmada, platicada y pactada con las autoridades correspondientes, en este caso principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Para lo limpio no se requiere jabón», dijo este miércoles en conferencia de prensa.

Peralta detalló que el costo de la transacción fue de 497 millones 978 mil 264 pesos por medio de ocho pagos a favor de la Sedena, y aseveró que este jueves acudirá al Congreso a plantear estas explicaciones, luego de que el Legislativo aprobó llamarlo a comparecer para esclarecer este asunto.

Estas son las claves de lo que el mandatario expuso:

1.- Que en un inicio no se hizo público el convenio que establece la forma en que se haría el intercambio entre el Gobierno del Estado y la Sedena por el terreno de la Calzada Galván, debido a una cláusula que así lo mandata el mismo documento.

“Ellos (la Sedena) pidieron que ese acuerdo de coordinación se mantuviera como información reservada y nosotros respetamos esa petición que además está convenida en el propio cuerpo del acuerdo en la cláusula nueve”, señaló.

2.- Que en la primera cláusula, inciso B, la recepción a título gratuito se condiciona a que el Gobierno de Colima entregue una cantidad monetaria que resulta de un avalúo hecho por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), y a donar el inmueble donde se ubica la actual 20 Zona Militar en Loma de Fátima, Colima.

Inciso A: La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a realizar los trámites para poner a disposición del Indaabin este predio que ocupa el campo militar número 20 a fin de que sea retirado de su servicio y desincorporado del patrimonio inmobiliario federal con la finalidad de que se entregue a título gratuito al estado a través del Idaabin, una vez que se haya concluido con la construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones (…) en el predio y con los recursos económicos que le proporcionará el Gobierno del Estado”, detalló.

El inciso B lo que dice es que la recepción a título gratuito de ese terreno está condicionada a que el Gobierno del Estado entregue la cantidad dineraria que resulta de la evaluación o del avalúo que el propio Idaabin hace de lo que vale este terreno (…) el estado, además de donar a favor del gobierno federal el inmueble en el que actualmente se ubica la 20 Zona Militar, (…) el Gobierno del Estado se obliga a proporcionar a la Secretaría de la Defensa Nacional, recursos económicos por la cantidad de 493.5 millones de peso”, añadió.

3.- Que el Indaabin determinó que el costo de terreno, sin contar los bienes distintos a la tierra, resultó en 398.8 millones de pesos.

4.- Para valuar los bienes distintos a la tierra se contrató a dos personas: el arquitecto Fernando Olmedo Buenrostro y el ingeniero Manuel Godínez Serrano. Esto, agregó, se llevó a cabo el 30 de enero de 2017 y dio como resultado la cantidad de 134.2 millones de pesos.

5.- En total, explicó Peralta, la suma da 533 millones de pesos, pero se logró que el pacto quedará en 493 millones.

“Logramos un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional que le permitiera al Gobierno del Estado pagar por los bienes distintos a la tierra una cantidad menor a la que establece el avalúo comercial”, abundó.

6- Sin embargo, luego se celebraron dos acuerdos modificatorios en los que la cantidad quedó en 497 millones 978 mil 264 pesos que se entregaron en ocho pagos a la Sedena.

“Posteriormente a ellos hubo dos acuerdos modificatorios (…) y que incrementaron la donación de recursos por parte del Gobierno del Estado a la Secretaría de la Defensa Nacional ya por montos relativamente pequeños (…) que se entregaron en ocho pagos, en ocho transferencias bancarias”, expresó.

7.- Que del crédito de 410 millones para el cual se solicitó autorización al Legislativo, 200 millones se se usaron para este pago. Y que en el decreto de aprobación están etiquetados para la adquisición por parte del estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios urbanos.

“Solamente le solicitamos en el crédito al Congreso del Estado, la cantidad de 200 millones de pesos para cumplir con el convenio, es decir, el Gobierno del Estado hizo un esfuerzo muy importante para poder cumplir con los 497 millones sin recurrir al 100% de esta cantidad para ser financiada con un crédito a largo plazo. Solamente estamos financiando 200 millones de pesos”, agregó.

8.- Ignacio Peralta afirmó que cuentan con toda la evidencia financiera de las transferencias hechas a la Sedena y que el mismo convenio establece las cantidades y fechas para el pago. El proceso jurídico, manifestó el gobernador, concluyó en febrero, aunque el de escrituración sigue en curso.

“Tenemos toda la evidencia financiera para demostrar las transferencias financieras (…) el proceso juridico concluyó yo diría formalmente en febrero, sin embargo, lo tenemos que decir, el proceso de escrituración todavía no ha concluido”, comentó.

9.- Según el gobernador, si esta operación se hubiera manejado como una compra-venta, se tendrá que hacer una licitación pública abierta, donde la administración hubiera sido un participante más, sin garantía de ganarla.

“Si se hubiera llevado a cabo por parte del gobierno federal la desincorporación de este terreno a través de una compraventa y no de una donación, hubiera tenido que hacerse una licitación pública abierta, en donde el Gobierno del Estado hubiera sido un participante más en este proceso de licitación, que no garantizaba que nos fuera adjudicado a nosotros”, apuntó.

Peralta se comprometió a entregar todos los documentos probatorios al Congreso del Estado, al Archivo Histórico de la entidad y a los medios de comunicación.

Luego de que el predio fue adquirido por el Gobierno del Estado y desocupado por los militares, la administración de Peralta inició un proceso de consulta, por medio del cual una Comisión Ciudadana planteará qué hacer con el terreno, donde se busca constituir un nuevo espacio público.

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