Type to search

Seguridad

SCJN invalida artículo de la FGE que apelaba a la confidencialidad; CNDH celebra

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar el artículo 58.2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE), que señalaba que toda información generada por las técnicas de investigación del Ministerio Público sería «de estricta confidencialidad».

La CNDH calificó el actuar del Poder Judicial de la Federación como una «colaboración institucional», puesto que el organismo de defensa de los derechos humanos había interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra preceptos legales de las fiscalías de Colima, pero también de Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, por considerarlos «contrarios a los derechos humanos».

«La presidenta de esta Comisión Nacional saluda esta labor de la SCJN en favor de los derechos humanos, a instancia de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la CNDH, lo que se traduce en colaboración institucional entre el Poder Judicial de la Federación y este Organismo Constitucional Autónomo que fortalece el régimen de protección de los derechos fundamentales en México y el Estado de Derecho», indicó por medio de un comunicado difundido el pasado domingo 12 de enero.

El pasado 9 de enero, la SCJN en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el artículo 58.2 de la Ley Orgánica de la FGE, al considerar que «invadió la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental penal».

El referido artículo preveía, como obligación del Ministerio Público, que «la información que se genere con las técnicas de investigación, es de estricta confidencialidad, cuya revelación no autorizada será sancionada con las disposiciones penales aplicables».

 Segunda ocasión en la semana 

La SCJN invalidó el 7 de enero el artículo 19, numeral I, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, (publicado el 16 de junio de 2018) y que establecía como requisito para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) «ser ciudadano mexicano por nacimiento».

El órgano defensor de los derechos humanos indicó que esta norma no consideraba las capacidades de las personas, sino la forma en la que obtuvieron la nacionalidad.

«Esta situación fue cuestionada ante nuestro Tribunal Constitucional, pues se estimó que constituyen medidas discriminatorias, debido al origen nacional de las personas, que no atienden a razones objetivas, pues distinguen entre mexicanos por nacimiento y por naturalización, sin considerar las capacidades de las personas para desempeñar funciones públicas, sino solo por la forma en que obtuvieron su nacionalidad», señaló.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *