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Política

Reaparecen juntos Chava Bueno y su esposa después de la denuncia de violencia

El alcalde de Armería, Salvador Bueno, reapareció este jueves junto a su esposa, Silvia Saucedo, después de que hace una semana lo denunció ante el Ministerio Público por violencia familiar.

Saucedo acompañó al presidente municipal en su calidad de presidenta del DIF municipal a un evento para entregar sillas de ruedas, bastones y andaderas como apoyo de beneficencia pública. Al finalizar, ambos hablaron sobre las gestiones que realizaron para poder donar este material, de acuerdo con la transmisión del medio local Visión Costera.

La directora del DIF se mostró seria y, sin mirar directamente al alcalde, respondió a las preguntas del reportero durante menos de un minuto y medio sobre las gestiones que se han hecho en el organismo que ella dirige. No fue cuestionada sobre la denuncia que interpuso, y por la cual obtuvo medidas cautelares para evitar actos de intimidación de parte de su supuesto agresor.

El 10 de julio, el Ministerio Público informó al director general de Seguridad Pública de Armería, José Nabor Mandujano, sobre las medidas de protección dictadas a favor de la esposa de Bueno. Éstas, comprendidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluyeron restricciones al alcalde, como la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima, vigilancia en el domicilio de la víctima y auxilio inmediato por integrantes de la policía.

Dicho artículo prevé otras medidas que el Ministerio Público no ordenó, como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o al lugar donde se encuentre, separación inmediata del domicilio, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, protección policial de la víctima, traslado de la víctima a refugios y el reingreso de la víctima a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

En el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que las medidas de protección tendrán una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días, y que cuando hubiere desaparecido la causa que les dio origen, el imputado, su defensor o el Ministerio Público podrán solicitar al juez de control que las deje sin efectos.

El Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) solicitó el pasado jueves una mayor protección para la víctima pero, a partir del viernes dejó de intervenir por solicitud de Saucedo.

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