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Política

Los municipios de Colima y el cobro del predial: una injusticia y una oportunidad

Los 10 municipios colimenses recaudan en conjunto más de 420 millones de pesos de predial por año, pero podrían ingresar 50% o incluso hasta el doble; y, además, cobrando este impuesto de manera más equitativa y apegada a la Constitución… Pero tienen 20 años decidiendo no hacerlo y el Congreso lo sabe.

Un estudio del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), firmado por el investigador Christopher Cernichiaro, refiere que la situación en Colima con este impuesto no es tan mala en términos comparativos: es el quinto estado que recauda más predial a nivel nacional en proporción al tamaño de su economía.

De acuerdo con el documento, Colima recaudó 422.3 millones de pesos de predial en 2018, lo que representa el 0.39% de los 108 mil millones de pesos del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. Esos números ubican a la entidad sólo por debajo de la Ciudad de México (CDMX), que es el que mayor proporción de su PIB recauda, con 0.57%; Quintana Roo, el segundo con 0.47%; Querétaro, el tercero con 0.46%; y Sinaloa, el cuarto con 0.40%.

La investigación construye dos escenarios para explicar el potencial de crecimiento de recaudación de este impuesto. En el caso de Colima, en el mejor de los escenarios, la recaudación se iría hasta los 612.2 millones de pesos, es decir, 193.9 millones de pesos adicionales al año; y en el segundo mejor escenario se recaudarían 508.1 millones de pesos, es decir, 85.8 millones de pesos adicionales al año.

Cernichiaro explica que es importante instrumentar políticas para estimular el cobro de predial, pues así se pueden aumentar los limitados ingresos de los municipios, con lo que crece su capacidad para satisfacer las necesidades de sus gobernados. “Entre las políticas revisadas en esta investigación destacan la actualización de catastros mediante herramientas tecnológicas, las legislaciones que coordinan actividades entre estados y municipios, así como incentivos fiscales”, sentenció el investigador.

 Pero ¿cómo alcanzar esos escenarios positivos? 

La posibilidad de acrecentar la recaudación del predial depende de que se cumpla una disposición legal y constitucional que ha permanecido en el olvido al menos durante los últimos 20 años: la actualización de los valores catastrales para que se acerquen lo más posible a los valores comerciales, como a su vez sugirió, de hecho, la 59 Legislatura en la revisión de la cuenta pública de 2018.

En la referida revisión, los diputados incluyeron unos párrafos en los dictámenes aprobados sobre las cuentas públicas municipales donde señalan una omisión del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (Osafig) por no observar la forma en la que los municipios ingresan el impuesto predial.

“Es importante resaltar que, al revisar las observaciones no solventadas en materia de ingresos, no se encontró alguna sobre las tablas de valores catastrales utilizadas para el cobro del impuesto predial que fue pagado por los ciudadanos; esto, debido a que ha sido evidente que existe una irregularidad por parte de los Entes Fiscalizados al no haber enviado al H. Congreso del Estado las tablas de valores para su actualización, aun cuando la Ley señala la obligación anual de hacerlo”, refieren los dictámenes de la mayoría de los municipios, excepto el de Minatitlán.

“Tampoco se encontró observación sobre los valores catastrales utilizados, respecto de si cumplen el mandato constitucional de ser similares al valor comercial que tiene cada inmueble, pues estos hechos pueden constituir una observación ya que, naturalmente, con el transcurso de diecisiete años en que no se han actualizado, el valor debe requerir un ajuste. Sin embargo, el Órgano Fiscalizador, en mesa de trabajo para ampliar la información de los Informes de Resultados, se limitó a contestar quela ley permite que cuando no se tenga la actualización de las tablas de valores catastrales del año, se aplique en las que se encontraban vigentes el año previo”, añade.

 Entonces ¿qué hacer? 

Para profundizar en el tema en EstaciónPacífico.com conversamos con Milton de Alva, presidente del Colegio de Valuadores del Estado de Colima, quien junto a otros especialistas participó en reuniones con diputados locales de la actual Legislatura buscando aportar alternativas para entender y solucionar la referida problemática.

El experto, en esas reuniones, les detalló cómo es que se deben hacer los programas de desarrollo urbano de cada centro de población y les explicó los servicios específicos que los valuadores prestan para revisar los valores catastrales y calcular los valores comerciales.

“Quise hacer un breve resumen desde lo que son los programas de desarrollo urbano del centro de la población, cómo se manejan esos programas, cómo se determinan las reservas territoriales, cómo se determinan los usos del suelo; y, luego, en base a esos programas que también deberían de ser actualizados, porque no todos los municipios los tienen actualizados –el de colima tiene unos 10 años de retraso, el de Manzanillo quizá otro tanto–, les expresamos que son temas importantes porque el que tengas la certidumbre jurídica en esta inversión que vas a desarrollar, en esa reserva territorial, te permite que se den esas inversiones”, dijo vía telefónica a EstaciónPacífico.com.

“Lo que nosotros hacemos es recorridos calle por calle en la zona objeto de estudio. Vamos determinando el tipo de infraestructura con el que cuenta esa colonia o esa zona. Tomamos en cuenta desde lo que es la infraestructura básica, como es agua potable, drenaje, electrificación, servicios de internet, nomenclatura urbana, machuelos, banquetas, pavimentos, y vamos haciendo una clasificación de esa infraestructura con la que cuentan las colonias. Hay ofertas de mercado de diferentes agencias inmobiliarias donde hacemos esa investigación, y hacemos cotejo con la información que nosotros poseemos como valuadores”, agregó.

Cuestionado sobre qué tan lejanos están en Colima los valores catastrales de los valores comerciales, De Alva ofreció un cálculo del promedio de esta distancia en todos los inmuebles de la entidad, así como del impacto que esto podría tener en la recaudación de predial.

“Estamos hablando que, de manera genérica, en nuestra experiencia, cuando nosotros encontramos el valor catastral, que trae el recibo de predial, encontramos que andan al rango del 50% o menos los valores catastrales con respecto a los valores de mercado o los valores comerciales. De ese tamaño más o menos estamos hablando por la falta de actualización.

 —¿En un cálculo optimista se tendrían qué duplicar los valores catastrales en promedio? 

“En términos generales: así es”.

 —Al actualizar los valores catastrales, ¿el impuesto que toca pagar de predial se duplica? 

“Muy posiblemente. Sería interesante que platicaras con algún director de catastro para que él, de manera directa, te explicara los rangos de valores, porque hay factores para calcular el monto del impuesto”, respondió.

El arquitecto dijo que hacer el estudio para actualizar todos los valores catastrales en el estado es un trabajo que costaría alrededor de 6 millones de pesos, y reconoció que además de la complejidad técnica, avanzar en el tema se dificulta por criterios sociales y también políticos.

“Si bien es un trabajo meramente técnico, que es la parte comercial y es el nivel de deseabilidad lo que genera los valores que la gente está dispuesta pagar, también hay un ingrediente social que se tiene que cuidar y que no es sencillo este tema, máxime por lo que comenté, que en una charla con uno de los directores me dijo ‘mira, tenemos esta problemática’, y me mostró cartografía, me mostró planos, tablas, mucha información que es precisamente la que quiero mostrarle a mis compañeros para generar lluvias de ideas y que podamos combinar lo técnico con lo social para llegar a algo justo y que tanto la población como las finanzas entre los municipios, que hay que recordar otra cosa, el principal ingreso que tienen los municipios actualmente es la recaudación del predial, facultado en el 115 constitucional”, señaló.

Por lo pronto, el Congreso ya ‘observó’ esta carencia en las revisiones del Osafig, con lo que el siguiente año, este órgano técnico debería hacer alguna observación del asunto a los ayuntamientos, aunque se acerquen los tiempos electorales.



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