Destrucción y descuartizamiento de cadáveres, las ‘atrocidades’ más frecuentes en Colima durante 2021: Causa en Común

De acuerdo con Genaro Ahumada, investigador de la organización Causa en Común, la destrucción y el descuartizamiento de cadáveres son de las atrocidades que se registran con más frecuencia en Colima, según lo recabado en el “informe de atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios” de 2021, que elabora dicha agrupación.

“En el caso particular del Estado de Colima, el estudio reveló que al menos se han cometido 71 atrocidades en la entidad, siendo la destrucción y el descuartizamiento una de las atrocidades que con más frecuencia se registran en el estado, junto con algunas otras, por ejemplo con la violencia contra las mujeres también”, afirmó en entrevista con Estación Pacífico.

En Colima, este informe que recopila 71 “atrocidades” cometidas de enero a diciembre de ese año, también las desagrega de la siguiente manera: siete son catalogadas como masacres (es decir que se asesinó a más de tres personas en un mismo acto);  10 corresponden a fosas clandestinas; 26 a mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; dos corresponden a la categoría de calcinamiento y  10 son registradas en la de tortura.

Hay cinco registros de asesinatos de niños y adolescentes, cinco asesinatos  de mujeres con extrema crueldad, un asesinato de defensores de derechos humanos, un asesinato de personas de grupos vulnerables, dos asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad, un intento de linchamiento y un acto violento entre grupos delictivos o contra la autoridad, que generan un alto impacto en una comunidad.

De acuerdo al documento, en el país se registraron cinco mil 333 atrocidades, las cuales, se obtuvieron de analizar cuatro mil 191 notas periodísticas desde enero hasta diciembre de 2021, notas que también arrojaron ocho mil 759 víctimas, sin embargo, se especifica que en 305 de ellas, no se especificaba el número de víctimas.

Las atrocidades cometidas en el país, se desagregan de la siguiente manera:

Masacre – 529

Fosa clandestina – 556

Mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres – 837

Calcinamiento –  356

Tortura –  1,151

Asesinato de niños y adolescentes – 373

Asesinato de mujeres con crueldad extrema –  490

Asesinato de defensores de derechos  – 17

Asesinato de periodistas – 9

Asesinato de personas de grupos vulnerables – 45

Asesinato de actores políticos-  69

Asesinato de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad –  181

Terrorismo – 27

Linchamiento – 42

Violación agravada –  75

Esclavitud y trata – 10

Intento de linchamiento – 279

Violencia contra migrantes – 99

De acuerdo a Genaro Ahumada, desde que iniciaron a hacer este informe, en 2020, la violencia se ha recrudecido y focalizado en ciertas entidades, por ejemplo, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Colima, donde estima que los hechos presentados desde el pasado 7 de febrero se reflejarán en el análisis que hagan a lo largo de este 2022.

“Efectivamente se ha recrudecido la violencia y sobre todo se ha focalizado. Hay entidades que están muy muy violentas en este momento, el caso especifico de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán que en ocasiones ya no se menciona tanto pero cuando uno revisa la prensa local, son cosas que de verdad uno da crédito que sucedan estas cosas. Lamentablemente Colima en este momento está enfrentando una situación de violencia (…) y eso seguramente llevará a que aparezcan mayores casos de atrocidades en nuestros siguientes informes”, dijo el investigador.

Según el documento, las tres entidades con mayor número de casos de atrocidades durante 2021 fueron: Guanajuato con al menos 586, Jalisco con al menos 374 y Michoacán con al menos 307.

Sobre el por qué hacer una revisión de este tipo, Ahumada aseveró que es debido a la importancia de “ponerle un rostro humano” a lo qué pasa, más allá de las cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de que las instancias gubernamentales y quienes toman las decisiones puedan responder al nivel de criminalidad y violencia extrema con políticas públicas.

“Nace precisamente porque a nosotros como organización nos parecía importante ponerle un rostro humano a la violencia, hacer ver a la opinión pública, a los tomadores de decisiones y a la propia sociedad civil, que todas las víctimas que surgen en el país tienen un nombre, tienen un apellido, tienen un familiar, una familia que está sufriendo”, aseveró.

“Los estados, las entidades federativas por ley, tienen la obligación de reportar mes con mes sus datos de incidencia delictiva, por ejemplo, homicidios dolosos, secuestros y eso solo queda en un número estadístico, pero nosotros queríamos ir más allá, darle más elementos a la prensa, a la opinión pública para decir: se están cometiendo estos delitos, pero enfocarnos en cómo se están cometiendo esos delitos, la crueldad con la que a veces se ejerce en muchos estados. Lo vemos recientemente en el propio estado de Colima, lo vemos muy seguido en Guanajuato, en Michoacán. Las masacres, los cuerpos encontrados en avenidas, en lugares donde las niñas y niños transitan libremente”, dijo.

“Ese es el objetivo principal de este estudio, ponerle un rostro humano a las víctimas de la violencia en México y hacer un llamado sobre todo para que este nivel de criminalidad, de violencia extrema que se está ejerciendo, pueda tener medidas de política pública a través de las instituciones gubernamentales y las decisiones de las gobernadoras y gobernadores”, añadió.

 Las recomendaciones que da el informe 

El informe de Causa en Común contiene una reflexión final y una serie de propuestas. En su reflexión, la organización dice lo siguiente:

“El presente trabajo apunta hacia historias que, acumuladas, presentan un mosaico de dolor y crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Muestra también que, lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales. Se trata de violencia criminal, sí, pero es, también, violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. En este sentido, el trabajo pretende iluminar los rasgos más oscuros de nuestra sociedad, y que nunca debemos ignorar. Al final del día, ése sería el propósito de este recuento: rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante el cúmulo de horrores”.

Mientas que en sus recomendaciones se enlistas estas:

Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes; y b) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.

Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.

Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.

El mismo Genaro Ahumada compartía en entrevista, que una de las recomendaciones por su parte, es que el combate a la criminalidad debe de ir acompañado de estrategias psicológicas y sociológicas que permitan entender el por qué de estos niveles de violencia extrema.

El informe puede ser consultado en esta liga.