Crédito de 65 MDP y refinanciación de deuda, las autorizaciones al Gobierno de Colima y municipios

El Gobierno de Colima quedó autorizado para contratar uno o varios créditos por un total de hasta 65 millones de pesos con la banca privada, también se le permitió  reestructurar su deuda pública. 

Este miércoles, el Congreso local aprobó dos dictámenes (03 y 04) que facultan al Ejecutivo para tomar estas determinaciones, las cuales fueron justificadas en la necesidad de adquirir los recursos para realizar obras en beneficio de la población de menos recursos, y para enfrentar la deuda heredada por administraciones previas. 

El sentido de los dictámenes generó discusión entre los y las diputadas: integrantes del PRI y PAN subrayaron que la información se les hizo llegar de última hora, y que tampoco se mostró una lista de las obras a realizar. En tanto, representantes de Morena y MC, dieron el voto de confianza a lo planteado en los dictámenes.  

“No se nos explicó, no tuvimos ni una sola reunión con el Ejecutivo del Estado ni con nadie del tema financiero”, expresó Héctor Magaña Lara, integrante de la bancada del PRI. 

Por su parte, Crispín Guerra Cárdenas, quien emitió uno de los votos en contra, expresó que no había garantías suficientes del destino del recurso. 

“Yo no quiero que al rato estos 65 millones que no dudo que pueden servir  mucho a las y los colimenses, pero que no vayan a terminar en mochilas, en programas sociales”. 

A nombre de la bancada de Morena, la legisladora Isamar Ramírez Rodríguez señaló que este tema se informó desde el 23 de junio pasado en una reunión con personal de Banobras.

“El dictamen también establece claramente a qué se va a destinar, dice que va a ser exclusivamente a obras y acciones sociales e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema”.

Financiamiento por 65 MDP

22 de las y los 25 legisladores locales votaron a favor de autorizar al Gobierno de Colima la contratación de financiamiento con instituciones bancarias “que ofrezcan las mejores condiciones de mercado”, hasta por 65 millones de pesos, a través de uno o varios créditos a tasa fija. 

De acuerdo con el dictamen, este dinero deberá destinarse “a obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social”. 

De manera particular deberá ir a obras y acciones “que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad en términos del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal”. 

El recurso podrá destinarse a obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural, infraestructura básica del sector salud y educativo. 

Estos créditos deberán contraerse a más tardar el 2023 y deberán pagarse antes del término de la actual administración estatal. 

La fuente de pago será hasta el 25 por ciento del  Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y los contratos deberán  inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, y ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Gobierno de Colima precisa: es adelanto, no deuda

En una aclaración, el Gobierno de Colima subrayó que, aunque el dictamen aprobado hoy por el Congreso local no lo menciona, lo autorizado representa el mecanismo legal necesario para poder hacer válido, a través de Banobras, un adelanto de los recursos que se obtendrán en un año por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y que se descuenten a lo largo de la administración.

Estos recursos, explica, no representan un pasivo adicional ni serán utilizados en proyectos distintos a los contemplados en el FISE, sino que se tienen que utilizar en proyectos que cumplan las reglas de operación de dicho fondo y la fuente de pago del mecanismo con Banobras es el propio recurso que recibirá el estado.

“Es sólo un adelanto en los recursos que recibirá Colima del FISE, no es una deuda adicional de ninguna manera”.

Plazo de deuda heredada se amplía hasta 20 años

El Congreso autorizó también al Gobierno de Colima a reestructurar la deuda pública directa hasta por 3 mil 026 millones 319 mil  pesos, más los gastos y costos relacionados. 

Las deudas a reestructura fueron contratadas en los años 2008, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2020 con Banobras, Banorte, BBVA México, HSBC y Bansi; y los nuevos contratos podrán ser hasta por  20 años contados a partir de la primera disposición correspondiente. 

Al igual que en la adquisición de nueva deuda anteriormente señalada, los contratos de reestructuración de pasivos deberán concretarse durante 2022 y 2023. 

También los municipios contratan deuda 

Hoy también fueron aprobados dos dictámenes (75 y 76) para que los 10 ayuntamientos de Colima puedan contraer nueva deuda pública, misma que deberá pagarse mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal. 

Municipio                    Importe máximo en dictamen 75

Armería                        $22,252,296.00

Colima                          $46,374,122.00

Comala                         $24,451,337.00

Coquimatlán                 $18,282,016.00

Cuauhtémoc                 $11,095,816.00

Ixtlahuacán                   $11,412,846.00

Manzanillo                    $43,906,341.00

Minatitlán                      $14,635,714.00

Tecomán                       $78,687,948.00

Villa de Álvarez             $20,075,987.00

Total                              $291,174,423.00

Municipio                      Importe máximo en dictamen 76

Armería                         $15,364,982.25

Colima                           $91,708,559.81

Comala                          $15,248,253.19

Coquimatlán                  $12,350,220.98

Cuauhtémoc                  $17,924,779.52

Ixtlahuacán                    $16,398,037.05

Manzanillo                     $150,313,904.07

Minatitlán                       $17,210,088.58

Tecomán                        $50,252,573.79

Villa de Álvarez              $59,417,552.03

Los municipios deberán contratar el financiamiento a tasa fija y podrán negociar los términos y condiciones. Deberán formalizar el financiamiento en los ejercicios fiscales 2022 y 2023; y el pago total deberá concluirse antes de que comience la siguiente administración municipal.