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Por un amparo, el Congreso quita inhabilitación a exsecretarios de MAM

El Congreso del Estado aprobó dejar sin efecto la inhabilitación para ocupar cargos públicos impuesta contra Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario general de Gobierno durante la administración de Mario Anguiano, y Blanca Isabel Ávalos, exsecretaria de Finanzas durante la misma administración, como consecuencia de amparos que les fueron concedidos contra una resolución del propio Legislativo que lo sancionó por presuntos actos de corrupción.

El dictamen deriva de la sentencia de amparo indirecto interpuesto ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima por Gutiérrez Villalobos, quien señala supuestas inconsistencias en el decreto generado por la Comisión de Responsabilidades de la anterior Legislatura, que entonces estuvo presidida por el panista Riult Rivera, así como otras en el trabajo del órgano auditor que derivaron en la sanción por cinco años. Ávalos obtuvo ante el mismo Juzgado otro recurso en contra de su inhabilitación por cuatro años.

“No es posible imponer sanción al observado ya que de lo contrario se afectarían los derechos humanos”, dijo Rogelio Salinas (Morena), al presentar el dictamen sobre Gutiérrez Villalobos.

El resto del contenido del decreto, que no fue motivo de análisis, se deja “intocado”.

El coordinador de Morena en el Congreso, Vladimir Parra, dijo que buscarán fincar responsabilidades a quienes en la pasada Legislatura hicieron el trabajo de manera deficiente.

“En ese mismo dictamen se concluye que las observaciones planteadas resultan ser infundadas e inmotivadas, por lo que afirma en este mismo dictamen que no resulta procedente imponer su aplicación. Sabiendo todo esto, reconociendo que el Osafig había hecho un trabajo deficiente, el diputado Riult Rivera decidió dictaminar sancionando a los inculpados (…) Buscaremos, si es así, responsabilidades para los que hicieron de manera deficiente su trabajo en la anterior Legislatura”, advirtió.

El decreto 613, aprobado por el Congreso el pasado 27 de septiembre, fue producto de las observaciones que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) realizó en la revisión extraordinaria al crédito por 638 millones contratado por la administración del entonces gobernador Mario Anguiano (2009-2015) en diciembre de 2014, esto es unos meses antes de dejar el poder. La auditoría detectó la presentación de información falsa y el uso de los recursos prestados para conceptos indebidos, así como egresos sin comprobar, entre otras irregularidades.

Dicho dictamen también inhabilitó a Anguiano, por 14 años sin ejercer cargos públicos municipales y estatales, además de una multa por 515 millones 174 mil 928 pesos, así como por cuatro años contra la exsecretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández.

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