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Política

Colima, primer estado que se queda sin Comité Anticorrupción por falta de recursos

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cumplió su amago de parar labores a partir de este viernes si no recibían la ampliación presupuestal que solicitaron, con lo que convirtieron a Colima en la primera y única instancia de este tipo que a nivel nacional que suspende parte de sus actividades por problemas financieros.

Los cuatro integrantes del CPC se deslindaron de la responsabilidad de construir y poner en marcha el SEA —conformado además por representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Gobierno del Estado, del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig), del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Infocol)—, por considerar que dicha escasez de recursos humanos, materiales y tecnológicos hace imposible cumplir con los deberes que les atribuye la ley.

“Esta condición continuará en tanto no haya una respuesta satisfactoria”, advirtieron este lunes en un desplegado firmado por el presidente del CPC, Carlos Maldonado, y los otros integrantes: Isela Uribe, Carlos Alcántar y Carlos Garibay, quienes añadieron que seguirán trabajando en lo que compete a su “responsabilidad moral para con la sociedad”.

Maldonado añadió este miércoles que, hasta el momento, el gobernador Ignacio Peralta no se ha comunicado con ellos desde que anunciaron esta suspensión de operaciones.

“Nadie nos ha buscado, haz de cuenta que no leen el periódico y que no escuchan la radio, pero bueno, no me estoy quejando porque entiendo que el gobernador no estaba en Colima, y entiendo que quienes están abajo de él no son secretarios, son ministros y por lo tanto no tienen una responsabilidad”, dijo vía telefónica.

El presidente del CPC destacó la importancia de contar con un SEA fortalecido en todos sus organismos, y enfatizó que los recursos que se filtran por usos indebidos podrían ser aprovechados en temas de beneficio para la sociedad.

“No se puede caminar así, y esa coladera que es la corrupción se está llevando los recursos que podrían servir para educación, salud, carreteras, para todo lo que nos hace falta”, precisó.

Maldonado ha insistido en que el CPC requería 5 millones de pesos adicionales para finalizar el año, y que si no les eran ministrados antes del 21 de junio, se irán a paro. Este monto extra es casi el doble de los 2.6 millones que el Congreso presupuestó para que el Comité ejerciera este año, bolsa que los ciudadanos anticorrupción consideran insuficiente para cumplir diversas funciones, entre las que destacan la instalación de una plataforma digital para el combate a esta problemática.

 “Olvidan su vocación ciudadana” 

Isaak Pacheco, integrante de Ethos —think tank que recientemente realizó un estudio sobre los problemas que han enfrentado los SEA a lo largo del país—, consideró que pese a coincidir en que la cuestión presupuestaria es importante, en ese tema no recaen todas las labores de un CPC.

El especialista anticorrupción agregó que la decisión del comité local de dejar pasar algunas de sus responsabilidades podría ser un indicio de que “se les está olvidando su vocación ciudadana” que consiste en poner sobre la mesa los temas de combate a la corrupción.

“Al CPC se le está olvidando esta vocación ciudadana que tienen de subir a la mesa del Comité Coordinador los temas que interesan a la ciudadanía en cuanto a combate a la corrupción. Tal vez para señalar un caso, un escándalo de corrupción, una omisión, algo que hizo una autoridad. Y para eso, no necesitas muchos recursos”, abundó en entrevista telefónica con EstaciónPacífico.com.

“Se supone que tienen vínculos y lazos naturales con la sociedad civil organizada local y los institutos de investigación y universidades locales, y en muchas ocasiones en esos lugares hay gente que está haciendo investigación y documentando casos de corrupción (…) Puede ser que requieran de mucho personal de apoyo, pero también es cierto que cinco personas con un perfil de investigadores podrían elaborar una propuesta de política pública”, agregó.

Pacheco mencionó que actualmente ni siquiera la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con los recursos para instalar su propia plataforma.

“No me pongan ese pretexto porque todavía no tenemos ni siquiera una plataforma digital nacional. Hay elementos básicos que ayudarían, pero hay asuntos que pueden seguir haciendo si se consideran y vienen de la sociedad civil y de la academia realmente”, apuntó.

El experto explicó que entre las atribuciones de un Comité Ciudadano Anticorrupción no se encuentra la integración de carpetas de investigación en la materia ni la persecución de personas implicadas en este tipo de actos, sino que deben trabajar para que los actores de la sociedad civil volteen a ver los diferentes casos en la materia, y que en conjunto puedan exigir a las demás autoridades del SEA atender sus exigencias.

“Ellos están para opinar, para emitir observaciones, para brindar recomendaciones de política local anticorrupción, sobre lo que están haciendo o dejando de hacer los miembros del comité coordinador, pero también creo que una de sus atribuciones principales es para que fijen la agenda de combate a la corrupción dentro de su Comité Coordinador”, aseveró.

“Soy parte del consejo consultivo del Inai (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), soy su secretario técnico. Los miembros de ese consejo consultivo tienen un nombramiento honorífico, ni siquiera reciben un sueldo, y no significa que no puedan fijar o proponer varios temas en la agenda del Inai para que puedan ser atendidos”, ejemplificó el miembro de Ethos.

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