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Política

El caso Anguiano, uno de los pendientes de los diputados salientes de Colima

El caso de las acusaciones por corrupción en la administración del exgobernador de Colima Mario Anguiano (2013-2015) es uno de los asuntos en los que quedan a deber los diputados locales de Colima que este 30 de septiembre terminan legislatura.

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, reconoció que en este pendiente del Congreso del Estado hizo falta voluntad política para poder sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas en la auditoría excepcional realizadas a la gestión de priista.

Zepeda señaló que si bien con la entrada de la 58 Legislatura, de la cual ella forma parte, se trabajó con intensidad y producto de esos esfuerzos resultaron las referidas fiscalizaciones que se realizaron de forma “minuciosa, técnica e imparcial”, a final de cuentas no fue posible sancionar al exgobernador, al recordar que un tribunal de segunda instancia le concedió un amparo.

“Yo creo que en todo es muy importante la voluntad política para llegar al fin de una cuestión de este tipo y creo que sí faltó voluntad política para hacer nuestro trabajo”, dijo este jueves a Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en RadioLevy.

 —¿No queda a deber el Legislativo en algo? 

“La votación que hubo en las elecciones pasadas mucho lleva de la inconformidad de la ciudadanía, de acuerdo a las actividades que desarrolló el Congreso del Estado en este respecto. Se tuvieron auditorías que nunca se habían hecho (…) con resultados a la vista y no obstante que estos resultados fueron del conocimiento de toda la ciudadanía, que se ventilaron, nos enojamos y protestamos, no obstante esto, no hay resultados. Ese es el faltante que tiene esta legislatura”, añadió.

Hasta el momento Mario Anguiano lleva tres denuncias: una ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por irregularidades que ascienden a mil 867 millones de pesos, y dos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el uso indebido de un crédito por 638 millones de pesos con el banco Interacciones y la compra de un software de contabilidad con un costo de 66 millones de pesos.

La legisladora local comparó la falta de sanción al exgobernador con la respuesta del Congreso de Colima para aprobar el dictamen No. 274 elaborado por la Comisión de Responsabilidades en relación con el juicio político que se le sigue al presidente municipal de Cuauhtémoc, el panista Rafael Mendoza.

La denuncia, que culminó en un juicio de responsabilidades que tiene al edil en el borde de la destitución, fue presentada por el PRI bajo el argumento de que durante la campaña electoral de 2016, Mendoza había solicitado una licencia temporal de sus funciones para apoyar al abanderado del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado, sin embargo, usó su investidura de alcalde para solicitar el voto a favor de su candidato, con lo que vulneró el principio de imparcialidad.

“Donde sí hubo voluntad política para sancionar con una inhabilitación por siete años fue al alcalde Rafael Mendoza. Ahí es donde vemos que la vara con la que se mide no es la misma, eso lo observa todo colimense, yo lo he repetido en muchas ocasiones (…) En el Congreso no podemos tapar el sol con un dedo”, reprochó Zepeda.

Consultado aparte, Riult Rivera, diputado local panista, coincidió en señalar que el juicio político contra Mario Anguiano salió de la esfera del Legislativo local tras quedar “congelado” debido a que el exmandatario estatal se amparó ante un juez federal.

“Nosotros emplazamos, recibimos contestación, desahogamos pruebas, se agotó toda la instrucción y está ahí, esperando a que se resuelva por parte de los jueces federales para que el Congreso pueda emitir ya un dictamen final que es la resolución y de conclusión a los procedimientos”, dijo este miércoles en RadioLevy.

“No hemos podido llegar a emitir resolución dictamen en ninguno de sus procedimientos. Hay amparos que se promovieron y esa es la problemática. En el momento en que se decreta una suspensión por parte de un juez federal, el tiempo jurídico se congela hasta el momento en que quede resuelto el juicio de amparo”, abundó.

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