INE ordena a gobernadoras y gobernadores de la 4T bajar de sus redes comunicado de apoyo hacia AMLO
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó luego de su sesión de este miércoles, que las y los gobernadores de distintos estados retiraran, en un periodo que no debía exceder las tres horas, el comunicado que publicaron en sus redes sociales el pasado 13 de febrero, en el cual, los mandatarios de la 4T manifestaban su respaldo al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, al considerar que el documento “además de resaltar aspectos personales y la manera en que gobierna el Presidente de México, tiene como temática central y preponderante señalar y difundir logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales”.
En un comunicado el INE explica que esto se determinó al resolver una queja promovida por el Partido Acción Nacional en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como las y los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
“El INE acordó ordenar a las personas titulares del Poder Ejecutivo Local denunciadas que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio”, dice el boletín del INE.
De acuerdo al instituto, en su queja, Acción Nacional “solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales”, así como que se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro.
En su sesión, esta comisión determinó que dicho comunicado encuadra en la categoría de propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante el periodo de veda por la revocación de mandato, el cual va del 4 de febrero al 10 de abril de este año.
“La Comisión, en un análisis cautelar, determinó que el documento versa sobre propaganda gubernamental que se difunde en periodo prohibido -desde el 4 de febrero de 2022 y hasta la conclusión de la jornada que tendrá verificativo el 10 de abril- ya que el documento, además de resaltar aspectos personales y la manera en que gobierna el Presidente de México, tiene como temática central y preponderante señalar y difundir logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, por lo cual el justificado de la medida cautelar”, ahonda el comunicado.
“La Comisión concluyó que, a partir de una perspectiva preliminar, el comunicado encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental al acreditarse que quienes suscriben el documento son personas servidoras públicas del más alto nivel y responsabilidad en sus respectivas entidades federativas y al hacer referencia a una serie de logros, acciones y medidas gubernamentales”, añade.
El documento que suscitó dicha queja, es el siguiente:
En este contexto, el órgano electoral emitió también un pronunciamiento en el que pide a las y los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno que “ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales; por una parte, para respetar la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten incluir en comunicaciones o mensajes oficiales durante el desarrollo del proceso de Revocación de Mandato y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”.
Además de advertir que el INE, podrá dictar las medidas preventivas necesarias, incluso de forma oficiosa para asegurar “la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrolla el proceso de Revocación de Mandato, de manera particular, de vigilar a las personas servidoras públicas quienes deben tener un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emiten, de manera individual o conjunta, que puedan derivar en una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con dicho proceso”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.
