#ElFaro | ¿La Fiscalía es neutral? / Ser ‘peñanietista’, pecado del Fondo Minero
¿LA FISCALÍA ES NEUTRAL? Durante varios días, hemos relatado los ‘tambores de guerra’ que han hecho sonar algunos grupos morenistas colimenses en contra de la delegada federal en el estado, Indira Vizcaíno, y la semana arrancó con nuevas ‘municiones’ contra la funcionaria… Bueno, es un decir eso de “nuevas”, dado que el ataque es un refrito del tema Altozano, ahora con una denuncia impulsada por ciudadanos.
Una lectura superficial de la nota que da cuenta de esta denuncia, publicada este lunes por el Diario de Colima, deja en evidencia que dicho periódico tenía desde hace más de un mes la información y decidió publicarla unos días después del pronunciamiento contra la delegada que hizo el jueves pasado la diputada federal Claudia Yáñez, en el cual también incluyó al tema Altozano.
Si la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Francisco Álvarez de la Paz, o la propia Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo titular es Gabriel Verduzco, no quieren ser vistas como herramientas al servicio de pleitos políticos, tendrían que ser muy pulcras, eficientes y transparentes en su actuar: si tienen elementos para judicializar el caso, que lo hagan a la brevedad para que un juez decida si puede o no vincular a proceso a alguien; o si no, que deseche el asunto sin dilaciones.
Por el contrario, si esta denuncia, que se presentó a finales de 2017, la siguen dejando viva pero sin que avance en ningún sentido, estas instancias se estarán prestando al uso político de la procuración de justicia.
Y es que lo que está planteando la 4T es que continúe el Fondo Minero, que se le cobre lo mismo a las empresas, pero que en lugar de que la mayoría de los recursos los ejerzan los municipios y los estados, que todo pase a manos de la Federación, principalmente para la construcción de infraestructura educativa por medio de la SEP, donde manda Esteban Moctezuma.
Sin embargo, la iniciativa amloísta viene sin ‘candados’ para que se mantenga el enfoque local que antes tenía. Las empresas mineras, aunque evidentemente no les hacía mucha gracia pagar más impuestos o derechos, ya habían visto este mecanismo como una oportunidad para tener una mejor relación con las comunidades en las que operan.
El asunto todavía tiene que pasar el filtro del Legislativo, y aquí se le puede enmendar la plana al Ejecutivo federal para que, aunque sea la Federación la que ejerza los recursos, se garantice que estos se utilicen en las comunidades donde se lleva a cabo esta actividad extractiva. Parece que el mayor pecado del Fondo Minero es que se le ve como un programa peñanietista; lo que no debe ignorarse es que, aunque mejorable, es un buen proyecto que impulsa el desarrollo local.
