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Política

Indira testificó ante la Fiscalía por el caso Altozano y acusa una campaña de odio

La delegada del Gobierno de México en Colima, Indira Vizcaíno, informó que dio contestación por escrito a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por una denuncia en su contra relacionada con la sustitución de áreas de cesión en el condominio Altozano, ubicado en el municipio de Cuauhtémoc, de donde fue presidenta municipal entre 2012 y 2015.

La funcionaria federal aseguró por medio de un posicionamiento por escrito que nunca ha “violado la ley”, denunció una campaña de odio en su contra que busca desprestigiarla, y que consideró que atenta contra sus derechos humanos. Argumentó que el caso que se desahoga en dicha instancia de la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene un trasfondo político y no jurídico.

La representante para el estado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el haber sido notificada hasta el 28 de octubre pasado de esta denuncia presentada en su contra hace dos años, y que haya pasado tanto tiempo para que le hayan dado acceso a la carpeta de investigación.

“Lo que existe es una campaña de odio, a través de la cual se busca desprestigiar mi persona y se atenta contra mi dignidad humana”, señaló en el escrito.

“La sustitución de áreas de cesión entre Invercol y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc fue revisado, sancionado y aprobado”, añadió,

Vizcaíno citó que las siguientes ocho autoridades han revisado el caso en distintos momentos:

  • Por el Osafig, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, “donde no observa nada de ese procedimiento”;

  • Por la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano del Municipio de Cuauhtémoc “que supervisó y validó el procedimiento”;

  • Por el director general de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur) del Gobierno del Estado, Santiago Ramos, “quien revisó la modificación al Programa Parcial de Urbanización (PPU) de Altozano”;

  • Por el titular de la Seidur, Jesús Sánchez Romo, “quien dictaminó la congruencia de la modificación al PPU de Altozano”;

  • Por el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, “quien conoció el caso y lo turnó al titular del Ejecutivo para que procediera a su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima”;

  • Por el gobernador Ignacio Peralta, quien “el 14 de enero de 2017 publicó la modificación del PPU de Altozano en el Periódico Oficial El Estado de Colima”;

  • Por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “quien mediante Sentencia Ejecutoria de fecha 13 de julio de 2018, resolvió como Improcedente el Juicio de Lesividad promovido por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, con el que se pretendía declarar nulo el acuerdo del 12 de octubre de 2015, que aprueba la modificación del PPU de Altozano, su publicación y todas las consecuencias derivadas”, y

  • Por el Tribunal Colegiado de Circuito, quien el 4 de septiembre de 2018, desechó, por ser notoriamente improcedente, el amparo directo presentado por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, a cargo del alcalde Rafael Mendoza.

El Diario de Colima publicó en septiembre que la FGE confirmó que un expediente estaba radicado en la Fiscalía Anticorrupción, por una denuncia presentada por un grupo de ciudadanos que señalaron un presunto delito en el intercambio de terrenos en el condominio de lujo Altozano por terrenos rústicos en el mismo municipio. Vizcaíno indicó hace un mes que había solicitado a la FGE que le informara si existía una carpeta de investigación al respecto en su contra, con el fin de ponerse a disposición de las autoridades investigadoras.

A continuación te presentamos el posicionamiento completo de la delegada en respuesta a las acusaciones del caso Altozano.

CAMPAÑA DE ODIO POR CASO ALTOZANO

La honestidad y la responsabilidad personal son inherentes a mi vida pública. Jamás he violado la ley ni he cometido ningún delito, mucho menos alguno que afecte a la Hacienda Pública. Con plena seguridad de mi inocencia, expongo un asunto que autoridades de la Fiscalía General del Estado de Colima han querido hacer ver como jurídico cuando en realidad su trasfondo es político.

La noche del miércoles 20 de noviembre, ante el Agente del Ministerio Público Especializado en el Combate a la Corrupción, di contestación a hechos relativos a la denuncia que se interpuso en contra mía y de otras personas, por la sustitución de áreas de cesión del Condominio Altozano.

Denuncié la campaña de odio y desprestigio emprendida contra mi persona, a través de la cual se violentan mis Derechos Humanos, se vulnera mi dignidad humana y mi presunción de inocencia; se violenta, además, mi derecho a la no discriminación, se pone en riesgo mi integridad física y se me niega el derecho a la igualdad.

Una vez que tuve acceso a la carpeta de investigación de una denuncia presentada en mi contra desde hace 2 años, pero de la cual se me notificó apenas el 28 de octubre de 2019, día en que pedí conocer el caso y para ello me presenté en la Fiscalía Anticorrupción, he contestado al Ministerio Público correspondiente, con toda la certeza, con toda mi calidad moral y la argumentación legal de que no he cometido delito alguno.

También, en mi respuesta por escrito, le pedí al MP que amplíe su investigación en contra del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo; del Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quienes tuvieron participación en el trámite administrativo de sustitución de áreas de cesión en mención.

Como ya dije, lo que existe es una campaña de odio, a través de la cual se busca desprestigiar mi persona y se atenta contra mi dignidad humana.

¿Por qué afirmo esto? Porque con pruebas demuestro que la sustitución de áreas de cesión entre Invercol y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc fue revisado, sancionado y aprobado por los siguientes entes:

1. El Osafig, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, donde no observa nada de ese procedimiento.

2. La Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano del Municipio de Cuauhtémoc –integrada por instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal–, que supervisó y validó el procedimiento.

3. El Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur) del Gobierno del Estado, Santiago Ramos, quien revisó la modificación al Programa Parcial de Urbanización (PPU) de Altozano.

4. El titular de la Seidur, José de Jesús Sánchez Romo, quien dictaminó la congruencia de la modificación al PPU de Altozano.

5. El Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, quien conoció el caso y lo turnó al titular del Ejecutivo para que procediera a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

6. El Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, quien el 14 de enero de 2017, publicó la modificación del PPU de Altozano en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

7. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien mediante Sentencia Ejecutoria de fecha 13 de julio de 2018, resolvió como Improcedente el Juicio de Lesividad promovido por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, con el que se pretendía declarar nulo el acuerdo del 12 de octubre de 2015, que aprueba la modificación del PPU de Altozano, su publicación y todas las consecuencias derivadas.

8. El Tribunal Colegiado de Circuito, quien el 4 de septiembre de 2018, desechó, por ser notoriamente improcedente, el amparo directo presentado por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, a cargo del Alcalde Rafael Mendoza Godínez.

Salta a la vista que este tema no es jurídico. Es político y es en contra mía a través de una campaña de odio e intento de desprestigio. Y todo lo han hecho de manera burda, que hasta el Agente del Ministerio Público de Cuauhtémoc otorgó copias de la totalidad de las actuaciones que integran la carpeta de investigación a personas ajenas al proceso penal, para que posteriormente fueran exhibidas públicamente en un periódico local, con el afán de querer hacerme ver culpable ante la comunidad, violentando todos mis derechos y violando el Estado de Derecho. Eso, se tiene que investigar.

Cabe referir que sólo se deben otorgar copias del expediente a quienes tienen calidad de víctimas, y quienes denuncian este caso no tienen esa calidad.

CRONOLOGÍA DE HECHOS Y ACTUACIONES JURÍDICAS

1.- El 8 de marzo de 2013, siendo Alcaldesa de Cuauhtémoc, por unanimidad del Cabildo se aprobó la sustitución de áreas de cesión otorgadas al Ayuntamiento por la empresa Invercol (desarrolladora del Condominio Altozano), por otras cercanas a la cabecera municipal, donde se dio cabida al Recinto Ferial del Municipio, luego de que la propia empresa Invercol llevó a cabo la urbanización.

Para este fin, se solicitó la opinión del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y se realizaron los avalúos de las áreas de cesión sustituidas: la original de 6.9 hectáreas ubicada afuera del Condominio Altozano, en breña y alejado de la mancha urbana; y el área de cesión de 8 hectáreas localizada en la cabecera municipal. La primera fue valuada en 10 millones 877 mil pesos y la segunda en 7 millones 799 mil pesos, cantidad ésta última que al sumar 3 millones 799 mil pesos que costó la urbanización, alcanzó la cantidad de 11 millones 599 mil pesos que asumió la empresa Invercol.

El área de cesión original nunca fue urbanizada ni incorporada al municipio. Está constituida por terrenos irregulares, en breña, sin acceso por el Condominio y sin ninguna utilidad social para el municipio. Por esas razones, el costo de la misma nunca puede ser igual que el de las áreas localizadas dentro del condominio. que ya fueron urbanizadas para su venta y que están, precisamente, dentro de Altozano. En ese error de apreciación incurren quienes afirman costos estratosféricos y denuncias irresponsables respecto de supuestos beneficios indebidos.

2.- El 12 de octubre de 2015, el Cabildo de Cuauhtémoc aprobó, por unanimidad, el proyecto para modificar el Programa Parcial de Urbanización (PPU) del Condominio Altozano, previa autorización del Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano (integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal).

3.- La administración municipal entrante, a cargo del Alcalde Rafael Mendoza Godínez, se negó a publicar las modificaciones al PPU del Condominio Altozano.

4.- En noviembre de 2017, dos años después de haber terminado mi gestión

como Alcaldesa de Cuauhtémoc, un grupo de ciudadanos interpuso una denuncia en mi contra por presunto daño causado al erario municipal, en un proceso legal de sustitución de áreas de cesión realizado entre el Ayuntamiento y la empresa Invercol, desarrolladora del Condominio Altozano, el cual fue aprobado por unanimidad del Cabildo de la administración municipal que me honré en presidir.

5.- El Ministerio Público del Municipio de Cuauhtémoc inició su investigación por el delito de Daños, pero 1 año y 7 meses después se dio cuenta que ese delito había prescrito incluso desde que la denuncia se presentó y él la aceptó, y lo reclasificó como Peculado. Además, en agosto de 2019 se declaró incompetente y turnó el caso a la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

DOLO Y MALA FE

Aparte del dolo del MP de Cuauhtémoc al haber reclasificado, sin elementos, los hechos como Peculado con el fin de mantener operante la investigación, se ha excedido ilegalmente en el plazo determinado por tesis jurisprudenciales para la resolución final de la carpeta. Por si fuera poco, este MP facilitó copias a los denunciantes y al asesor legal de los mismos, violando los artículos 105 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; copias que han sido publicadas en medios de comunicación, con el propósito de denostarme y hacerme ver ante la opinión pública como culpable.

La ignorancia de la autoridad ministerial es palpable y evidencia su intención dolosa y de mala fe en mi contra. Quienes tomamos las decisiones que se mencionan en este escrito fuimos, por lo menos, 10 servidores públicos, integrantes de un órgano colegiado, el Cabildo. En todo caso y suponiendo sin conceder, que esas decisiones hubieran sido constitutivas de delito, seríamos responsables todos nosotros y no, como lo están investigando tendenciosamente, solamente el Síndico y la suscrita, con el carácter que tuve de Presidenta Municipal.

Tanto el MP como el Fiscal Anticorrupción han sido omisos para citar a declarar a numerosas personas que tienen evidente relación con los hechos, como el titular de la Seidur, José de Jesús Sánchez Romo; el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y el Gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez. Ya se ha solicitado al Fiscal Anticorrupción que cite a estas personas.

NO HAY DELITO, SÍ CAMPAÑA DE ODIO

 En mi declaración ministerial he sostenido que no se configura el delito de Peculado que se investiga en mi contra, lo cual sustento brevemente: Primero, nunca hubo un aprovechamiento propio o ajeno de las referidas áreas de cesión, ya que las mismas no fueron enajenadas ni objeto de ninguna operación para comerciar con ellas y han sido entregadas al Ayuntamiento; la sustitución autorizada significó un beneficio para la Comuna por el incremento de hectáreas y porque es un bien público para los habitantes del municipio. Segundo, nunca existió la “disposición ilícita” que exige el tipo penal de Peculado, ya que del área original nunca se dispuso porque nunca fue incorporada al municipio, y la aprobación de sustitución de la nueva área fue una operación lícita, revisada y autorizada por el Osafig, la Seidur, la Sedatu, la Secretaría General de Gobierno y por el propio titular del Ejecutivo Estatal.

 Seis años han pasado desde la fecha en que se llevó a cabo la sustitución de estos terrenos. De manera coyuntural, en cada época electoral el caso se reaviva con el afán de causarme daño como servidora pública y como persona. Esta vez están muy adelantados en los tiempos político-electorales, pues desde hace meses, en medios de comunicación no cesan los ataques en mi contra, a través de notas periodísticas y comentarios editoriales plagados de infundios, falsedades y calumnias. Se trata de una campaña de odio direccionada a mi persona.

 Exijo que el Fiscal Anticorrupción haga su trabajo y frene la campaña de odio en mi contra; que investigue a quien entregó copias del expediente donde se me involucra; que proceda a actuar conforme a la ley contra quienes mostraron y publicaron esos documentos; que en adelante se conduzca con la legalidad y la responsabilidad que demanda el importante cargo que ostenta, y que cite a comparecer a los servidores públicos citados anteriormente, los cuales, inexplicablemente, no han sido llamados a dar testimonio del caso que nos ocupa.

INDIRA VIZCAÍNO SILVA

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