#ElFaro: AMLO en Colima: descortesías, dudas, medallitas, abucheos y qué sigue
Peeero, el titular del Ejecutivo federal dejó algunos huecos en la explicación: ¿ya revisaron si es legal la concesión?, ¿los argumentos de los quejosos pueden tener el mismo destino en otras carreteras concesionadas? Con una mano, el mandatario dio palmaditas a la empresa Pinfra, al decir que “en efecto tienen una concesión por 60 años”, así como al reconocer su disposición para encontrar esta solución a una problemática social, pero con la otra apretó el puño para recordar que ha habido “denuncias” en su contra… ‘Haiga sido como haiga sido’, al mensaje le faltó detalle y claridad.
Para llenar los vacíos, un día después la SCT salió a decir que la revisión ya la realizaron y que la concesión es “vigente y sustentada legalmente”, así como que esta solución no aplica para otras carreteras. Con todo y la aclaración del tipo “lo que el presidente quiso decir”, quedan en el aire al menos otro par de preguntas: ¿cuánta inversión falta por recuperar de esta concesión?, ¿y cómo afectará el plazo de finalización de la misma con el cambio en el flujo de ingresos de la caseta?
Sin embargo, la cosa se complica un poco si los dichos llaman al “no oportunismo político” pero los hechos hablan de lo contrario. Al final, no hay que complicarnos tanto: la ciudadanía evalúa lo hecho y comunicado por unos y por otros.
En el minuto y medio que duró su mensaje sobre el tema, el presidente López Obrador mencionó dos nombres: el gobernador Ignacio Peralta y la delegada Indira Vizcaíno; a ellos dos, el presidente quiso darles crédito.
Pero tampoco hay que darle tantas vueltas: es una decisión del gobierno federal, que si sale bien, pues habrá que reconocérselo al gobierno federal… y si sale mal, reclamárselo.
El góber adelantó que no llevaría bulla contra el presidente, pero lo que no dijo es que sí llevaría a su propia porra, que por momentos competía con el griterío de rechazo hacia su administración, que a tres años ya sufre el inevitable desgaste del poder (en todo caso, abucheos “normales”, nada que no se vea en otros eventos con gobernadores, según nos comentan en el equipo que viaja con el presidente).
El momento culminante de las huestes nachistas fue cuando el mandatario federal anunció que los autos particulares dejarían de pagar la caseta de Cuyutlán, que provocó una evidente algarabía entre la cual destacaba el grito de “Nacho, Nacho”, al que le entró hasta el gabinete estatal, reunido en pleno en el evento.
Sana competencia se llama, y se decreta un salomónico empate.
Los bien intencionados dirían que fue una simple distracción, pero el equipo de AMLO que lo acompaña en todas sus giras tiene otra visión del tema: resulta que alguien le mencionó o comentó una nota local, en la que entre líneas podía leerse una molestia del gobernador por el dinero que cuesta al estado una visita presidencial.
Así es que esa descortesía política —que por cierto, antes del 1 de diciembre de 2018 a nadie en Colima se le hubiera ocurrido— el presidente la pagó “con el látigo de su desprecio”. Los atentos lo notaron.
Este miércoles se volvieron a ver en Palacio Nacional, en el marco de la recepción de López Obrador a gobernadores del PRI. ¿Aprovecharon para profundizar esta especie de sinergia?
El mandatario estatal coincidió con el fondo del planteamiento del descuento universal a estudiantes, pero pidió algunos cambios a la redacción del documento, buscando darles algo de oxígeno a los concesionarios para que logren sostener un diálogo fluido con el Legislativo.
Pero, molestos del todo con el veto parcial, algunos diputados plantean pelear que dicha decisión es ilegal, con el argumento de que ya pasó el plazo máximo para que el gobernador lo comunicara al Congreso.
Su argucia legal —por llamarle de manera benevolente— busca que, tomando en cuenta un artículo de la Ley Orgánica del Legislativo que dice que para sesionar todo día es “hábil”, quieren argumentar que los 10 días hábiles que la Constitución le da al gobernador para vetar una ley aprobada son en realidad 10 días naturales.
Los diputados deberían recordar que el Ejecutivo ya ordenó avanzar en un censo en la Secretaría de Educación para tener claridad del universo de estudiantes sujetos al descuento, y que anunció que se aplicará a partir del próximo ciclo escolar, lo cual puede hacer independientemente de si hay en firme una reforma que lo avale o no.
El riesgo que corren los diputados es que —hablando de “colgarse las medallitas”— el que está vetando el descuento, termine cosechando los réditos políticos de su implementación.
