Crisis de violencia homicida ‘abre la puerta’ a otros delitos: ONC
‘Violencia genera violencia’ no es sólo una frase trillada, sino la representación de la realidad de los colimenses.
El director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Leonel Fernández, está convencido de que en una sociedad que está expuesta a altos niveles de violencia por mucho tiempo —como es el caso de Colima, que desde febrero de 2016 ocupa uno de los primeros lugares en la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes— es más probable que aumente la incidencia en otro tipo de delitos, como la extorsión o el robo a casa habitación.
El experto en temas de seguridad aseveró que de acuerdo con la más reciente actualización de las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito que más creció en Colima entre julio y agosto fue la extorsión, al pasar de 4 a 20 casos, respectivamente. Para Leonel, el crecimiento de ese delito guarda relación con una percepción de vulnerabilidad por parte de los colimenses.
“Un niño que vive en un contexto de violencia es más probable que la replique y que la vea como algo normal, que le sea más fácil utilizarla, si vemos a Colima, el delito que más ha crecido es el de extorsión, son delitos que nos hablan de que la sociedad es mucho más vulnerable, en particular porque saben que existe violencia constante”, dijo vía telefónica con EstaciónPacífico.com.
“Mientras más violentada se sienta una comunidad, menos capaces son sus miembros de defenderse a otro tipo de embates, parte de que la gente tiene miedo. Para que la extorsión sea exitosa la gente tiene que saber que hay una consecuencia de que no paguen, que se sientan observados, vulnerados en alguna forma”, añadió.
Datos del Secretariado Ejecutivo refieren que en 2015 en Colima se registraron en promedio 1.1 casos de extorsión cada mes, mientras que de enero a agosto de 2019 han ocurrido 6.7 casos en promedio por mes, un crecimiento superior a 509% en menos de cuatro años. El delito de robo a casa habitación dejó en promedio 110 víctimas mensuales durante 2015 en Colima; de enero a agosto del año en curso, ese mismo delito ha dejado al menos 184 casos en promedio cada mes, es decir, 67% más. En la comparación de esos mismos lapsos, los delitos patrimoniales en general pasaron de un promedio mensual de 273 a 714, más de 161% arriba.
La clave para no normalizar la violencia
Fernández destacó que un aspecto importante evitar caer en una normalización de la violencia es no “despersonalizar” a las víctimas. Aseveró que comenzar a pensar en las muertes como números y no como personas que tenían una familia, u omitir su contexto social o económico son acciones que contribuyen para que la sociedad comience a perder de vista la importancia de exigir a las autoridades salir de la racha de inseguridad.
“Lo terrible es que se normalice un número y se considere alejado, es decir, que no se perfile quiénes son las víctimas, si son jóvenes, si son jóvenes que estaban desempleados, si es cada vez más alto el porcentaje de mujeres, si son madres o padres de familia, ver que puede ser cualquiera de nosotros”, señaló.
“Cuando vemos el número frío se tiende a normalizar, pero si logramos perfilar y entender las características de las víctimas va a ser más fácil que no se pierda de vista”, agregó.
En ese sentido, añadió es importante que los ciudadanos no dejen de exigir a los gobiernos que concluyan su trabajo, y que la misma sociedad entienda que es complicado que, sin presión, las autoridades se sientan comprometidas a cumplir con sus obligaciones.
“Si la autoridad no es capaz de explicar no sólo lo que sucede, sino por qué sucede, esto va a seguir. Independientemente de la normalización las autoridades deben de concluir su trabajo, que la ciudadanía entienda que sin la presión va a ser muy complicado que la autoridad se sienta con la obligación de terminarlo”, insistió.
Ofrecen asesoría gratuita a la FGE para que registre ‘bien’ en las bases de datos
El integrante del ONC ofreció a la Fiscalía General del Estado (FGE) asesoría para trabajar en conjunto y generar bases de datos más precisas. Destacó que esa estrategia es gratuita y ya se está aplicando en Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Morelos, Q. Roo, Oaxaca y Yucatán.
“La idea es entender qué está pasando desde que sucede la denuncia por el acto criminal, hasta que las fiscalías generan las bases de datos tanto internas como externas y con base en qué investigan los delitos y toman decisiones”, apuntó.
Agregó que el proyecto consiste en revisar cuál es el camino que sigue un delito desde que la víctima llega al Ministerio Público a denunciar hasta que se publica en una base de datos, ¿qué sucede con la información obtenida mientras tanto?
“Sirve para identificar dónde hay fugas de información, dónde hay mayores cargas de trabajo, es ir un poco más allá, lo que hacemos es evaluar a todos los miembros de la Fiscalía, no en términos de conocimiento, pero sí en actitudes y percepciones sobre los temas de rendición de cuentas, de los registros específicos de los delitos, del respeto a la forma, y el diagnóstico que les entregamos es muy completo porque les decimos dónde hay fugas de información, donde se les está generando mayor carga de trabajo de la que debería”, detalló.
“Al final del día, si una Fiscalía no registra adecuadamente desde esta primera parte del proceso, es muy difícil saber si está haciendo o no bien su trabajo”, abundó.
