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Política

Martín Flores sólo reconoce a 52 de 230 trabajadores ‘basificados’ por Nacho: ‘Fue un exceso’

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) Martín Flores, dijo que sólo reconoce a 52 de los 230 trabajadores de la administración estatal que fueron basificados —como informó el gobernador Ignacio Peralta a finales de agosto; a su parecer, dicha acción “fue un exceso” del mandatario colimense.

Flores aseguró que a esos 52 trabajadores que sí reconoce el STSGE, les correspondía obtener una base desde 2016 en algunos casos y desde 2017 en otros. Apuntó que la basificación de los 178 burócratas restantes, no fue consultada con el sindicato.

“Fue un exceso que cometió el gobernador (la basificación de 230 trabajadores estatales). Nosotros tenemos 52 trabajadores pendientes que les correspondía (obtener una base) desde el 2016 y 2017”, precisó en entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en Súper 98.9.

De acuerdo con el líder sindical, su relación política con el gobernador está rota “desde hace tiempo”. Dijo que uno de sus intereses principales es asegurarse de que la actual administración estatal —que concluye sus funciones el 31 de octubre del 2021—  “no se vaya sin pagar” los adeudos que guarda con los trabajadores.

A continuación te presentamos los elementos más relevantes de esta conversación.

 —¿Cuál es el planteamiento del sindicato en estas complicaciones de fin de sexenio?  

“Primero, que se investigue el quebranto financiero; lo hemos hecho público y lo hemos hecho formal. En lo que afecta al sindicato, a los trabajadores, hemos hecho la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, y hemos ratificado esa denuncia”.

 —¿Quieres enviar a la cárcel al gobernador y los secretarios de finanzas?  

“El sindicato lo que pide es que paguen y que no se vayan sin pagar. Se tiene que denunciar porque le quedan dos meses y a la forma en que estamos trabajando, requerimos certeza para los trabajadores de que su dinero no se lo van a llevar. Está claro, hay una desviación de fondos, lo que no está claro es a dónde fue a parar, y eso le corresponde a las y los diputados investigar”.

 —¿Cuál es la consecuencia que esperas de la acción de presentar estas denuncias?  

“Que paguen, que reparen el daño ocasionado. Es un delito que amerita conmutación de pena, no es un delito de los considerados graves por el Código Penal, sin embargo, la máxima pena es la cárcel, no pagar. Si reparas el daño y el ofendido se da por reparado del daño, puede otorgarse el perdón, eso no hay duda; amerita el perdón del ofendido y los ofendidos somos gente noble. Los trabajadores no queremos persecución, lo único que queremos es el pago”.

 —¿Qué otras cosas les han retenido que no les han entregado?  

“Todos los conceptos de deducción te los voy a dar: cuota sindical, cuota de ingreso, retención de préstamos hechos por el sindicato con recursos propios a los trabajadores, el emergente para problemas financieros, los de mejoramiento de vivienda, los créditos del fondo de ahorro, el ahorro de los trabajadores. También se ha descontado el apoyo para la Cruz Roja mexicana, es decir, el sindicato aporta y los trabajadores después lo apoyan con 50 pesos”.

 —¿Cuánto les debe?  

“82 millones de pesos de retenciones, sin entrar al tema del Instituto de Pensiones, eso es independiente. Es un asunto que se está librando una gran batalla que es diaria, porque los trabajadores ocupan su ahorro, el finiquito es el día a más tardar 30 de agosto, no lo pudimos cumplir al 100%”.

 —¿Qué dirías de este gobierno?  

“Este gobierno tiene el compromiso de cumplir, no le corresponde a la Secretaría de Hacienda ni al Gobierno federal, en el tema de retenciones, no. Nunca hemos dicho que se incluya el apoyo extraordinario en el tema de retenciones, no, esas las tiene que pagar con ingresos propios, que le corresponda al Estado y que diariamente ingresa. Para eso se dan servicios a la población y hay derechos, impuestos, productos que son propios del Estado sin que vengan de la Federación”.

 —¿Ignacio Peralta todavía gobierna Colima?  

“Ignacio Peralta creo que ha dejado de gobernar desde hace mucho tiempo, no le ha cumplido a los colimenses, no le ha cumplido a los trabajadores, nos ha fallado. Y hoy lo que queremos es que cierre y cumpla”.

 —¿Tu relación en términos políticos ante estos agravios está rota con Ignacio Peralta?  

“Desde hace tiempo, desde el inicio de la administración. Nunca hemos tenido una relación política. No hay duda de que quien sea gobernador o gobernadora, el sindicato tiene la voluntad y la firme convicción de respaldarle y ser institucional, buscar los mejores acuerdos en beneficio de la población y de la clase trabajadora que representamos”.

“Políticamente no hemos coincidido con Ignacio Peralta y él lo sabe desde antes de llegar a la administración. Nosotros tenemos otro proyecto político, incluso fuimos señalados y perseguidos políticamente y mi llegada al sindicato obedece al respaldo de los trabajadores ante un gobierno indiferente, ante un gobierno insensible e inhumano como lo acredita a la hora de declarar un quebranto financiero por pagar mil millones de pesos a los cortos plazos de los bancos y dejar sin salario a 12 mil familias colimenses, 12 mil trabajadores. De ese tamaño es la diferencia. Yo no comparto ideológicamente ni políticamente con alguien que sea inhumano, y el gobernador del estado es inhumano”.

 —¿Ha tomado algunas decisiones que no consideras así? Por ejemplo, la basificación de 230 trabajadores.  

“Es un exceso que cometió el gobernador”.

 —¿No se los licitaste tú?  

“No. Que no se escude en el sindicato, en temas que no son del sindicato. Los que nosotros hicimos el procedimiento base fue hace cuatro años y está totalmente resuelto”.

 —¿Estos 230 trabajadores van a formar parte del sindicato?  

“No, no es así. Nosotros tenemos 52 trabajadores pendientes que les correspondía desde el 2016 y 2017 y son los únicos que están”.

 —¿A quién se basificó?  

“Véanlo ustedes, eso les corresponde a ustedes. Ahí están las redes sociales”.

 —¿Cómo funciona el proceso de basificación?  

“Es el reconocimiento de derechos labores a partir de una relación entre trabajador y el gobierno, que amerite su permanencia y que se establece en la Ley de los trabajadores. ¿Cuáles son los de base y cuáles son los de confianza? Los directores, coordinadores, secretarios particulares, funcionarios después de jefe de departamento, auditores, contralores, no tienen derecho a la basificación porque sus puestos son de confianza”.

 —Decía el gobernador que había una lista de 230 trabajadores cerrada. ¿No fue consensuada con el sindicato?  

“No, es una decisión del Ejecutivo. Son 52 trabajadores que sí estaban pendientes, que ya están registrados ante el tribunal, ya son miembros del sindicato”.

 —¿Esos 52 están en esta lista de 230?  

“Sí, claro, los otros (178) no están en el sindicato, no están en el trámite que hizo el sindicato”.

 —¿No van a estar en el sindicato?  

“No”.

 —¿Pero sí van a ser de base?  

“Los que son puestos directivos los está impugnando el sindicato. Si hay bases, si había vacantes, debe proponerlas el sindicato. Quienes funcionaban como directores y los cambian de categoría para basificarlos no adquirieron el derecho; los que estaban funcionando como persona con nombramiento de confianza, pero en puestos de base, tienen derecho a la base”.

 —¿Pudieras profundizar en la idea de que es un exceso?  

“Un puesto directivo no es basificado, así de claro”.

 —¿Cómo evalúas en el momento en el que se da esta basificación?  

“El momento muy mal, por el quebranto financiero. Además, no puedes reconocerle derechos a alguien que no los adquirió, así de sencillo”.

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