Pinfra, empresa concesionaria de la caseta de Cuyutlán, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 11 denuncias por daño patrimonial a raíz de las manifestaciones en las que se permitió el paso libre a los vehículos.
Según esta empresa, interrumpir la operación de la caseta de peaje afecta su patrimonio en lo referente a bienes y derechos, y en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales De Comunicación este acto se establece como un motivo de sanción.
“La caseta y el tramo carretero se encuentran en la categoría de propiedad privada al servicio de los particulares; por lo que cualquier acción encaminada a interrumpir la operación para cobro de peaje constituye un delito por daño patrimonial”, argumentó Pinfra en un comunicado.
Las sanciones van de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 salarios mínimos, es decir, entre 8 mil 836 y 44 mil 180 pesos.
En marzo y abril pasados, la caseta fue liberada en al menos siete ocasiones por manifestantes, entre ellos integrantes del Consejo Nacional Ciudadano (Conaci) y del Movimiento Resistencia Social Pacífica.
Pinfra recibió el permiso para operar y conservar 37 kilómetros de la carretera Colima-Manzanillo por 30 años por la inversión de mil 700 millones de pesos en 1990, con la opción de renovar la concesión por un periodo adicional.