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Un diagnóstico de la CNDH sobre trata señala agravios contra jornaleros de Colima

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas en México 2019, un documento que ofrece una visión integral de esa problemática en el ámbito nacional y donde se señalan las deficiencias en la atención de ese tipo de delitos, entre las que mencionó los agravios contra un grupo de jornaleros en Colima.

El reporte, emitido este martes, refiere que el organismo defensor emitió en abril del año pasado la recomendación 15/2018 sobre el caso de la violación de derechos humanos a jornaleros indígenas de origen mixteco en condiciones de vulnerabilidad, localizados en un ejido en el municipio de Colima.

La recomendación tenía varios destinatarios: el Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobernador de Colima y el presidente municipal de la capital. De acuerdo con la CNDH, el expediente de queja, con folio CNDH/5/2015/2799/Q, destacaba diversas omisiones en las que incurrieron funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, al no atender de forma integral a 62 personas indígenas (48 adultos y 14 menores de 18 años, entre ellos, lactantes) originarios de la región de La Montaña en Guerrero, localizadas en un campo agrícola en Colima.

“Esta Comisión Nacional ha observado violaciones a derechos humanos en agravio de personas trabajadoras jornaleras agrícolas en Baja California Sur, San Luis Potosí y Colima, muchos de ellas posibles víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación laboral y/o trabajos forzados (…) se han radicado expedientes por hechos relacionados ocurridos en otras entidades federativas; lo que evidencia que las acciones implementadas por los estados no han sido suficientes para proteger el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos como trabajadores y prevenir que sean víctimas”, destacó la CNDH en el documento.

El diagnóstico de la CNDH presenta datos entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 sobre trata de persona. La información fue recabada a través de diversas solicitudes de información realizadas a las procuradurías y fiscalías generales de Justicia de las entidades, a los órganos jurisdiccionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homologas en los estados, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el informe, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Colima —ahora Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE)— no identificó víctimas de trata, y por lo tanto, tampoco atendió a víctimas directas ni inició actas circunstanciadas para atender ese delito durante el periodo que se señala.

La CNDH emitió recomendaciones a las autoridades municipales, estatales y federales para que se continúe con las investigaciones y los juicios de delitos de trata, incluyendo trabajos forzados, se aumenten los esfuerzos para someter a justicia a las y los servidores públicos que están metidos en delitos de trata, se incrementen los fondos destinados a los servicios y refugios de las víctimas y se asegure una protección efectiva para testigos y víctimas que testifiquen en contra de sus tratantes.

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